Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres, ambos ya imputados, podrían afrontar una fianza civil solidaria de en torno a tres millones, según fuentes jurídicas conocedoras del caso pero ajenas a la investigación. Aquí, la caución no se impondría para evitar la cárcel (fianza penal) sino en garantía (fianza civil) de las eventuales responsabilidades económicas que les fueran exigibles tras un juicio. La cifra aproximada de tres millones, sujeta a cuantificación final, equivale al dinero público que, captado en País Valencià y Balears, se distrajo supuestamente. Es decir, el que no se invirtió en desarrollar los convenios suscritos por el Instituto Nóos con los Gobiernos de Jaume Matas y Francisco Camps: la celebración de cumbres turístico-deportivas, las Valencia Summit y los Illes Balears Forum, más otros encargos menores.

En total, el Instituto Nóos logró 5,8 millones de los ejecutivos valenciano y balear. Una cantidad idéntica acabó en las cuentas de sus cinco principales empresas satélite gracias a los supuestos trabajos que facturaron a la pretendida asociación sin ánimo de lucro. En total, esas cinco mercantiles ingresaron más de 16 millones de clientes públicos y privados. Las que mayor tajada sacaron fueron aquellas dos con participación directa y declarada del yerno del rey: Nóos Consultoría Estratégica SL y Aizoon SL. Esa última pertenece en un 50% a Cristina de Borbón.

La fianza civil será equivalente al dinero desviado de manera presunta

La hipótesis de una fianza civil millonaria es la que cobra más fuerza en el momento actual, aunque las cosas podrían variar si de aquí al 25 de febrero fecha de la declaración de Urdangarin se produjera algún cambio sustancial. Hoy por hoy no parece previsible que el juez del caso, José Castro, aplique al aristócrata consorte medidas cautelares como una fianza penal o la retirada del pasaporte, lo que le impediría regresar a su casa de Washington. Queda en el aire, no obstante, la opción de que el magistrado le obligue a comparecer periódicamente ante el consulado.

Pero mientras Urdangarin continúe casado con Cristina de Borbón los expertos no detectan peligro de fuga pese a que arrostra penas de cárcel por los supuestos delitos de falsedad documental (por las facturas y presupuestos falsos), fraude a la Administración (por concertarse con quienes adjudicaban contratos y convenios) y malversación (por el desvío de dinero).

El lazo matrimonial con la infanta aleja el hipotético riesgo de fuga

De las tres, la malversación se erige en la figura criminal más grave, tipificada con hasta ocho años de prisión. Y a la lista se une un cuarto y presunto delito: la prevaricación (adjudicar contratos y convenios de manera ilegal), con Urdangarin como presunto cooperador necesario, al igual que habría ocurrido en la malversación y el fraude. El cooperador necesario, aquel sin cuya participación no habría sido posible cometer el delito, afronta las mismas penas que el autor.

La marcha de las investigaciones no hace temer que Urdangarin pueda ocultar pruebas. Anticorrupción está a la espera de un informe patrimonial que aborde no sólo sus bienes sino los movimientos de sus cuentas. Bajo esa solicitud subyace la sospecha de cobros ilegales ligados a las salidas y entradas invisibles de divisas protagonizadas por el duque de Palma: el dinero fue a países donde la trama abrió cuentas opacas, uno de ellos Luxemburgo, como adelantó Público. Luego, retornó.

Hasta ahora, el expresident Jaume Matas, en libertad bajo fianza, ha fracasado en su intento por arrebatar el caso al juez Castro en beneficio de la Audiencia Nacional. Los expertos consultados sostienen que los intereses de Matas coinciden con los de un sector de las altas esferas judiciales sabedor de que a Castro le resulta indiferente a qué familia pertenezca Iñaki Urdangarin.