El Tribunal de Cuentas examinará este año los estados contables de los partidos políticos entre 2007 y 2010, según el programa aprobado en el pleno de la institución el 24 de febrero para 2011. Pero ahora, por primera vez, tiene previsto analizar detalladamente las donaciones percibidas por las fundaciones vinculadas orgánicamente a las formaciones políticas en ese mismo periodo. Toda una novedad ya que hasta ahora la legislación vigente no atribuía competencias fiscalizadoras directas en esta materia a la institución.

Así lo advertía el Tribunal en el informe sobre las cuentas de los partidos correspondientes al año de 2006 y presentado en febrero de 2010, donde también resaltaba la insuficiente regulación y la falta de transparencia y publicidad en la actividad de las formaciones políticas en relación con las fundaciones.

Hasta ahora, las fundaciones de las formaciones políticas eran opacas

La Ley de Financiación de Partidos aprobada en julio de 2007 establece que las donaciones a las fundaciones vinculadas a las formaciones políticas estarán sometidas a los mismos mecanismos de fiscalización y control; es decir, al Tribunal de Cuentas. La norma exige además transparencia en los donantes y límites en las cantidades aportadas: 150.000 euros de una persona física o jurídica.

Hasta la fecha, la institución que por mandato legal tiene que examinar anualmente los ingresos públicos y privados de los partidos sólo verificaba la documentación sobre los fondos y su finalidad. 'No se hacía un análisis en profundidad', reconocen fuentes próximas a la institución. Si bien estaba probado que en las relaciones entre la mayoría de los partidos y sus fundaciones figura la concesión de préstamos o subvenciones para el funcionamiento de las segundas o el ingreso de aportaciones realizadas por los cargos públicos.

Además de esta labor fiscalizadora por mandato legal, las Cortes Generales han solicitado que el Tribunal de Cuentas efectúe un análisis de 'las diferentes fuentes de financiación de los partidos políticos y de suinmovilizado'.

El Tribunal analizará 'en profundidad' todas las fuentes de financiación

Al órgano constitucional le toca este año fiscalizar también las contabilidades derivadas de las elecciones locales del 22-M así como las de los procesos electorales en Cantabria, Extremadura, La Rioja y Murcia. Desde el Tribunal señalan que en años electorales se da preferencia a estos trabajos respecto a las inspecciones de las cuentas de los partidos. Esta es una de las razones que explican el retraso en la inspección de los ingresos y gastos de los partidos.

Sin embargo, no se pueden descartar otras razones. Entre ellas, la extensa hoja de ruta que el Tribunal de Cuentas diseña cada año y que provoca que cada año muchas fiscalizaciones no se completen en el ejercicio previsto. Por ejemplo, en el año 2010 la intención de la institución era examinar las cuentas de los partidos hasta 2009. Las últimas fiscalizadas, sin embargo, son las de 2006. De las más de 120 iniciativas contempladas en el plan del año pasado, la institución completó el trabajo en 30. El resto ha vuelto a incorporarse al programa de 2011.

Además del compromiso para examinar en 2011 las cuentas del Consejo General del Poder Judicial, que aprobó el pleno del Tribunal por mayoría y después de un intenso debate, el órgano fiscalizador prevé inspeccionar por iniciativa propia las actividades de la Comisión Delegada del Gobierno para el cambio climático y la participación de las Fuerzas Armadas en misiones internacionales en 2009 y 2010.

También fiscalizará el Centro de Estudios Jurídicos, el Consejo de Seguridad Nuclear y el Consejo Económico y Social. En concreto, por las cuentas de 2010. A petición de las Cortes, la institución examinará también los contratos de publicidad y comunicación institucional suscritos por el Ministerio de Fomento y el de Industria en el período que va desde 2008 a 2010. También se fiscalizarán los contratos de la línea del AVE de Madrid a Barcelona o los gastos del semestre español de Presidencia de la Unión Europea.

‘Caso Fundescam'

El sumario del ‘caso Gürtel' incluye un informe de la Brigada de Blanqueo de la Policía que reúne pruebas que permiten concluir que el PP de Madrid burló la Ley Electoral falsificando facturas para financiar las campañas electorales de 2003 a través de Fudescam, una fundación del partido.

‘Caso Palau'

La Justicia investiga supuestas comisiones por valor de 1,7 millones de euros de Ferrovial a Convergència Democràtica de Catalunya a través del Palau de la Música en la época de Fèlix Millet y de otras entidades.