El presidente del Gobierno se ha mostrado conforme con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre la ley hipotecaria y ha confirmado brevemente a los periodistas en Bruselas lo que adelantó su ministro de Justicia esta mañana: el dictamen europeo se cumplirá aprovechando que hay una tramitación de un decreto en el Congreso sobre este asunto para incorporar los cambios, que son, según Mariano Rajoy, problemas de procedimiento que serán analizados por los servicios jurídicos del Estado para subsanarse cuanto antes. 'Aprovechando que ahora hay una tramitación de un real decreto ley sobre desahucios en el Congreso para mejorar la situación, procuraremos adecuarlo a lo que allí se nos pide', ha indicado literalmente.

Mariano Rajoy ha evitado pronunciarse sobre la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) apoyada en enero por todos los grupos parlamentarios -incluido el PP en el último momento- y que, aunque debería haberse tramitado por la vía de urgencia, sigue en proceso. Esta ILP, presentada por la Plataforma Anti Desahucios, solicita la dación en pago de forma retroactiva, la paralización de los desahucios y el alquiler social. Sin embargo, el Gobierno seguirá buscando resolver estos conflictos por la vía de la 'conciliación', de la que informó ayer el presidente en el Congreso; incluso tras conocerse hoy la sentencia de Estrasburgo, insisten fuentes del Ejecutivo.

El Grupo Parlamentario Popular ha ido un paso más allá que el presidente y, aunque tampoco ha mencionado su disponibilidad a  la dación en pago, ha garantizado que la ley se reformará para evitar que una persona que haya denunciado cláusulas abusivas en su préstamo pierda su vivienda antes de que la Justicia se haya pronunciado. El mensaje del Ejecutivo conservador es unánime: el fallo europeo no cuestiona el sistema hipotecario en su totalidad, sino que insta a su mejora en algunos aspectos.