Más de dos millones de personas se manifiestan contra la reforma del sistema de pensiones. 

En 1982, el Gobierno de izquierdas del presidente François Mitterrand rebaja por decreto la edad legal de jubilación del régimen general desde los 65 a los 60 años. La derecha puso el grito en el cielo porque la esperanza de vida estaba subiendo. Pese al clima económico internacional dominado por el thatcherismo y el liberalismo salvaje de Reagan, que obligó también a Francia a planes de rigor, el país mantuvo el avance social. Demostró la viabilidad de su modelo, diseñado por el Consejo Nacional de la Resistencia en 1946, en el nuevo contexto de la globalización.

Las cuentas sociales de la caja de pensiones general (CNAV) se degradan por el incremento del paro (supera el 8%), que redujo la aportación en cotizaciones de activos, y por las sucesivas reducciones de cotizaciones patronales, supuestamente destinadas a facilitar la creación de empleo. El primer ministro socialista Michel Rocard (1988-1991) abre la caja de Pandora al afirmar que las causas demográficas (aumento de esperanza de vida y envejecimiento de la población) obligan a una única solución: alargar los periodos de cotización.

Por decreto, el primer ministro Edouard Balladur (de la conservadora RPR) instaura la obligación de los empleados del sector privado a cotizar 40 años, en lugar de 37,5. Opta por no tocar ni a los funcionarios (que siguieron en 37,5) ni a los beneficiarios de los llamados regímenes especiales, que pueden jubilarse a los 50 y 55 años. Los sindicatos no lograron movilizar a la población. Tras un nuevo proyecto de endurecimiento de la derecha en, 1995, puesto en jaque por la calle, en 2003 llegó la ‘Reforma Fillon': empezó a alinear a los funcionarios con la duración de las cotizaciones en el sector privado. Las huelgas lo obligaron a hacer concesiones. La promesa era que los regímenes alcanzarían el equilibrio y que habría más empleos para los veteranos. Nunca hubo equilibrio y la tasa de actividad de los veteranos nunca subió.

El presidente Nicolas Sarkozy nunca dijo en su programa presidencial que iba a endurecer el régimen general de pensiones, por lo que no fue elegido para el actual plan. Sí aseguró que iba a suprimir los regímenes especiales de bomberos, ferroviarios, artistas y empleados del gas, entre otras profesiones. En otoño de 2007 lo intentó, pero una serie de huelgas generales, y un país patas arriba, lo obligaron a efectuar tantas concesiones que su 'reforma' quedó vacía de contenido.

Aumentando de 60 a 62 años la edad legal de jubilación (lo que supone elevar de 65 a 67 años la edad que da derecho a una pensión completa), Nicolas Sarkozy conseguiría 20.000 millones de euros en las cajas, subsanando el déficit temporalmente. A tiempo para las elecciones de 2012. Pero, pasado ese efecto, el déficit volvería, excusa sin duda para una nueva 'reforma'. Especialistas de los sindicatos señalan que basta con aumentar un 0,3% la presión fiscal sobre bonus, dividendos y rentas del patrimonio para equilibrar el régimen general de forma duradera. 'Es una reforma para proteger la jubilación de los franceses. Es una medida de solidaridad', insistió ayer el ministro del Trabajo, Éric Woerth. Los cálculos del Frente de Izquierdas señalan que el actual proyecto de reforma de Sarkozy hace cargar el 92% del coste a los asalariados -en cuanto al nivel de pensiones que perderían- y sólo el 8% a las rentas del capital. 'Hay que mirar bien lo que está pasando en el extranjero. En Alemania, cuando usted ve que a la gente se le ha aplazado la jubilación hasta los 65 años, y que la tasa de empleo de la gente entre 60 y 65 años de edad sólo ronda el 20%, pues bien eso quiere decir que mucha gente se va a jubilar directamente como pobres', explicó ayer el portavoz del Partido Socialista, Benoît Hamon.