La justicia internacional asume que los crímenes del franquismo fueron un genocidio o un crimen de lesa humanidad pese a la oposición que han mostrado al respecto los jueces españoles. La jueza argentina María Servini de Cubría, que archivó en primera instancia la querella que el pasado 14 de abril presentaron en Buenos Aires familiares de víctimas de Franco, ha enviado un exhorto por vía diplomática a España para que 'la autoridad competente' informe de si realmente se han investigado 'los hechos atroces' denunciados.

En caso de que el Gobierno español responda con una información insatisfactoria para Servini de Cubría, la jueza pondrá en valor el principio de jurisdicción universal y abrirá un proceso que podrá incluir extradiciones. Los querellantes solicitaron al tribunal que pidiera al Gobierno español los nombres de los altos cargos de los consejos de ministros, fuerzas armadas, falangistas y jueces que contribuyeron a llevar a cabo los crímenes que el Gobierno golpista llevó a cabo desde el 17 de julio de 1936 hasta el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas.

'En España siguen vigentes las leyes franquistas', dice un denunciante

Según fuentes cercanas al caso, la respuesta del Gobierno puede preverse al analizar el escrito que el fiscal redactó cuando Servini de Cubria archivó el caso. El fiscal señaló que España tenía procesos abiertos en juzgados territoriales relacionados con los crímenes denunciados, 'en información obtenida por internet'. Los denunciantes recurrieron al considerar que 'el fiscal basó su opinión en una hipótesis falsa y sin constancia legal'.

Varios miembros del Gobierno, preguntados al respecto, han anunciado colaboración con lo que les sea solicitado, como declaró el ministro de Justicia, Francisco Caamaño. La versión oficial del Gobierno alude a la Ley de la Memoria para explicar la postura de España con su pasado.

Respuestas que no convencen a los denunciantes. 'No pueden responder así mientras sigan vigentes las leyes franquistas. En España no habrá democracia mientras los criminales no sean juzgados', reflexiona por teléfono desde Buenos Aires Darío Rivas, hijo de Severino Rivas, alcalde de Castro de Rei (Lugo) fusilado el 29 de octubre de 1936 y enterrado en una fosa del cementerio hasta que su hijo Darío lo encontró en 2002. 'Pude desenterrarlo, homenajearlo e incluso ponerle una calle. Yo sí pude limpiar su nombre y declarar que no fue un traidor a la patria como le acusaron, pero miles de personas no han podido', añade Darío Rivas.

El exhorto pregunta por crímenes desde 1936 hasta las elecciones de 1977

El exhorto enviado por la jueza alude al caso de Severino Rivas para preguntar si en España se han juzgado los miles de crímenes similares que pueden ser incluidos en la siguiente definición: 'Plan sistemático, generalizado, deliberado y planificado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno, a través de la eliminación física de sus más representativos exponentes'.

La petición de la jueza, fechada el pasado 14 de octubre, se basa en los principios del artículo 40 del Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en Materia Penal entre la República Argentina y el Reino de España de 1989. Entre las posibles personalidades que debería aclarar algunos de los crímenes se encuentra el senador Manuel Fraga que acusó en el diario El País a Darío Rivas de 'guerrillero incivil' por buscar la fosa de su padre, tal y como recuerda el insultado.

Manuel Fraga, fundador del PP, se sentó junto a otros conocidos de la vida pública española como Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL o Rodolfo Martín Villa, ex presidente de Sogecable, en el consejo de ministros presidido por Carlos Arias Navarro, un mes después de la muerte de Francisco Franco. Fraga era ministro de Interior y Gobernación cuando la policía disparó, el 3 de marzo de 1976, contra los manifestantes en una protesta en Vitoria. Murieron cinco de ellos y 150 resultaron heridos de bala. La Ley de la Memoria consideró las consideró víctimas de la dictadura.

La jueza pregunta al Gobierno por los últimos fusilados de los tribunales militares de la dictadura. De hecho, Silvia Carretero, viuda del militante del FRAP, José Luis Sánchez Bravo, asesinado por el Estado en septiembre de 1975, es una de las denunciantes. El Gobierno no podrá demostrar que ha investigado ese crimen porque Carretero, que desconfía del sistema jurídico en España, nunca ha pedido la nulidad de la condena, como si ha hecho sin éxito Flor Baena, hermana de Humberto Baena.

Severino Rivas

De profesión labrador, fue elegido democráticamente alcalde de Castro de Rei el 9 de mayo de 1936, como candidato socialista del Frente Popular. A los pocos días del golpe de Estado que comenzó el 17 de julio de 1936 y se extendió por España un día después, fue detenido. El 29 de octubre fusilado y enterrado en una fosa por 'traidor a la patria':

Hermanos García Holgado

Elías, Luis y Vicente son los hermanos García Holgado, que fueron fusilados por los golpistas entre 1936 y 1937. Su sobrina nieta, Inés García Holgado, residente en Argentina llevó los casos a la querella. Elías García Holgado fue alcalde de Lumbrales y diputado provincial en Salamanca entre 1931 y 1936. Fue fusilado el 5 de julio de 1937 por adhesión a la rebelión.

José Luis Sánchez Bravo

El caso del militante del FRAP asesinado en septiembre de 1975 en los últimos fusilados por el franquismo ha sido llevado a juicio por Silvia Carretero, su mujer, que fue torturada en 1975.

Los crímenes falangistas

Los casos son equiparados en el escrito de la jueza como ejemplos de 'paseos' practicados por Falange Española como una 'técnica perfeccionada'.