La sala de lo penal del Tribunal Supremo no ha llegado a ninguna decisión durante la reunión celebrada este miércoles para estudiar a qué órgano judicial le corresponde decidir sobre las exhumaciones de las fosas del franquismo y seguirá deliberando sobre el asunto la próxima semana.

Así lo han informado fuentes del alto tribunal, que han señalado que los cinco magistrados de la sala han estado reunidos esta mañana durante aproximadamente cuarenta y cinco minutos en una deliberación convocada para tratar la cuestión de competencia planteada por el juez Baltasar Garzón en 2009.

En las deliberaciones han participado los magistrados Juan Saavedra (presidente), Andrés Martínez Arrieta, Luciano Varela, Perfecto Andrés Ibáñez (ponente), y Miguel Colmenero. Los dos últimos formaron parte también del tribunal que juzgó a Garzón en la causa de la Memoria Histórica.

Garzón solicitó al alto tribunal que decidiera qué órgano judicial debe asumir la causa de las exhumaciones después de que el 29 de mayo de 2009 el Juzgado de Instrucción número 3 de Granada se declarara incompetente para ordenar la apertura de la fosa donde supuestamente yacían los restos del poeta Federico García Lorca. Igualmente, en julio de ese año, el Juzgado de Instrucción número 2 de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) decidió no aceptar la inhibición planteada por Garzón para realizar la exhumación de los restos mortales depositados en el Valle de los Caídos.

El Supremo, que aplazó su decisión hasta resolver la causa abierta a Garzón por investigar los crímenes del franquismo y la Guerra Civil (en la que finalmente ha sido absuelto), acumuló las dos cuestiones de competencia planteadas por el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

La sentencia que el pasado 27 de febrero absolvió a Garzón de prevaricción ya avanzó entre sus argumentos que la pretensión de las víctimas del franquismo, 'legítima en su planteamiento de demanda de tutela', no podía ser atendida por el juez, porque 'el derecho a conocer la verdad histórica no forma parte del proceso penal'. 'La búsqueda de la verdad es una pretensión tan legítima como necesaria. Corresponde al Estado a través de otros organismos y debe contar con el concurso de todas las disciplinas y profesiones, especialmente a los historiadores. Pero no corresponde al juez de instrucción', concluyeron los magistrados.

En noviembre de 2008 Garzón se inhibió en la causa del franquismo en favor de los juzgados territoriales, aunque los de Granada y El Escorial rechazaron en 2009 su competencia y devolvieron la causa a la Audiencia Nacional. Tras esa decisión, Baltasar Garzón planteó las cuestiones de competencia al TS, que será quien deba decidir cuál es el papel de los órganos judiciales en las exhumaciones de fosas.