Los Secretarios Generales de UGT y CCOO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, han remitido sendas cartas al Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y al Presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes Serrano, en las que denuncian el aumento de procedimientos penales contra trabajadores y representantes sindicales, derivados del ejercicio del derecho de huelga, en los que el Ministerio Fiscal solicita, como regla general, penas privativas de libertad 'excesivas y desproporcionadas', proponiendo condenas, que en algunos casos, superan los tres años de prisión, 'a pesar de que en general, no existen fenómenos de violencia, ni se menoscaban bienes jurídicos relevantes'. 

Esta es la primera actuación conjunta de ambos sindicatos mayoritarios tras llevar a cabo un seguimiento de los procesos penales y sanciones administrativas contra sus cargos y afiliados, que están siendo juzgados durante los últimos meses a pesar de que muchos de ellos tuvieron lugar en 2010, durante la huelga general contra la reforma laboral del Gobierno de Zapatero.

En el contenido de las cartas, ambos sindicatos señalan que 'se está utilizando como agravante de responsabilidad penal el ejercicio del derecho de huelga y reclaman que se preserve el derecho fundamental de libertad sindical y de huelga', y que 'se aclaren los criterios de intervención de la Fiscalía a la hora de formular estas acusaciones, ya que el derecho de huelga es parte esencial de los derechos fundamentales y libertades públicas que rigen nuestro Estado social y de derecho'. El Ministerio Público está solicitando más de cien años de cárcel para los piquetes de las huelgas generales, con penas individuales que sobrepasan los tres años.

CCOO y UGT advierten, asimismo, de que cuando se trata de la protección del Derecho al Trabajo contra ataques a las condiciones de trabajo y los derechos de los trabajadores no se actúa con el mismo celo desde las instituciones. En los últimos días, expertos como Antion Baylos, Catedrático del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad de Castilla- La Mancha, declaraba a Público que el Real Decreto sobre las Relaciones de Trabajo que aprobó Adolfo Suárez en 1977, 'buscaba seguir reservándose la posibilidad de enjuiciar penalmente a los sindicalistas más activos y movilizadores tras haberse visto obligado a reconocer el derecho de huelga', y añadía que el decreto 'guardaba cierta funcionalidad antisindical'.

Carta de UGT y CCOO al Fiscal General del Estado