Una tomadura de pelo. Esta ha sido la sensación que han tenido los vecinos de las viviendas sociales, que el Ayuntamiento de Madrid trató de vender sin éxito a Renta Corporación por 21 millones de euros, cuando han recibido vía postal la oferta del Consistorio madrileño para que los inquilinos se hagan con la propiedad de las casas que ocupan en régimen de alquiler social durante más de 20 años. El motivo: el precio de venta es el mismo que el ofrecido a la inmobiliaria de la que el marido de Cospedal es consejero. Es decir, entre los 100.000 euros, la más barata, y los 224.000 euros la vivienda más cara.

“Nos están pidiendo una cantidad de dinero por hacernos con nuestras viviendas que si la tuviéramos no estaríamos viviendo en viviendas de alquiler social”, asegura a Público Salvador Martí, portavoz de la plataforma Yo no me voy, creada por los vecinos afectados. “Estas cartas, que supuestamente albergan una oferta, las interpretamos como un acoso”, agrega Martí.

Ana Botella se comprometió en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid del pasado 19 de diciembre a ofrecer las casas a los inquilinos tras el frustrado intento de vender cinco edificios de viviendas a la empresa Renta Corporación por valor de 21 millón de euros. En aquel momento, ni la alcadesa ni la Empresa Municipal de Suelo dieron más detalles sobre qué forma adoptaría este ofrecimiento.

“Nuestra intención de vender sigue vigente pero le he pedido a la delegada de urbanismo que continúe adelante con la venta y proceda a ofrecer estas viviendas a sus actuales inquilinos para que las ocupen en propiedad si así lo desean”, afirmó Ana Botella.

El Ayuntamiento reclama a los vecinos el valor de la vivienda a precio de mercado

Estas dudas fueron despejadas en el día de ayer por el Ayuntamiento con el envío de la carta. La EMV reclama a los vecinos el precio de mercado. Para muestra, un botón. El Consistorio pide por una vivienda situada en la calle Embajadores, de 65 metros cuadrados, la cantidad de 159.750 euros, es decir, a 2.457 euros el metro cuadrado. Por contra, una vivienda situada en la misma calle (Embajadores) es ofrecida en el portal inmobiliario Idealista por la cantidad de 2.392 euros el metro cuadrado. Una cantidad prácticamente idéntica.

No obstante, más allá del desproporcionado precio de compra a juicio de los vecinos, los inquilinos se muestran indignados por las condiciones de la misma. La misiva del Consistorio detalla que el “precio total de la vivienda, incluido impuestos, deberá ser abonado en el momento de la firma de la escritura” otorgando un plazo de 45 días a los vecinos para hacer efectiva esta compra.

“La mayoría de los vecinos son personas de más de 80 años, muchas de ellas, viven solas, otros son desempleados o con una renta muy baja. ¿Cómo vamos a hacer frente a ese gasto? ¿Quién nos va a dar una hipoteca?”, denuncia Martí.

'La oferta del Ayuntamiento se sitúa al margen de la legalidad', asegura el abogado Zulueta

Asimismo, los vecinos denuncian que la actuación del Ayuntamiento y de la EMV en este tema está llena de contradicciones. Así, Martí denuncia que los vecinos que recibieron una carta notificando el fin de su contrato y que no están recibiendo los recibos de pago del alquiler pese a estar abonando la cantidad del mismo, han recibido también esta oferta de compra. “No se puede entender la actitud del Ayuntamiento. Van de un lado para otro y ya no sabemos que será la próximo”, asegura Martí, que se pregunta qué pasará cuando transcurra el plazo de 45 días y no hayan podido efectuar la compra de su vivienda

En este sentido, un portavoz de la EMV, en declaraciones a Cadena Ser Madrid, ha asegurado que los vecinos que no puedan efectuar la compra de la vivienda continuarán con el régimen de alquiler que hasta ahora disfrutaban tras una nueva evaluación de sus circunstancias y condiciones. Estas declaraciones son acogidas con reservas por los vecinos, que consideran que la política del ayuntamiento ha dado “demasiados bandazos” como para confiar en sus palabras.

Por último, el abogado defensor de los inquilinos, Endika Zulueta, ha asegurado, en declaraciones a Público, que la oferta realizada por el Ayuntamiento se sitúa “al margen de la legalidad” considerándola como una “forma más de coaccionar a los vecinos” para que abandonen sus viviendas.