Las autonomías que han salido peor paradas en el informe sobre la aplicación de la Ley de Dependencia que el Gobierno hizo público ayer rechazaron que aporten al sistema menos que la Administración central. Sus responsables autonómicos de Política Social, del Partido Popular, acusaron al Gobierno de mentir y de actuar con fines electoralistas.

Según el informe, el País Valencià financia sólo el 15% del gasto que se generó con la llegada de la Ley de Dependencia; Madrid el 26% y Galicia el 27%, si bien Canarias es la autonomía que menos aporta, un 10%. De media, el Estado aporta el 54% del coste de las nuevas prestaciones generadas por la Ley.

Valencia insiste en que financia el 69% del gasto del sistema

Pero el informe recoge también las prestaciones que se daban antes de la entrada en vigor de la norma y que siguen siendo financiadas por otras partidas de la financiación autonómica, insiste el Gobierno. Es por todo ello, asegura la directora general del Imserso, Purificación Causapié, que en 2010 el Estado aportó en total el 39% del gasto, frente al 52% de las autonomías (el 9% restante lo aportaron los usuarios). La creación del informe está contemplada en la propia Ley de Dependencia. El estudio se ha hecho público con un año de retraso y sin pasar por el Consejo Territorial.

El consejero de Asuntos sociales de Madrid (PP), Salvador Victoria, aseguró que 'lo que abonan ellos [el Gobierno central] no llega ni al 20% del coste de la dependencia'. Victoria instó a la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, a que 'rectifique inmediatamente. Lo que está haciendo el Gobierno es inventarse otra realidad. Le pido a la señora ministra que vuelva a la realidad y no trabaje para la campaña y para sainetes, como ha hecho'.

Por su parte, el secretario de Autonomía Personal y Dependencia de la Generalitat Valenciana (PP), Joaquín Martínez, aseguró que el Gobierno valenciano financia el 69,13% del gasto nuevo en lo que va de año. Según aseguró, la Generalitat ha destinado este año 217 millones y el Gobierno central, 95,7. Martínez también asegura que el Gobierno no ha contrastado los datos que publica en el informe con las autonomías. Los dependientes del País Valencià y los empresarios del sector denuncian impagos de la Generalitat.

El consejero de Madrid acusa al Ejecutivo de electoralista

Por su parte, la consejera de Políticas Sociales de Canarias (CC), Inés Rojas, denunció que Canarias recibe del Estado 22 de los 97 millones que cuesta el sistema en la región, y pidió un cambió en la financiación.

El informe ha sido elaborado por varios expertos independientes, que han cruzado datos oficiales para desvelar la aportación real de las administraciones a la atención a la dependencia. Sólo algunas autonomías entregaron al Gobierno los datos de sus finanzas por voluntad propia. Fuentes del Imserso eludieron ayer identificar qué autonomías mantienen sus datos económicos bajo llave.

'Si dicen que ese dato es falso, que hagan público el verdadero, detallado, y no se limiten a criticar', denunció ayer el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez. Los resultados de este estudio coinciden con los dictámenes que la asociación realiza semestralmente. 'Todo esto demuestra la falta de información de un sistema oscurantista. Esto no pasaría en otro sector', denuncia Ramírez.