La inacción de las administraciones ha dejado la lucha por la neutralidad del espacio público en manos de particulares, pioneros de la defensa del laicismo que sacrifican por principios su tiempo, su dinero y hasta sus derechos. Esta es la principal conclusión que extraían ayer las asociaciones laicistas tras conocer que, tras dos años de lucha, una familia de Almendralejo (Badajoz) ha forzado la retirada de las aulas donde acudían sus dos hijos de sendos crucifijos, en el colegio Ortega y Gasset. 'Las administraciones deberían actuar de oficio, sin esperar a que haya reclamaciones. Hay herramientas para ello. Ni siquiera es necesaria para esto una ley de libertad religiosa', afirma Francisco Delgado, presidente de Europa Laica, principal organización laicista de España.

En el caso de los colegios, Delgado recuerda que ya hay, además de la Constitución, otro aval para que las consejerías de Educación retiren los símbolos: la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 2009 que señaló, tras la denuncia de una madre italiana, que los símbolos católicos en las aulas violan 'los derechos de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones'. Al no haberlos retirado de oficio, en este caso la Junta de Extremadura, la familia denunciante 'ha visto conculcado su derecho a no declarar sobre sus creencias', protegido por el artículo 16.2 de la Constitución, denuncia Delgado. 'Y supongo que la Junta será de los laicistas agresivos que dice el Papa', ironiza.

Las administraciones sólo actúan cuando hay familias que exigen sus derechos

Lorenzo Losada, el padre de los dos alumnos que ha logrado la retirada de los crucifijos, cree que renunció a su derecho a no declarar sobre sus creencias al tener que acudir al centro y a la administración para explicar su caso. 'Nos pareció prioritario defender los derechos de nuestros hijos', afirma Losada, que recuerda que ha gastado 'tiempo y dinero'.

Losada, que es el portavoz del PSOE en Almendralejo, está sólo satisfecho a medidas con la resolución de la Administración que finalmente y sólo cuando el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ya estudiaba el caso le dio la razón, pero recuerda que en los espacios comunes del colegio aún hay símbolos religiosos. Aún no ha decidido si continuará su batalla, pero sí sabe que se expone al enojo de otros padres. 'Siempre es así. Lo era también hace más de 30 años, cuando se miraba mal a la gente que se divorciaba'. Ayer, de hecho, ya era evidente que la retirada de los crucifijos levantaba ampollas. Algunos padres calificaron la resolución como 'patética' o 'exagerada', informa Europa Press. La Asociación de Padres y Madres de Alumnos no descartaba tomar medidas contra la decisión administrativa.

El padre que protestó recuerda que ha gastado 'tiempo y dinero'

Antonio Aramayona, portavoz del Movimiento Hacia un Estado Laico, afirma que casos como el de Almendralejo suponen una pequeña buena noticia, la retirada de las cruces, dentro de una mala mucho mayor: la permanencia de múltiples iconos religiosos en un colegio público. 'Esto no supone un aval al principio de aconfesionalidad, es sólo una fisura en un muro de confesionalidad abierta por el empeño de unos padres', afirma.

Hay una paradoja: los padres han tenido que realizar este esfuerzo para lograr algo a lo que tienen derecho. El presidente del Gobierno extremeño, Guillermo Fernández Vara, puso de relieve esta disfunción al terciar en la polémica para pedir 'diálogo', 'normalidad' y 'no tirarnos los crucifijos a la cabeza', al tiempo que admitía que si unos padres piden la retirada de los símbolos, 'tienen el respaldo de laConstitución'.