'No es cuestión de personas, sino de criterios', argumentan desde la dirección del Grupo Socialista para justificar su rechazo a la intención del PP de elevar al magistrado Enrique López al Tribunal Constitucional dentro del cupo que le corresponde en la renovación de la institución.

López, de perfil conservador y 'muy político', según califican las mismas fuentes, es magistrado de la Audiencia Nacional y fue portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Su candidatura naufragó el pasado julio en el Senado cuando el PP impulsó su nombre, propuesto de forma concertada por las comunidades autónomas gobernadas por el partido de Rajoy en una estrategia que burló el procedimiento.

Los letrados de la Cámara vetaron su acceso al Constitucional por incumplir uno de los requisitos mínimos que exige la Constitución: 'reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional'. López no los había cumplido en la magistratura, al no computar su paso por la portavocía del CGPJ.

El Congreso tiene pendiente desde el pasado noviembre renovar las cuatro vacantes que le corresponden, tres magistrados por la expiración de su mandato y otro por fallecimiento. Dos serán nombrados a propuesta del PP y otros dos a instancias del PSOE, pero ambos partidos no han acercado un milímetro sus posturas. Las conversaciones están detenidas, según admiten las dos partes.

El negociador socialista, su portavoz en el Congreso, José Antonio Alonso, instó ayer al PP a sustituir a López aunque evitó citar su nombre por un magistrado del Tribunal Supremo para desbloquear la situación.

Alonso invocó la norma no escrita que se ha convertido en una 'exigencia histórica', según la cual todos los miembros del TC han sido previamente magistrados del Supremo o catedráticos con solvencia acreditada. Es la forma, según señaló, de 'objetivizar' el requisito de 'reconocida competencia' que exige la Constitución porque evita discutir la cualificación profesional del candidato. Eugeni Gay, miembro del TC en la actualidad, aunque pendiente de renovación, es, sin embargo, abogado, pero presidió el Consejo General de la Abogacía, como argumenta el PSOE para dar cabida a esta excepción dentro de la regla que invoca.

Evitar el peligro de bajar el listón en la composición del órgano que es el máximo garante de la Constitución es el objetivo último que invoca el PSOE, según explican desde su dirección. El Supremo es la piedra de toque, confirmó Alonso: 'Si el PP propone a un candidato del Tribunal Supremo, lo aceptamos mañana', emplazó el portavoz socialista a su homóloga conservadora, Soraya Sáenz de Santamaría.

La interpretación de Alonso no figura en la ley y el PSOE no tiene intención de cambiarla para incorporarla. Amparado en esta circunstancia, el PP se mantiene firme en la defensa de López como candidato, aunque Sáenz de Santamaría se cuidó también de pronunciar ayer su nombre, avalado por el responsable de Justicia del partido conservador, Federico Trillo.

'Hay que dialogar y eso lleva a las partes, especialmente al PSOE, a no tratar de imponer', respondió la portavoz del PP en el Congreso. 'Hay que cumplir la ley y el PSOE no puede poner peros cuando se cumplen los requisitos legales', sostuvo Sáenz de Santamaría. Los conservadores sostienen que López ya ha rebasado el tiempo que fija la Constitución para acreditar su aptitud. Sin embargo, y según su propio currículum, dado que ingresó en la carrera judicial el 1 de junio de 1989 y permaneció en el CGPJ seis años, 11 meses y 14 días, no cumplirá el requisito exigido hasta finales de mayo.

'Los posibles temas de dificultades legales que pudo argumentar en su momento [el PSOE] frente a algún candidato no eran ciertos, pero ahora están superados por el tiempo', subrayó el pasado lunes Sáenz de Santamaría en Los desayunos de TVE para defender la idoneidad de López. El portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, mientras, habló ayer de 'empate infinito' entre los dos partidos mayoritarios para renovar el TC.