El próximo martes, el juez que instruye el llamado caso de los trajes dará un último repaso a la causa antes de decidir si abre o no juicio a los imputados, entre los que destaca el president valenciano, Francisco Camps. Ese día, se celebrará la vista preliminar, conocida como 'vistilla'. Es un paso que prevé la ley del jurado para que el juez decida si hay indicios suficientes para que los investigados se enfrenten a un juicio.

Por delante del juez Flors, el magistrado designado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) para instruir el caso, no pasarán los acusados, pero sí sus abogados y algunos de los testigos principales. Después de escucharlos, decidirá si comienza la cuenta atrás para que el president autonómico se siente en el banquillo y sea juzgado por cohecho pasivo impropio.

El tribunal no investigará a Camps por la financiación ilegal del PP

Ante el magistrado declararán los personajes secundarios más decisivos de este serial judicial. Es el caso del sastre José Tomás, encargado de tomar las medidas al imputado. También declarará el informático y la asesora contable de la tienda de ropa donde se compraron los trajes con los que luego Camps fue presuntamente agasajado. Ambos tendrán que aclarar si se manipularon facturas para proteger al president, tal y como el sastre denuncia que ocurrió. También acudirán a la 'vistilla' los peritos que revisaron las cuentas de los establecimientos.

Flors escuchará, además, los argumentos del abogado de Camps, que repetirá, previsiblemente, el principal argumento de su defensa: que pagó los trajes en efectivo. La Fiscalía expondrá su petición de pena, 41.250 euros de multa. Más severa será la acusación popular, ejercida por el PSOE, que revalidará su pretensión de que Camps sea penado con tres años de cárcel, ocho de inhabilitación para cargo públi-co y 46.074 euros de multa.

Si el magistrado decide que hay juicio, no se celebrará hasta otoño

El president autonómico está acusado de recibir miles de euros en regalos de la trama corrupta en el mismo periodo en el que los empresarios autores de las dádivas recibieron millones de euros en adjudicaciones presuntamente fraudulentas de la administración que él dirige. También en la misma época, las empresas de la trama sirvieron, presuntamente, de intermediarias entre grandes constructoras adjudicatarias de la Generalitat y el partido. Gracias a esta intermediación, esas empresas habrían pagado gastos electorales del PP en la campaña electoral de 2007.

Estos hechos están siendo investigados también por el TSJCV, que los ha calificado como presuntos delitos de financiación ilegal, prevaricación, cohecho y falsedad documental. No obstante, ayer el tribunal anunció que no habrá un juicio conjunto para todos los delitos. El TSJCV abrirá un proceso para investigar las presuntas irregularidades cometidas por políticos del PP con la ayuda de la trama, pero esta causa será independiente del caso de los trajes que afecta al president Camps. Así las cosas, el mandatario, que también es el máximo dirigente del partido, no será investigado por las irregularidades que supuestamente se cometieron en su formación.

En un auto, el TSJ expuso ayer las razones para no acumular ambas instrucciones. Recuerdan que Camps no aparece citado en las investigaciones sobre los delitos que sí afectan a varios de sus subordinados en el partido y el Gobierno. Dicen, además, que sólo hay indicios de que recibiera regalos 'en atención a su función', es decir, sin dar nada a cambio a quien le agasajaba. También explican que, a estas alturas, la acumulación causaría una 'no justificada dilación' del caso de los trajes.