Hace un año, una mujer nigeriana embarazada y víctima de trata se pasó 20 días recluida en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid antes de ser expulsada a su país. La Policía española la cazó sin papeles y consideró que no podía tener acceso a la protección a la que tienen derecho las víctimas de trata. Las autoridades la consideraron una inmigrante irregular, sin más, a pesar de los informes tanto de Acnur, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, como de la organización que la defendía, Women's Link Worldwide, decían lo contrario y que, si regresaba a Nigeria, su vida correría peligro.

Un caso parecido se ha dado recientemente, cuando una red pretendía introducir en España a una menor nigeriana para prostituirla. La Policía la detectó en el aeropuerto de Madrid-Barajas y la llevó a la sala de inadmitidos, donde la adolescente se pasó 29 días recluida (una cifra récord). Después de que el Defensor del Pueblo, Acnur y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear) denunciaran el caso, la chica, finalmente, pasó con una ONG especializada en víctimas de trata.

La ley exige que la víctima denuncie para evitar la deportación

Estos dos ejemplos son la parte visible de un problema denunciado desde hace tiempo por las organizaciones de derechos humanos: el fallo a la hora de identificar a las mujeres inmigrantes traídas a España por las mafias para ser explotadas sexualmente. 'El primer contacto que tienen estas mujeres al salir de la mafia es con la Policía o con la Guardia Civil, y ellos tienen un enfoque dirigido a perseguir a las redes y a la inmigración ilegal, pero no tienen una visión desde el punto de vista de los derechos humanos', denuncia Viviana Waisman, directora ejecutiva de Women's Link Worldwide.

Las organizaciones reclaman que no sea la Policía la que determine en exclusiva si una mujer es víctima de trata o no, sino que a la explotada la entreviste un equipo multidisciplinar. En el caso reciente de la menor nigeriana, la burocracia fue todavía más rocambolesca porque pasaron días hasta que se decidió qué unidad policial tenía que asumir su caso, si la Policía de fronteras, que no tiene competencia en víctimas de trata, o la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsificación (Ucrif). La historia de esta adolescente llegó a otros oídos que no eran los policiales porque, al solicitar asilo, intervinieron tanto Cear como Acnur. 'Si no, la mujer hubiese sido expulsada, como otros muchos casos que no trascienden', señala Marta López, coordinadora de la organización Proyecto Esperanza.

Muchas peticiones de asilo son denegadas pese a los informes de Acnur

¿Es obligatorio que la Policía llame a las organizaciones sociales si desmantela una red de trata de personas? El reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería, publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado 30 de abril, no dice nada sobre que la Policía, si detecta a una víctima de explotación sexual, tenga que avisar a una ONG de derechos humanos. 'Lo único que determina es que deberá informar a la mujer de que podrá ser derivada a una de estas organizaciones', explica López.

El problema, apunta esta abogada, es que el reglamento de Extranjería es poco preciso en cuanto a la identificación de las víctimas y, encima, deriva a un protocolo marco que en teoría tendría que desarrollar este punto y que aún no ha sido elaborado. 'La Policía está más pendiente de la lucha contra la inmigración ilegal que de los derechos de estas mujeres. Los agentes tienen un miedo atroz a que las medidas de protección a las víctimas de trata se conviertan en un coladero para entrar a España', denuncia López.

El Defensor del Pueblo pide que se mejoren las identificaciones

Hay organizaciones como la Asociación para la Atención, Prevención y Reinserción de la Mujer Prostituida (Apramp) que sí que valoran la coordinación policial, y consideran que ha mejorado considerablemente desde la entrada en vigor en 2008 del Plan de lucha contra la trata, promovido por el ya extinto Ministerio de Igualdad, y que incluye formación específica para los agentes. 'Pero aparte de la identificación, hay que ver que después las mujeres vayan a tener apoyo. De nada nos sirve identificarlas si luego no reciben asesoramiento y protección', advierte Rocio Nieto, portavoz de Apramp.

Gracias a esta asociación (con pisos de acogida y talleres de empleo), muchas mujeres inmigrantes prostituidas han conseguido rehacer sus vidas. Es el caso de Ana (nombre ficticio), una chica rumana de 23 años a la que la mafia obligaba a prostituirse en la calle Montera, de Madrid, y que destaca que la Policía, cuando decidió denunciar, en todo momento la ayudó. 'Me dieron apoyo psicológico y me hicieron sentir bien. Yo no tengo queja', señala Ana, que pasó más de un año prostituida y ahora, tras denunciar, se ha convertido en un testigo protegido. Desde Apramp quieren señalar que, a pesar de caso como el de la menor nigeriana, 'también hay buenas prácticas y experiencias positivas a destacar'.

