La sentencia que condena a Baltasar Garzón y le expulsa de la carrera judicial cayó ayer como una bomba entre los juristas progresistas. Pero era una bomba que se sabía inexorable, más allá del juicio y de la ley. 'Es la crónica de una muerte anunciada', subrayó el catedrático de Derecho Penal Hernán Hormazábal.

'Es una sentencia innecesariamente larga, con una exuberante cita de doctrina jurisprudencial, pero con un problema muy perturbador para el sistema: se le dice a los jueces que la interpretación de la jurisprudencia puede dar lugar a prevaricación', advierte José Antonio Martín Pallín, exmagistrado del Supremo.

Varios expertos temen los efectos sobre instrucciones en marcha

El efecto pernicioso que esta condena puede tener para el trabajo cotidiano de los magistrados es precisamente uno de los aspectos más subrayados por los juristas consultados por Público, que coinciden en calificarla de 'increíble': 'Lo que hay aquí es un mensaje para todos los jueces: cuidado con lo que hacéis porque si os saltáis el guión os arriesgáis a que se os considere prevaricadores', advierte Jaume Asens, de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona, quien considera que la sentencia, aunque emane del Alto Tribunal, es 'un ataque a la independencia de los jueces'.

'Se consolida una doble vara de medir en Derecho Penal. Una, exquisita para los amigos y la otra, durísima para los adversarios', agrega Asens, que considera 'un sarcasmo' que se utilice como 'excusa' el derecho fundamental a la defensa para liquidar la carrera judicial de Garzón.

Vinculan la condena al impacto internacional de la causa de la memoria

'Lo que los jueces del Supremo han dejado claro es que es un peligro investigar a los poderosos. Y lo que ya es el colmo es que la sentencia coin-cida además con que el Poder Judicial esté investigando al juez que instruye la causa de Iñaki Urdangarin', concluye.

También Cristina Almeida mostró específicamente su indignación por el hecho de que se haya condenado a Garzón por atropellar un derecho fundamental como el de defensa: 'Se ha buscado dar apariencia de juridicidad, como si realmente estuvieran preocupados por el derecho de defensa', apunta la abogada.

Y añade, indignada: 'Bajo la capa de la protección de derechos fundamentales, lo que se acaba defendiendo es la posibilidad de delinquir de unos sinvergüenzas'. 'Yo y muchos otros luchamos por el derecho de defensa como no lo hizo ninguno de estos magistrados del Supremo, pero ello no tiene nada que ver con aprovecharse de la condición de abogado para ayudar a delinquir', concluye.

Human Rights Watch atribuye la sentencia a 'represalias'

Los efectos en el día a día, advierte por su parte el abogado Gonzalo Boye, empezarán a notarse inmediatamente en las investigaciones que tienen en marcha muchos jueces: 'El Supremo ha sentado un precedente del que se puede arrepentir muy pronto, habida cuenta la gran cantidad de actuaciones que se realizan a diario en muchos juzgados de España', recalca.

Por su parte, Mercedes García Arán, catedrática de Derecho Penal de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), insiste en que no se aportan razones jurídicas que justifiquen la condena: 'Por mucho esfuerzo que se haga, es evidente que no logra sostenerse la acusación de prevaricación', apunta.

'La prevaricación sólo es posible cuando la actuación del juez es completamente insostenible, sin ninguna posible explicación jurídica. Es evidente que nunca puede darse este supuesto cuando la misma decisión ha sido avalada después por otro juez instructor [Antonio Pedreira], por la Fiscalía y por un magistrado en un voto particular y sólo se persigue a uno de ellos', insiste García Arán.

Hormazábal, también catedrático de Derecho Penal, aporta el mismo argumento que su colega. Y añade la característica de la 'contaminación increíble, con jueces que juzgan mientras instruyen causas contra la misma persona' para concluir que en este caso, la redacción concreta de la sentencia es casi lo de menos: 'Es exactamente lo que esperaba todo el mundo: un sinsentido que no tiene ni pies ni cabeza, pero que no ha sorprendido a nadie'.

La mayoría de los juristas consultados coinciden en un punto: el juicio por las escuchas de la Gürtel debía acabar sí o sí en condena, más allá de los argumentos jurídicos, porque expulsar a Garzón de la magistratura por la causa del franquismo comportaría un 'escándalo internacional'. 'De las tres causas simultáneas, esta es la que tenía más posibilidades de construir una sentencia condenatoria más técnica, aunque no haya rastro jurídico de prevaricación', apunta García Arán.

'El Supremo necesitaba una sentencia condenatoria antes de la causa de la memoria histórica y, aunque está completamente fuera de lugar, la de las escuchas es la única que tenía posibilidades de construirse desde el punto de vista técnico', le secunda Hormazábal.

Reed Brody, el observador que Human Rights Watch ha desplazado a Madrid para seguir los juicios, se alineó con la interpretación de la causa única para apartar al magistrado, con tres patas formales: 'Los enemigos de Garzón lograron su objetivo. Ante la acumulación simultánea de acusaciones contra Garzón, subsiste el temor de que haya sido objeto de represalias por su actuación en varios casos controvertidos'.