El Gobierno francés se parecía ayer bastante a una olla a presión al fuego. O a una olla de grillos. Depende. Olla a presión porque una nueva huelga, esta vez un paro de 24 horas de los funcionarios, vino de nuevo a acentuar la presión de la calle contra el equipo de Nicolas Sarkozy, precisamente cuando éste creía haber calmado el frente abierto con los ferroviarios hace ahora ocho días. Olla de grillos, porque las declaraciones de los diferentes miembros del Ejecutivo empiezan a ser notas discordantes.

Entre un 30% y un 60% de los empleados del sector público, maestros, profesores, enfermeras, médicos, administrativos, funcionarios de defensa y agentes municipales de la limpieza de toda Francia desertaron ayer de sus puestos de trabajo. Respondieron a la convocatoria de sus sindicatos para reivindicar aumentos de salarios y un cese de las supresiones de puestos de trabajo.

Las manifestaciones constituyeron un éxito considerable que el propio Gobierno tuvo que reconocer. Por boca del ministro de la Función Pública, Eric Woerth, admitió que la movilización era 'fuerte'.

Unas 70.000 personas se congregaron en París, pese al tiempo realmente detestable, en un cortejo inmenso en el que se escucharon los primeros 'Sarkozy dimisión', sin duda un poco precipitados. También se recordó bastante que en el mismo proyecto de presupuestos del 2008 que prevé invierno salarial para los funcionarios ha quedado escrito en letras de oro para la posteridad un incremento de sueldo de aproximadamente un 140% para el presidente de la República. De ese cortejo parisiense tuvo que escapar François Chérèque, secretario general del sindicato reformista CFDT, cuya directiva intentó el viernes desconvocar la huelga de ferroviarios que prosigue aún hoy. Un grupo de ferroviarios que se manifestaba con los funcionarios increpó copiosamente a Chérèque. Cuando la presión empezó a ser seria, el equipo de seguridad de Chérèque le aconsejó una rápida retirada.

Las reivindicaciones de los casi seis millones de empleados del sector público o parapúblico socava de manera frontal las bases mismas de la reforma ultraliberal planeada por Sarkozy para Francia. Por un lado, el Ejecutivo cuenta con congelar el salario de los cinco millones y pico de empleados públicos de Francia como palanca principal de esa contención de déficits que no consigue por otras vías, como por ejemplo la eficacia en la gestión.

Menos funcionarios

La segunda palanca es la supresión de puestos de funcionario. El Gobierno prevé suprimir casi 23.000 plazas de profesor, cartero, policía, administrativo o enfermera en 2008 mediante la técnica de no sustituir a uno de cada tres funcionarios jubilados. El ritmo de supresiones pasaría a ser mucho mayor a partir de 2009. Los sindicatos acusan al Gobierno de abrir la vía a la privatización de muchos sectores mediante ese reflujo del servicio público, especialmente en zonas rurales. Es un terreno de alto riesgo político para todos los hombres de Sarkozy, que ganaron las elecciones generales de la primavera pasada precisamente prometiendo más empleo, más poder adquisitivo y mejores servicios públicos.

De forma totalmente incomprensible, en el preciso instante en que el Gobierno señalaba que no acepta examinar el aumento de salarios de los empleados públicos, el ministro Woerth afirmaba a la radio pública que reconocía que los salarios son anormalmente 'bajos'. El paro de los funcionarios, como es costumbre en este país, fue ordenado, modosito y, de momento, de sólo 24 horas, a diferencia de lo que ocurre con los estudiantes y, sobre todo, los ferroviarios que entran hoy en su octavo día de huelga, acompañados por nuevas declaraciones de solidaridad.

Tras los estudiantes universitarios, que han incluido las reivindicaciones de los ferroviarios en su plataforma, ahora son los bachilleres. Unos diez institutos de secundaria han sido ocupados por los chavales con peticiones que incluyen la lista de exigencias de los universitarios.

Los sindicatos de ferroviarios y de transportes públicos de París se sentarán hoy a negociar con el Gobierno y sus empresas. No han accedido a ninguna -absolutamente ninguna- de las condiciones del Gobierno, que fueron hace unos días calificadas de sine qua non para ese diálogo.