El fiscal ha pedido hoy como medida cautelar tras la sentencia del 'caso Hacienda' el ingreso en prisión inmediato para los cuatro ex inspectores condenados, mientras que el ex presidente del FC Barcelona José Luis Núñez y su hijo deberán acudir cada quince días al juzgado, eludiendo así la cárcel.

Según han informado fuentes judiciales, en la 'vistilla' que se está celebrando en la Audiencia de Barcelona el fiscal ha pedido además prisión para el abogado Juan José Folchi, aunque en este caso eludible pagando una fianza de 300.000 euros, y para el asesor financiero de los Núñez, Salvador Sánchez Guiu, con una fianza de 40.000 euros.

Respecto a los ex inspectores de Hacienda, Josep María Huguet, Manuel Abella, Roger Bergua y Álvaro Pernas, que han sido condenados a penas que van de los 9 a los 13 años de cárcel, el fiscal ha pedido el ingreso inmediato en prisión, y en el caso de Pernas que se dicte una orden de búsqueda y captura contra él porque no ha acudido -ni ayer ni hoy- a la Audiencia, como estaba requerido.

Después de que el fiscal ha presentado a puerta cerrada su petición de medidas cautelares, ahora son las defensas las que, según las mismas fuentes, exponen ante el tribunal sus alegatos. Posteriormente, el tribunal deberá decidir si impone alguna medida cautelar a los condenados.

Por el 'caso Hacienda' ha sido condenados a seis años de prisión el ex presidente del FC Barcelona y constructor José Luis Núñez y su hijo, así como el exjefe de la Inspección de Hacienda en Cataluña, Josep María Huguet (a 13 años) y los ex inspectores Abella (11 años), Roger Berga (nueve años) y Álvaro Pernas (doce años), además del abogado Juan José Folchi (7 años y medio), entre otros.

La petición del fiscal está en consonancia con la sentencia, que ha determinado las penas más severas para los ex responsables de Hacienda en Cataluña, acusados de aceptar sobornos a cambio de hacer la vista gorda en las inspecciones a las empresas de los grupos de los empresarios que les otorgaban generosas dádivas.

Para Abella el juicio es una 'farsa', aunque ha admitido que llevaba ropa de recambio por si tenía que ir a dormir a prisión.

En concreto, el exjefe de Inspección de Hacienda en Cataluña Josep María Huguet ha sido condenado a trece años de cárcel y a pagar una multa de seis millones de euros por los delitos de cohecho, falsedad documental, infidelidad en la custodia de documentos, prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos.

Por su parte, el exinspector Manuel Abella, el único funcionario de Hacienda que llevaba a cabo inspecciones generales en las sociedades de Núñez y Navarro, ha sido condenado a once años de cárcel por los delitos de cohecho pasivo y falsedad documental, por los que además deberá pagar una multa de dos millones de euros.

A su llegada a la Audiencia para acudir a la 'vistilla', Abella ha calificado de 'farsa' el juicio, aunque ha admitido que ya llevaba en su coche una bolsa con ropa de recambio por si tenía que ir a dormir a prisión.

Los otros dos exinspectores de Hacienda condenados son el ex inspector regional adjunto Roger Bergua, al que se le ha impuesto una pena de nueve años de cárcel y una multa de 1,5 millones de euros por los delitos de cohecho y falsedad documental, y Álvaro Pernas, sentenciado a doce años por cohecho, falsedad e insolvencia punible.

Se da la circunstancia de que Pernas, que ayer no acudió a la Audiencia a oír el fallo ni hoy ha comparecido en la 'vistilla', es el único condenado por insolvencia punible porque hizo desaparecer todo su patrimonio, valorado en más de 621 millones de pesetas -unos 3,7 millones de euros- al iniciarse la investigación de la trama de corrupción en Hacienda.

Por su parte, el abogado Juan José Folchi ha sido condenado a siete años y medio de cárcel y a una multa de seis millones de euros por los delitos de cohecho y falsedad documental.

Al igual que los Núñez, el ex responsable del departamento de gestión de impuestos del grupo Núñez y Navarro, Salvador Sánchez Guiu, ha sido condenado a una pena de seis años de cárcel y a pagar una multa de dos millones de euros por los delitos de cohecho y falsedad documental.