Negar la corrupción y despreciar a quienes se la recuerdan. Es la sístole y la diástole del discurso político de Francisco Camps, que ayer compareció en Les Corts en la habitual sesión de control de los jueves. Apoyado desde Madrid por Esperanza Aguirre, quien ridiculizó el caso de los trajes diciendo que también a ella le regalan 'pulseritas', Camps tildó de 'papelitos' los informes policiales y de Hacienda que destapan la financiación ilegal del PP valenciano. 'El PP valenciano dijo el president de la Generalitat está excepcionalmente y transparentemente bien financiado' y no existe 'ningún tipo de implicación ni de imputación'. Fue su respuesta al auto que el pasado viernes emitió el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que corrobora el traslado a Valencia de las pruebas que colocan a Camps y la cúpula de su Gobierno en la antesala de ser juzgados por delitos de soborno y fraude fiscal y electoral.

Entre las pruebas que deberá estudiar el Tribunal Superior de Valencia (TSJCV) si acepta la competencia, figuran los citados informes de la Brigada de Blanqueo y de la Oficina Antifraude. Los informes indican que el PP benefició a las empresas de la trama Gürtel con contratos irregulares, ocultó 2,5 millones a Hacienda y se financió gracias a facturas falsas pagadas a la red corrupta por empresarios con numerosas adjudicaciones de la Generalitat.

El president tilda de 'excepcionalmente transparente' la financiación del PP

En realidad, el auto del TSJM remite al Tribunal Superior de Valencia (TSJCV) lo investigado sobre esa comunidad porque el instructor del caso Gürtel, el juez Antonio Pedreira, observa numerosos indicios de delito. Y eso delitos fueron presuntamente cometidos por miembros de la plana mayor de Camps, todos ellos aforados a quienes sólo puede investigar el TSJCV. Sobre Camps, ya imputado por cohecho en el caso de los trajes, el juez Pedreira avisa de que 'no puede desdeñar' el hecho de que preside el PP valenciano, esto es, el partido que supuestamente se financió de manera ilegal.

El portavoz parlamentario del PSPV-PSOE, Ángel Luna, lamentó que Camps frivolizara sobre 'unos hechos que a los valencianos les producen vergüenza'. 'Lo que mandan aquí no es una felicitación de Navidad. Este auto significa que a partir de ahora pueden estar imputados', explicó Luna antes de subrayar que no se trata 'de unos trajes, sino de todo el montaje que ustedes han hecho aquí y que les ha servido para adquirir réditos personales y políticos'.

Ignora los hechos y sostiene que ni él ni su equipo están imputados

Camps se envolvió entonces en la capa del mesianismo y la emprendió con el síndico socialista: 'Ha creído que estaba hundiendo al PP y lo que intentaba era generar inquietud respecto de una comunidad de gente esforzada y trabajadora que lo único que sabe es convivir en paz, en ilusión y libertad. Ha insultado a la conciencia y la inteligencia de los valencianos'.

La alocución del jefe del Consell fue creciendo en intensidad y alcanzó su cima cuando acusó a Luna de beneficiar con adjudicaciones millonarias al constructor Enrique Ortiz (uno de los presuntos financiadores del PP e imputado en el caso Brugal), mientras fue alcalde de Alicante, entre 1991 y 1995. También de recibir como contrapartida del mismo empresario, unos años después, un coche de alta gama y el pago de la reforma en una vivienda. Estas acusaciones actuaron como dinamita en la paciencia del síndico socialista: 'Le reto donde quiera, como quiera y cuando quiera, incluso en su territorio, ante las cámaras de Canal 9, a que usted y yo demos explicaciones de nuestra actividad. Si se atreve, dé explicaciones de sus relaciones con su amiguito del alma', dijo en alusión a Álvaro Pérez El Bigotes, jefe de la Gürtel en Valencia.

Camps no recogió el guante. 'He dado explicaciones constantemente ante las instancias que ha correspondido. Y se ha dicho en nuestras explicaciones claramente que no hay nada de nada', expresó el president, quien acusó a Luna de imponer 'un sistema de persecución policial'. Luna le replicó con sarcasmo: 'Usted dice que habrá que llegar al final. Supongo que estará pensando en el juicio final, cuando no tenga más remedio ya que asumir responsabilidades'.

Aguirre se mofa de los informes policiales que cercan al PP valenciano

Les Corts no fueron en el País Valencià el único escenario en el que se habló de corrupción. Ayer trascendió que la reincorporación a la política tras un trasplante de hígado del multiimputado presidente de la diputación de Castellón, Carlos Fabra, se celebrará por todo lo alto. Su partido le ha preparado un homenaje el 16 de octubre en el Palacio de Congresos de Castellón para el que está prevista la asistencia de más de 1.200 militantes.

Desde Madrid, Esperanza Aguirre se sumó a la campaña para minimizar la corrupción. Y se unió al alto número de dirigentes conservadores que restan importancia a la posibilidad de que el president pudiera aceptar trajes como regalo de los cabecillas de la trama. Lo hizo muy a su estilo: 'Si de lo que le acusan es de cohecho impropio, me parece un delito que está en el código, pero que me lleven a mí a la cárcel ya porque a mí me regalan estas pulseras en consideración a mi cargo', señaló en declaraciones a la Ser.

En medio de este clima, el partido ultima un homenaje al imputado Fabra

Además, en apoyo a su compañero de partido, la presidenta de la Comunidad de Madrid consideró que Camps 'sigue sumando' al proyecto colectivo del PP. Además, recordó que los informes policiales 'no condenan a nadie'.

La dirigente regional insistió en que los informes policiales que relacionan a Camps con este escándalo han sido elaborados por Juan Antonio González, el policía que forma parte de 'una camarilla' y que 'estuvo en la cacería con Garzón', informa Europa Press.

Cohecho impropio

Camps sí está imputado, pese a que el PP haya desplegado una intensísima campaña en sentido contrario. Está imputado desde que el Supremo ordenó en mayo reabrir el ‘caso de los trajes'. Y lo está como autor de un presunto delito de cohecho impropio (soborno leve) por haber aceptado que la ‘trama Gürtel' le regalara trajes valorados en más de 12.000 euros.

Delitos mayores

El cohecho impropio es un delito menor. No lo son aquellos otros que, relacionados con la financiación del PP valenciano, planean sobre su entorno y sobre él mismo. El juez Pedreira observó indicios de hasta siete delitos. Entre ellos, soborno en su máxima dimensión, falsedad documental, delito electoral y fraude fiscal.