VALÈNCIA.- Las heridas ocasionadas por la metralla estaban allí desde hacía casi ochenta años, marcando la fachada del consistorio como un macabro recordatorio. Hasta diciembre pasado, las huellas podían pasar desapercibidas. Ahora en cambio, una placa que dice formar parte de la ruta 'València en la memòria' las señala para que nadie se olvide de la importancia de aquellos hechos; para que las identifique como las trazas del bombardeo fascista sobre la ciudad que entonces era capital de la Segunda República Española, sede del Congreso de los Diputados y, posteriormente, lugar de celebración del II Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, con la participación de Pablo Neruda, Nicolás Guillén, Ernest Hemingway, Octavio Paz o André Malraux, entre otros.

Se trata de una de las iniciativas oficiales que el Ayuntamiento de València ha puesto en marcha para recuperar y poner en valor el patrimonio cultural e histórico ligado a la Guerra Civil en la ciudad. La ruta tendrá treinta puntos de parada, como el Palacio de los Borja, que fue sede de la Presidencia del Gobierno de Largo Caballero o en las Torres de Serrano, donde se almacenaron obras procedentes del Museo del Prado como el Dos de Mayo de Goya , el Cristo crucificado de Velázquez o la Venus de Tiziano, para protegerlas del asedio de Madrid.

Hasta ahora estas rutas eran cosa de colectivos sociales, amantes de la historia y defensores de los valores republicanos. El consistorio dirigido ahora por Joan Ribó les ha tomado ahora el relevo. José María Azkárraga, una de las personas que ha pasado años pegando carteles con información relacionada con la memoria histórica y códigos QR por los muros de la ciudad, valora que se trata de una "iniciativa interesante, que nosotros reclamábamos, sobre un periodo hasta ahora totalmente olvidado ".

"Cualquier propuesta para poner en valor este patrimonio, antes era rechazada de plano", explica Azkárraga, coautor del libro Ruta Republicana, que recuerda como grupos políticos como el PSPV o Izquierda Unida reclamaron en varias ocasiones, incluso con informes favorables del Consejo Valenciano de Cultura, la protección y apertura de refugios antiaéreos para hacer visitas. En la época de Rita Barberá, señala Azkárraga, toda idea en este sentido recibía como respuesta un "no", seguida de la excusa de que no era necesario "reabrir heridas". La retirada de símbolos asociados al franquismo corría la misma suerte.

Símbolos derruidos y actos de reparación

Ahora, sin embargo, el escudo preconstitucional que presidía la entrada principal de la escuela pública de Infantil y Primaria Teodoro Llorente ya no está. Cayó el pasado 5 de enero. Junto con el de la escuela Padre Manjón, el emblema franquista era uno de los símbolos fascistas que aún pervivían en la ciudad y a la retirada de los cuales la ex alcaldesa Rita Barberá se opuso reiterada y firmemente. Tanto, que la causa contra la ex dirigente del PP por negarse a cumplir con la Ley de la Memoria Histórica llegó hasta el Tribunal Supremo, órgano que finalmente la archivó. Una parroquia y tres cuarteles de la Guardia Civil mantienen todavía visibles escudos que incumplen la ley, debido a  la parálisis del Arzobispado y del Ministerio del Interior.

En el Ayuntamiento de València también se puede ver una placa de la ruta memorialística. LAURA L. DAVID

La familia de Teófilo Alcorisa, también tuvo que esperar más de seis años para poder exhumar el cadáver de este represaliado por la dictadura. Finalmente lo encontraron. Estaba en el punto exacto del Cementerio Civil de Valencia donde estimaban sus descendientes, que a pesar de recibir la subvención que les correspondía en virtud del cumplimiento de la Ley de Memoria Historica de 2009, tuvieron que volver por la negativa de la ex alcaldesa Barberá a autorizar los trabajos, alegando dificultades técnicas peregrinas que al final se demostraron falsas.