Las ONG critican que la ley requiera a estas mujeres «que sean juristas»

No todas las mujeres se atreven a testificar contra la mafia que, una vez que ellas están ya fuera, continúa amenazándolas a través de sus familias, o con visitas o llamadas telefónicas a las organizaciones que las apoyan. 'Hay que ayudarlas a denunciar. No podemos pretender que estas mujeres se comporten como si fuesen juristas', alerta Yolanda Román, responsable de Incidencia Política de Save the Children. 'La Policía tiene que aportar tranquilidad. Muchas mujeres vienen de países donde los agentes son vistos como gente corrupta y les cuesta tener confianza con la policía española', agrega.

La ley señala, en teoría, que si la mujer ha sido explotada por una red tiene que ser protegida. Es decir, hay que suspenderle el expediente abierto para expulsarla por ser irregular y otorgarle el periodo mínimo de 30 días de reflexión para que decida si quiere colaborar para desarticular a la mafia. Si denuncia, entonces se le otorga un permiso de residencia y de trabajo. Si no, hay que determinar sus circunstancias personales para evitar la expulsión, tiene que haber 'motivos razonables' para hacerlo. Y, de nuevo, el asunto queda en manos de que la Policía haga un informe policial.

Las organizaciones critican que, en un tema tan sensible, haya una infinidad de conceptos indeterminados. 'Por ejemplo, ¿qué significan motivos razonables? o ¿colaboración con la policía?', se pregunta López. '¿Sirve con una primera declaración o es necesaria una sentencia condenatoria?', continúa. La legislación en otros países es mucho más laxa. En EEUU vale la declaración de la persona aunque no haya servido para abrir un procedimiento penal. 'A veces no hay datos suficientes, pero no podemos responsabilizar a las víctimas de que su testimonio no haya dado resultados', agrega López.

Yolanda Besteiro, de la Federación de Mujeres Progresistas, añade otro dato: 'Muchas veces las propias mujeres no se identifican como víctimas porque son las propias familias las que las han entregado a la mafia'.

La rigidez policial y judicial la viven todos los días las organizaciones sociales. Desde Women's Link Worldwide denuncian que actualmente tienen el caso de una mujer que, después de pasarse un año recluida en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) y denunciar a la mafia, la Policía ha hecho un informe negativo sobre su situación porque su declaración no ha servido para detener a los mafiosos. '¿Qué les estamos pidiendo a estas mujeres?', se queja Viviana Waisman, directora ejecutiva de la organización, que critica que los requisitos en temas procesales sean 'demasiado formalistas'.

Esta organización recuerda el caso ocurrido hace un año con esa chica nigeriana embarazada de tres meses, víctima de trata y que finalmente fue expulsada. Women's Link Worldwide sabe que ahora está en Nigeria, y está haciendo todo lo posible para traerla de nuevo a España. 'Pero todavía estamos luchando para que se nos reconozca como sus representantes legales. La deportaron antes de que le otorgasen el periodo de reflexión. Hay una total falta de sensibilidad. Hace poco la Administración nos ha llegado a decir que si la mujer se podía acercar a la embajada española en Nigeria, como si allí las cosas fuesen tan fáciles', afirma Waisman.

El caso de esta víctima de trata fue denunciado en el último informe anual elaborado por la oficina del Defensor del Pueblo. El documento refleja cómo la solicitud de asilo de esta víctima no fue admitida a trámite, 'a pesar de la existencia de un informe favorable de Acnur que entendía que de su relato se desprendían indicios suficientes para considerarla víctima de trata de seres humanos con fines de explotación sexual'. 'La investigación ha permitido constatar que dicha expulsión fue precipitada y no se valoraron de forma adecuada los indicios que la señalaban como víctima de trata', señala el texto.

Esta institución cree necesario además que, en líneas generales, la Administración 'mejore la persecución de las mafias, la detección de posibles víctimas y la articulación de las medidas que permitan su efectiva protección'. Precisamente el Defensor del Pueblo ha convocado para el próximo martes a todos los actores implicados en la lucha contra la explotación sexual a una convocatoria extraordinaria para tratar esta lacra y para recabar información para preparar un futuro informe específico sobre el tema.