Ocultar a la Agencia Tributaria los bienes, valores, derechos o activos situados en el extranjero de los que se sea titular, beneficiario o se figure como autorizado, puede acarrear una multa de hasta 10.000 euros. Además, se sancionará con 5.000 euros extra por cada dato omitido que se descubra. Estas son algunas de las líneas maestras del proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal que ha aprobado este viernes el Consejo de Ministros, y que fue anunciado en enero, si bien algunos de sus detalles, como la limitación del pago en efectivo a 2.500 euros, fueron avanzados, primero, por el propio presidente del Gobierno en un pleno en el Congreso de los Diputados y, después, tras la reunión ministerial del 13 de abril. La número dos del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, ha sido la encargada de presentar este plan, que también contempla la no prescripción de las ganancias no declaradas de inversiones realizadas fuera de España.

En este sentido, ha asegurado que el Gobierno espera recaudar con este plan una cifra similar a la que barajaba el pasado enero, cuando Sáenz de Santamaría anunció la voluntad del titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, de plantar cara a la evasión de impuestos. En aquel momento, se dijo que el objetivo del Gobierno era recaudar 8.171,7 millones de euros. Una cantidad que contrasta con la obtenida en el ejercicio anterior por parte de la Agencia Tributaria, que ingresó 10.400 millones de euros. 'No vamos a dar una cifra diferente a la que dimos en su momento, aunque no le ocultaré que con todo este conjunto de medidas de lo que se trata es de ampliar las bases impositivas, esto es, que declare más gente, que más gente cumpla con sus impuestos para poder, a partir de ahí, recaudar más', ha aseverado tras ser preguntada por este asunto.

El proyecto contempla, asimismo, que Hacienda pueda adoptar medidas cautelares y embargar de forma preventiva a los sospechosos de haber cometido delito fiscal. Una medida que, según ha explicado la vicepresidenta, tiene como objetivo evitar que los contribuyentes investigados por una posible evasión de impuestos aprovechen para sacar sus bienes del país mientras la Agencia Tributaria realiza los trámites para llevarlos ante el juez.

Otra de las novedades respecto al texto anterior es que además de incluirse todo tipo de títulos, activos y cuentas en entidades financieras, así como valores o seguros de vida, también afectará a bienes inmuebles. Además, las rentas descubiertas que no hayan sido declaradas se imputarán al último periodo impositivo de entre los no prescritos. También se amplía su ámbito de aplicación respecto al contenido anterior, ya que no sólo afectará a la titularidad, sino también a la tenencia y adquisición de bienes o derechos no incluidos en la declaración informativa.

Por otro lado, la vicepresidenta no ha aclarado si el Gobierno subirá o no el IVA y se ha limitado a decir que, en España, 'se tiene que acabar con el con IVA y el sin IVA', porque, ha dicho, esto es algo que 'nos perjudica a todos'. Así, ha vuelto a insistir en la necesidad de luchar contra la evasión fiscal: 'Hacienda no es que seamos todos, es que además Hacienda son nuestros servicios públicos, es nuestra educación, es nuestra sanidad, y el que va por la vida de sin IVA está defraudando a la sociedad en su conjunto. Eso tenemos que acabar con ello', ha dicho. La posible subida del impuesto al consumo, a la que ha instado la Comisión Europea, queda en espera una semana más. No obstante, el pasado uno de junio, el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de ese viernes, aseguró que no recordaba cuándo el Gobierno había anunciado que subiría este impuesto. Sin embargo, en privado, fuentes del Gobierno afirmaron en aquel momento que subir este tributo 'no es una buena solución en tiempos de crisis', pero que 'todo dependería de la situación económica, de si España crece o no'.