"Rita Barberá estuvo actuando con sus propios filtros ideológicos sobre una familia que lo único que pedía era ejercer sus derechos", valora Matías Alonso, miembro del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica. Barberá quería obligar a pagar los 45.000 euros en que estimó el coste de la exhumación a la familia, que sufrió el riesgo de ser desahuciada. Sólo cuando,  en el año 2013, el grupo de desapariciones forzosas de la ONU se interesó por el caso Alcorisa, Barberá empezó a aflojar. Joan Ribó entregó los restos de Alcorisa a su familia en abril de 2016, 70 años después de que "lo desaparecieran". Se encontraban en el cuadro 1, fila 3, letra F del cementerio municipal, tal y como la familia sabía desde 2009. Los trabajos necesarios, finalmente, los sufragó el consistorio.

La lucha se encuentra, todavía, en las calles

València tiene aún pendiente el cambio de nombres de calles asociados al franquismo. Para grupos políticos como Izquierda Unida -que quedó fuera de la corporación- la decisión ya se está retrasando demasiado, apelando a una "participación ciudadana" que consideran una "tomadura de pelo". En el Consistorio aseguran que querrían hacerlo "más pronto que tarde", pero buscando las "máximas garantías posibles" y teniendo el informe favorable previo de la Comisión de Cultura. "Se trata de cumplir la ley y si hay alguien que quiere incumplirla, deberá explicar por qué", explican horas después de que un juez haya dado la razón al PP de Alacant. El partido derechista había recurrido en contra del cambio en el nomenclátor alicantino impulsado por el equipo de gobierno.

El Ayuntamiento gobernado por el PSPV-Compromís-Guanyar cambió placas vinculadas al franquismo, como la de la plaza de la "División Azul", por otras como, por ejemplo, la de la calle de "Las 27 constituyentes", en homenaje al grupo de diputadas que obtuvieron escaño en las Cortes de Madrid a raíz de las elecciones del 1977. El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Alacant considera que el cambio se ha hecho "de manera precipitada e inmotivada" y ha obligado a reponer las placas con referentes fascistas.

Cabalcada de la infantesa

Pero es el apoyo consistorial a otro acto ligado a la República lo que más reacciones ultramontanas ha provocado. Este domingo se celebra por segundo año consecutivo la Cabalcada de la infantesa, que llevará de nuevo las Magas de Enero hasta el balcón del Ayuntamiento. En 2016, contra la celebración del evento se levantó una crítica feroz y beligerante desde el PP y otros grupúsculos ultraderechistas a la que se sumó el grueso de medios de comunicación. Un totum revolutum desinformado y con un marcado trasfondo machista llenó páginas y tertulias de bar durante aquellos días, ligando el desfile valenciano a los vestidos de la polémica de la alcaldesa madrileña Manuela Carmena o, incluso, asegurando que Ribó había sustituido la cabalgata de los Reyes Magos por la de las tres mujeres republicanas.

Lejos de querer atizar la polémica, Cristina Escrivà, historiadora y una de las promotoras del acto, explica que su intención era recordar la "única cabalgata que se hizo en España en tiempos de guerra para ofrecer a los niños refugiados un momento de alegría ". Precisamente, el año que Valencia era capital de la República y, como principal ciudad de la retaguardia, recibió a miles y miles de niños expulsados ​​de sus casas de Madrid, Castilla y otras partes del Estado. El Gobierno se instaló en noviembre de 1936 y, desde entonces, partidos políticos y sindicatos comenzaron a trabajar en una cabalgata para homenajear a la niñez. "Se organizó una recogida de juguetes con el apoyo económico del Ministerio de Instrucción Pública, el mundo fallero se volcó", detalla emocionada Escrivà.

A la fiesta de aquel 7 de enero, acudieron más de 5.000 niños refugiados interiores. "Han pasado 80 años y por desgracia las guerras continúan", lamenta Escrivà cuando hablamos del drama de los refugiados actuales. "No queremos rememorar aquella fiesta punto por punto, pero sí queremos que no se olvide aquella complicidad, solidaridad y ganas de ayudar de la gente movida por valores que no son comerciales. Es una fiesta que se mira en el pasado para mejorar el futuro ", concluye Escrivà.