El Gobierno ha justificado la supresión de las ayudas económicas de la Ley de Memoria Histórica alegando que, en el actual contexto de disciplina presupuestaria, había que dar prioridad y, al fin y al cabo, estos programas habían repartido 25 millones de euros a lo largo de seis años. Así lo ha explicado en el Congreso el subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Jaime Pérez Renovales, quien ha resaltado que, en cualquier caso, en el futuro podrán volver a convocarse estas ayudas si hay recursos y 'si así se decide' por parte del Gobierno.

En su comparecencia ante a Comisión de Presupuestos del Congreso, Pérez Renovales ha explicado que la partida para ayudas derivada de la Ley de Memoria Histórica que promovió en su día el Gobierno socialista ya había sufrido una rebaja del 60% en los presupuestos del presente año, destinando íntegramente ese dinero a la exhumación de fosas del franquismo y la Guerra Civil. Para 2013, lo que se ha decidido es dejar a cero la citada partida presupuestaria, aunque la Ley de Memoria Histórica sigue en vigor y queda abierta la puerta a convocar nuevas ayudas en el futuro, cuando haya disponibilidad de crédito y si así se acuerda.

Según ha explicado, en el contexto actual había que elegir prioridades y el Gobierno ha entendido que durante seis años, entre 2006 y 2011, hubo seis años en los que se han podido sufragar proyectos relacionados con la Memoria Histórica por un montante global de 25 millones. Eso sí, Pérez Renovales ha negado que esta decisión se deba a motivos ideológicos y ha insistido en que el Ministerio de la Presidencia ha aplicado los mismos criterios de contención del gasto y de ajuste en el resto de sus partidas presupuestaria. Como ejemplo ha citado los gastos protocolarios, que han caído un 68%. 'Es un ejercicio de disciplina presupuestaria y de contención del gasto', ha insistido.