La reforma de la Junta de Andalucía ya es un hecho consumado. Más aún que eso, es una ley. Su aplicación no tiene marcha atrás posible, por más que sus detractores se apresuraran a anunciar ayer nuevas movilizaciones. El Parlamento aprobó ayer, con los únicos votos a favor del PSOE, el proyecto de ley de reordenación del sector público andaluz.

Esta norma suprimirá, mediante fusiones y absorciones, 111 entes públicos de la Administración, que quedarán agrupados en varias agencias. Ello supondrá un ahorro de 118 millones, según la Junta.

La reforma nació con un decretazo aprobado en julio sin consenso político ni diálogo con los sindicatos. Cuando el Gobierno andaluz quiso apagar el incendio con un nuevo decreto pactado con CCOO y UGT, las llamas se habían extendido por toda la Administración. Dos manifestaciones en noviembre y enero, con decenas de miles de funcionarios, evidenciaron un malestar que no fue mitigado por la tramitación parlamentaria.

El PSOE tenía dos objetivos al llevar la reforma al Parlamento y debatirla como ley. El primero era ganar aliados. No lo ha logrado. El PP votó en contra e IU se abstuvo. La coalición ha pretendido con ello no enemistarse con el grueso de los funcionarios y a la vez no distanciarse de CCOO y UGT, únicos apoyos sindicales con los que cuentan los socialistas en esta reforma. CSIF, SAFJA, Ustea y USO apoyaron ayer la manifestación de cientos de personas contra la reforma celebrada a las puertas del Parlamento. En la protesta pudieron verse, aisladas, unas pocas banderas del partido ultra Democracia Nacional.

Pedro Vaquero, parlamentario de IU, celebró una reforma que hace 'más público lo público', pero lamentó que no se haya logrado 'un cambio de modelo que vaya más allá' y reivindicó la 'independencia' de IU. 'Ni somos muleta del PSOE ni volveremos a la nefasta pinza', señaló. Juan Manuel Sánchez Gordillo, parlamentario de IU y expreso opositor a la reforma, no acudió ayer al pleno del Parlamento. Por su parte, Jorge Ramos (PP) dijo que la norma supone 'una OPA hostil a la Administración' y que 'externaliza servicios', por más que la ley recoge que la Junta desarrollará al máximo sus potestades.

El segundo objetivo del PSOE era neutralizar el descontento en el funcionariado. El tiempo dirá si lo ha logrado. Pero las enmiendas aprobadas sí combaten las principales críticas a la reforma: que fomenta el enchufismo y permite hacer funcionarios sin aprobar oposición, que privatiza la Junta, que resta independencia y primacía a los funcionarios, que les retira el ejercicio exclusivo de las potestades administrativas, que equipara sus derechos con los del personal laboral...

'Quedan desmentidas muchas falsedades, malas interpretaciones y juicios de intención', afirmó desde la tribuna de oradores el parlamentario José Caballos (PSOE).

Ley autonómica

José Caballos (PSOE) recomendó irónicamente al PP que, en el recurso que ha anunciado ante el Constitucional, incluya la Ley de la Función Pública de Galicia, que sí permite hacer funcionarios sin aprobar oposiciones tras una disposición adicional publicada en el BOE el 10 de febrero.

Enmiendas

El principal argumento empleado contra la reforma desde el verano es que convertiría en funcionarios 'por la puerta de atrás' al personal laboral de las entidades instrumentales, casi 20.000 trabajadores, sin hacer oposición. La ley establece expresamente que no existirá para el personal laboral ningún procedimiento de acceso al funcionariado distinto al establecido para el resto. Alicia Martos, de CSIF, mantenía ayer su escepticismo. 'Hay mucha manipulación en las enmiendas. Ha sido todo maquillaje', declaró junto al Parlamento.