Un soborno de 5.000 ó 6.000 euros y la colocación de un conocido en la empresa Vendex, investigada por el diseño de un completísimo sistema de mordidas a políticos y funcionarios para conseguir contratos públicos. Ésos son los hechos -constitutivos de los delitos de cohecho y tráfico de influencias- que la jueza instructora de la operación Pokemon, Pilar de Lara -respaldada por el fiscal jefe de Lugo-, quiere que el Tribunal Supremo investigue en la persona de José Manuel Barreiro, portavoz del PP en el Senado, presidente del PP de Lugo y exvicepresidente de la Xunta de Galicia con Manuel Fraga. Así lo hace constar De Lara en una exposición razonada que ha elevado al Alto Tribunal esta semana, a la que ha tenido acceso Público, y en la que la jueza pide la imputación de Barreiro.

El portavoz conservador, que niega los hechos que se le imputan, es un acompañante fijo del presidente del Gobierno en sus visitas a Galicia y en sus comparecencias en el Senado, por lo que la trayectoria de este caso está siendo seguida con mucha preocupación en las filas del Partido Popular. Si se produce, la imputación de su portavoz en la Cámara Alta por el Supremo llegaría en el peor momento para el partido del Gobierno, muy tocado con los casos de la tarjetas opacas de Caja Madrid y la crisis del ébola y a las puertas de unas elecciones autonómicas y municipales. El PP de Galicia (PPdeG) es partidario de que sus diputados o dirigentes imputados, como mínimo, pongan sus cargos a disposición de la dirección conservadora.

En su exposición, De Lara considera probado mediante las declaraciones de los directivos de Vendex, los seguimientos de los agentes de Vigilancia Aduanera o los pinchazos telefónicos que Barreiro (El Chino o El Oriental para la trama corrupta) cobró de Véndex 5.000 ó 6.000 euros por intermediar para lograr contratos públicos a la misma empresa. Además, el dirigente del PP habría enchufado a un conocido de Antas de Ulla (Lugo) en Véndex, según el escrito de De Lara.

La jueza, además y después de examinar las cuentas del PP remitidas al juzgado de Instrucción núm. 1 de Lugo, concluye que el pago de los 5.000 euros o más se le habría hecho a Barreiro 'a título particular', ya que no hay ni rastro del dinero en la citada documentación.