La idea lanzada por el PP catalán de que los inmigrantes colapsan la sanidad pública y por ello habría que regular su acceso a ella choca con la realidad. Desde hace años, las sociedades médicas y el Ministerio de Sanidad han aportado datos que niegan un supuesto abuso del Sistema Nacional de Salud (SNS) por parte de la población inmigrante.

El informe más reciente que pone en evidencia al partido conservador revela que los inmigrantes acuden a los centros de atención primaria, la puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud (SNS), la mitad de veces que los pacientes españoles.

El estudio, presentado la semana pasada por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFYC), en el congreso de la Asociación Mundial de Médicos de Familia (Wonca), asegura que mientras los españoles van al médico de cabecera una media de 8,3 veces al año, los inmigrantes acuden en 4,7 ocasiones. El abuso no se da 'ni a la hora de pedir cita ni cuándo está ya programada, ni cuando la demanda es urgente', destacó la SemFYC.

Al contrario, el doctor Luis Gimeno, director del estudio, advirtió de que la infrautilización de los servicios de atención primaria por parte de los inmigrantes debería estudiarse en profundidad para saber si están cubiertas sus demandas y para poder detectar a los pacientes con más necesidades o con dificultades de acceso. 'Es importante conocer estos datos antes de hacer afirmaciones que tienden a culpar a la inmigración de la saturación del sistema de salud', advirtió la semana pasada.

Alrededor del 12% de la población española es inmigrante. No obstante, representan poco más del 5% de los pacientes, según un estudio anterior de la SemFYC.

Después de cinco años de residencia legal, David se convirtió en un sin papeles por no cotizar nueve días a la Seguridad Social en 2008. Ecuatoriano de 24 años, vive en España desde 2003. Uno de los requisitos para renovar sus papeles era haber cotizado al menos seis meses en el último año. David tenía acumulados cinco meses y 21 días. 'Los dos meses siguientes los pasé pluriempleado. Pero la Ley no tiene en cuenta este tiempo. Por eso me quedé sin papeles', explica resignado.

A partir del quinto año de estancia legal, con permisos temporales, los extranjeros pueden solicitar la residencia permanente. Es el último escalón, el que iba a alcanzar David. Entonces, sus papeles dejan de depender de si tienen trabajo, del mismo modo que si fuesen españoles.

Cuando no pueden renovar su permiso de residencia, los inmigrantes pierden una retahíla de derechos: vivir en España, cobrar el paro generado, estudiar, trabajar fuera de la economía sumergida Sin embargo, David optó por quedarse, junto a su novia española, con quien mantiene una relación desde hace dos años.

El joven ha reclamado su caso ante varias instancias. Esto le ha permitido mantener abierto su proceso y examinarse de selectividad hace unas semanas. Hasta que haya una resolución definitiva, la Ley de Extranjería no le considera un inmigrante irregular.

Sin embargo, 'hay administraciones, como la valenciana, que le niegan el derecho a cobrar el paro que le corresponde por los años que estuvo cotizando a la Seguridad Social', denuncia su abogado y portavoz de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía de España (CGAE), Francisco Solans.

En el área educativa, encontró 'muchos problemas' para examinarse de Selectividad. 'Al principio me decían que no porque no tenía papeles. Tuve que presentar los justificantes de mis reclamaciones y demostrar que mi proceso sigue abierto', recuerda. Si, finalmente, el veredicto es negativo 'todo el trabajo que he hecho y mi título de bachillerato se irán al garete'.

El rosario de reclamaciones ha sido largo. Seis meses después de presentar el primer recurso, se lo rechazaron. Entonces acudió ante la magistrada del juzgado de lo contencioso: 'Le llevé los certificados de mis cursos, le expliqué que vivo con mi novia española y traté de demostrarle mi arraigo, pero fue muy dura'.

Con las vías judiciales agotadas, ahora tiene que poner el contador a cero y comenzar un nuevo proceso de cinco años para conseguir su permiso de residencia de larga duración, o bien casarse con su novia, aunque esta última opción tiene sus riesgos. El primer objetivo es conseguir un contrato de trabajo.