La directora general del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), Ana Gomendio López de Asiasín, ha declarado hoy ante el juez como imputada por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por la venta de casi 3.000 viviendas públicas al fondo de inversión privado -conocidos como fondos buitres- Goldman Sachs-Azora.

Acompañada por su abogado, Gomendio ha acudido a los juzgados ordinarios de Plaza de Castilla y ha defendido la legalidad de la operación, aunque no ha explicado la razón por la que se vendieron los pisos, propiedad del IVIMA, por un precio inferior al que costó construirlas.

El juicio es consecuencia de una querella presentada por el Partido Socialista de Madrid, a la que se sumó la reciente Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA y otras plataformas de afectados, ya que la operación se llevó a cabo con los inquilinos dentro de las viviendas, 'sin respetar sus derechos como adjudicatarios', explican los afectados, que añaden que las consecuencias que les ha acarreado este forzado cambio de casero han sido 'reducciones en el pago de la renta de familias con dificultades económicas, gastos del IBI , comunidad y sobre todo las cartas amenazadoras anunciando futuros desahucios'.

Tras declarar casi dos horas, la máxima responsable del IVIMA ha abandonado las dependencias judicial por la puerta principal, donde la esperaban medio centenar de afectados. Escoltada por varios agentes de la Policía Municipal hasta su vehículo, la directora ha sido increpada al grito de 'estafadora' y 'terrorista', entre otros insultos.

Poco antes de que se iniciara su comparecencia judicial, el portavoz de una de las asociaciones de afectados, Enrique Villalobos, se quejaba de que el IVIMA podría dejar a casi 2.000 familias en la calle.

Fuentes jurídicas han señalado que en la declaración Gomendio ha señalado que cuando llegó a la Dirección General del IVIMA el proceso de licitación había sido ya iniciado por su predecesor Juan Van-Halen y ha añadido que desconocía los trámites previos que se realizaron. Van-Halen es actualmente director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo

El abogado Raúl Maíllo, de una de las asociación de vecinos afectados, ha destacado que la directora no ha explicado por qué la venta se realizó por debajo de los precios del mercado y por qué se realizó cuando era innecesaria.

Desde la Comunidad de Madrid han señalado que esperan el archivo de la causa, dado que se han seguido todos los trámites legales. En este sentido, han destacado la transparencia del proceso de licitación al publicitarse por todos los medios y anunciarse en el Consejo de Gobierno.

'La venta se hizo con un 20% más del presupuesto de licitación que realizó una tasadora. El presupuesto era de 169 millones de euros y la venta se realizó por 201 millones de euros', han señalado las mismas fuentes, que han agregado que existen 'las mismas condiciones que se estipularon en el contrato'.

Con motivo de las alusiones a Van-Halen, las acusaciones particulares han señalado que solicitarán al juez de Instrucción número 48 de Madrid que le cite a declarar para que explique el proceso de licitación. También han pedido que se realice un informe pericial que cuantifique el valor real de la venta de las viviendas.

Las promociones objeto de la venta se encuentran en Arroyomolinos, Collado Villalba, Leganés, Madrid, Majadahonda, Móstoles, Navalcarnero, Parla, Tielmes, Torrejón de Ardoz y Valdemoro, y suman un total de 2.935 viviendas, 2.849 plazas de garaje y 1.865 trasteros, además de otras 235 plazas de garaje y 45 locales no vinculados a las viviendas, regulados todos ellos según características de promoción pública.