Más de 300 urnas repartidas por distintos barrios y municipios de Madrid han recogido la votación popular organizada por una plataforma con ayuda del movimiento 15-M sobre la privatización del agua potable en la región.

La Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II lanzaba la siguiente pregunta a los madrileños, que tenían que responder con un sí o un no: '¿Está de acuerdo con que el Canal de Isabel II siga siendo 100% público?'. La plataforma -constituida por diferentes asociaciones medioambientales, partidos políticos, sindicatos, asociaciones de vecinos y diferentes movimientos sociales- cuenta con la colaboración de numerosas asambleas populares de barrios y pueblos de Madrid del 15-M, que consensuaron en asamblea conjunta celebrar esta consulta.

La Comunidad de Madrid anunció la decisión unilateral de privatizar el 49% del Canal

Durante esta semana, la plataforma ha anunciado la puesta en marcha de una campaña de información a los ciudadanos sobre este proceso de privatización y las razones por las que consideran que el Canal de Isabel II debe seguir siendo del todo público. El Gobierno madrileño ha anunciado la decisión unilateral del PP de privatizar el 49% del Canal, una empresa pública que proporciona unos ingresos anuales de más de 100 millones de euros a las arcas públicas madrileñas.

El polémico anuncio provocó la inmediata movilización de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), de Ecologistas en Acción, del comité de empresa del Canal, de CCOO, de Acción en Red, de IU, de Izquierda Anticapitalista y de CECU, entre otros, que decidieron sumar fuerzas para constituir la plataforma. Desde su constitución, ha convocado cerca de 160 actos públicos a los que han asistido en torno a 6.000 personas, ha convocado tres manifestaciones y han recogido 35.000 firmas contra la privatización de la empresa pública.

Unos 30 municipios se han negado a firmar el convenio por contener 'cláusulas abusivas'  

De igual modo, ha logrado que más de una treintena de municipios, muchos de ellos gobernados por el PP, se nieguen a firmar el convenio con la nueva empresa por contener 'cláusulas abusivas' que favorecen a los grandes municipios en detrimento de los pequeños y, por último, que siete ayuntamientos que representan a más de 500.000 electores (San Fernando de Henares, Leganés, Fuenlabrada, Rivas-Vaciamadrid, Getafe, Coslada y Colmenarejo) presentaran una Iniciativa Legislativa Municipal (ILM) que obliga a la Asamblea de Madrid a someter a debate el proceso de privatización.

La plataforma asevera que la privatización del Canal 'no se justifica desde el punto de vista técnico', pues esta entidad lleva 150 años dando a los madrileños 'un servicio de calidad', ni desde el punto de vista económico. Además, han apuntado a que la privatización produciría 'un encarecimiento del servicio y del agua', así como 'una disminución de la calidad', que han argumentado el régimen de monopolio en el suministro.

La privatización causaría 'daños medioambientales muy importantes'

Por último, han criticado que la privatización causaría 'daños medioambientales muy importantes', pues han razonado que 'una empresa privada no promoverá campañas de ahorro', al ir 'contra el espíritu de cualquier empresa privada, lo que a medio plazo dispararía el consumo'.

'Recordemos que España es un país en donde los procesos de sequía son cíclicos y, por tanto, son necesarias las campañas periódicas de promoción del ahorro de un bien indispensable para la vida de, absolutamente, todos los seres del planeta, de un bien que no se produce y que tiene una demanda rígida', han aseverado, rematando finalmente que 'procesos como éste persiguen privatizar los beneficios y socializar las pérdidas'.

Asimismo, han recordado que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU 'definió con claridad el carácter público del agua, como un producto básico considerado fundamental para la vida y la salud', y que en Italia se llegó a realizar un referéndum vinculante sobre la privatización del agua. 'Sin embargo, en Madrid aún no se ha realizado siquiera una consulta a la ciudadanía ante una decisión nunca contemplada en el programa electoral. Ahora es el momento', han concluido.