Las cajas y bolsas con las pertenencias de Abdul Abdelilah Ghaican pasaron ayer por todos los vecinos y voluntarios que se acercaron a su casa de la Cañada Real de Madrid, una de las zonas más pobres de la región, para ayudarle a hacer la mudanza. Todos estaban unidos por la impotencia ante el derribo de su casa, previsto para hoy y ordenado por el Ayuntamiento de Madrid.

Abdul, marroquí de 37 años, llegó a España hace 17. Tiene papeles en regla y, hasta que llegó la crisis, trabajó en la construcción. Él compró la parcela donde construyó su casa, a pesar de que el terreno esta situado en la Cañada, una vía pecuaria no urbanizable y donde residen unas 40.000 personas. 'Nos engañaron a todos', sentenció. 'Es cierto que las viviendas son ilegales, pero la administración las ha permitido tácitamente desde hace 50 años', argumenta el abogado Javier Rubio.

Esta es la segunda vez que Abdul, su mujer Fátima y sus hijos de 4 y 7 años, verán derribar su casa. En la primera ocasión, en 2007, sus vecinos comenzaron a reconstruirla el mismo día. Ahora, apoyados por la asociación Aldea Social, Amnistía Internacional y el 15-M, intentarán que la piqueta no llegue a destruirla.

Ayer por la tarde más de 50 personas se preparaban para acampar frente a la casa de Abdul con el fin de disuadir, de forma pacífica, a la Policía. Fátima se afanaba en tener la casa limpia. 'Quiero que esté bien cuando lleguen los agentes', explicó. Sus hijos jugaban en casa de una vecina. El mayor todavía recuerda el primer desalojo.

Sus vecinos también temen que les llegue una orden de derribo. Según la Ley de la Cañada Real, aprobada por la Comunidad de Madrid en marzo, 'los ayuntamientos tienen que pactar una solución con los vecinos, pero en lugar de eso, están procediendo a los derribos', aclara Rubio. Una pintada en contra de los desalojos adornaba ayer la casa de Abdul. Es posible que hoy no siga en pie. Pero volverá a reconstruirla. 'Yo no me voy hasta que nos vayamos todos y con una solución', concluyó.