La jueza Estela San José, titular del juzgado de instrucción numero 3 de Lugo, ha ocultado al fiscal un auto de fecha 31 de octubre en el cual acordó elevar una exposición razonada por presuntos delitos de tráfico de influencias al Tribunal Supremo para que se investigue al ministro de Fomento y portavoz del Gobierno, José Blanco. Ayer, un día después de haber enviado la exposición al Supremo, notificó al fiscal dicho auto dándole tres días para presentar recurso. ¿Pero qué va a recurrir? La jueza ha vaciado de contenido cualquier recurso ya que ha enviado la exposición.

Hace quince días, la jueza solicitó al fiscal informe sobre la competencia de la causa habida cuenta de que afecta al aforado José Blanco. El fiscal elevó hace algo más de una semana informe en el sentido de que siendo aforado corresponde al Supremo llevar la investigación, pero al tiempo puso de relieve dos circunstancias, según fuentes jurídicas.

La primera es que las declaraciones de Jorge Dorribo, empresario imputado por varios delitos de cohecho en una causa por cobro de subvenciones de la Xunta de Galicia, y los documentos que ha aportado, en los que presuntamente implica a Blanco, están siendo corroborados por un perito judicial, que analiza la contabilidad de las empresas que habrían pagado, los precios y también las cuentas bancarias. Ese informe todavía no ha sido elaborado.

La segunda de las observaciones del fiscal es que la práctica del Supremo es no interferir en el panorama política en momentos de campaña electoral. Tras recibir el informe del fiscal, la jueza San José dictó, con fecha 31 de octubre, un auto en el que acuerda la decisión de elevar la exposición razonada al Supremo. Pero dicho auto no se lo notificó al fiscal. En caso de notificación, el fiscal podría haber recurrido en tres días el auto directamente en reforma ante la propia juez o en cinco días mediante un recurso de apelación directamente ante la audiencia de Lugo. Pero estos plazos suponían retrasar el envío de la exposición razonada.

La jueza decidió no notificar el auto al fiscal, como debía hacerse, y así, a sus espaldas envió la exposición razonada al Tribunal Supremo, el 3 de octubre, garantizando de ese modo, su entrada en vísperas del inicio de la campaña electoral. Ayer este diario puso de relieve que la citada exposición razonada debería ser acordada por auto o providencia, como cualquier otra diligencia. Y, que, al no existir constancia de dicho auto o providencia, la jueza, por tanto, había optado por eludir al fiscal.

Pero ayer por la mañana se pudo confirmar, según las fuentes jurídicas consultadas, que la jueza dictó el auto pero lo mantuvo oculto durante cuatro días. La jueza notificó el auto, con fecha 4 de octubre, al fiscal de Lugo, una vez que la exposición ya había sido registrada en Madrid.

Ahora la secretaría de causas especiales del Supremo deberá tramitar la exposición. Se formará una sala de admisión, se nombrará un ponente y en la misma providencia constará la petición de informe a la Fiscalía del Tribunal Supremo. El Supremo, en el caso de que el procedimiento administrativo avance en estos 15 días de campaña, deberá considerar si inicia la actuación o espera hasta después de las elecciones.