Iñaki García Arambarri (Ondarroa, 1950) revivió el martes, en el aeropuerto de Barajas, su pasado como 'represaliado por la dictadura franquista'. Este concejal de Ezker Batua (la marca de IU en Euskadi) fue retenido durante varias horas por la Guardia Civil debido a sus antecedentes penales durante el régimen, en contra de lo que establece la Ley de Amnistía de 1977.

El primer punto del artículo primero dice: 'Quedan amnistiados todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976'. Y el artículo séptimo, en su tercer apartado, añade que 'los efectos y beneficios de la amnistía' debían darse también en 'la eliminación de los antecedentes penales y notas desfavorables en expedientes personales, aun cuando el sancionado hubiese fallecido'.Casi 33 años después de la promulgación de la Ley de Amnistía, el 15 de octubre de 1977, Iñaki García Arambarri aún no ha muerto, pero su nombre sigue figurando en contra de ese articulado legal en los archivos policiales.

Ante el episodio sufrido con la Guardia Civil por este edil de Ezker Batua, su coordinador general, Mikel Arana, denunció este miércoles que lo sucedido pone en evidencia que, transcurridos 33 años y después de ser aprobada en esta legislatura la Ley de Memoria Histórica, 'los poderes del Estado siguen guardando los antecedentes penales de luchadores antifranquistas como Iñaki, incumpliendo todas sus leyes'. Arana reivindicó que 'es hora ya de reparar esta situación', por lo que reclamó al ministro del Interior, Alfredo Pérez

Rubalcaba, que, 'con la misma diligencia que demuestra en otros casos, se asegure de que desaparezcan de los registros del Estado todos los antecedentes penales de los luchadores antifranquistas y no se vuelvan a utilizar en pleno siglo XXI los expedientes abiertos por la dictadura franquista'.

Como otros jóvenes vascos luchadores antifranquistas, Iñaki García fue juzgado en 1969 en Burgos y finalmente condenado a 25 años de cárcel por un tribunal militar tras renunciar a la presencia de sus abogados. Fue la decisión adoptada por él y sus compañeros para convertir aquella sesión en un 'juicio político'. Se les acusaba de causar destrozos en una fachada tras colocar un artefacto explosivo.

Como recuerda este edil de EB ahora en su blog, 'tras largos debates' decidieron que, 'ante las peticiones de más de 12 años de cárcel', politizarían 'el juicio, no reconociendo al tribunal'. 'Llegamos a la conclusión de que era igual ser condenado a 12 años que a cadena perpetua; los días de la dictadura estaban contados, y el relevo de la monarquía, para tener la mínima credibilidad no podía hacerse con las cárceles llenas de presos políticos'.

Iñaki García también recuerda la tensión y el nerviosismo de los días previos al juicio, entre continuas visitas de sus abogados y familiares, que les transmitían las noticias desde el exterior. 'Nos íbamos a enfrentar con la jerarquía militar del Ejército, con el tribunal que tantas condenas de muerte dictó en la Guerra Civil y en la posguerra. Diariamente lo teníamos presente: el patio que nos asignaron era el tristemente conocido como de las acacias, donde se ejecutaban las condenas dictadas por el tribunal militar. En el paredón eran visibles los remiendos del albañil tratando de ocultar los impactos de las balas', dice.

Este edil de EB en Orio relata también que, un día después del juicio, el tribunal militar les comunicó la sentencia. Él se enfrentaba a 25 años de 'prisión mayor'. Ocho años después, cuando se encontraba recluido en el Puerto de Santa María (Cádiz) junto a otros 180 reclusos reconocidos como presos políticos, recobró la libertad.

Como Iñaki García, por aquel penal pasaron también durante la dictadura otros luchadores contra el franquismo como Ramón Rubial, líder histórico del PSOE, y Lluís Companys, president de la Generalitat de Catalunya. Aquella cárcel fue finalmente clausurada en 1981.

Después de todos aquellos años de lucha antifranquista y cárcel, este edil de Ezker Batua ha proseguido hasta ahora con su actividad política, en la actualidad como concejal de Orio, totalmente ajeno a que su nombre y sus antecedentes aún permanecen fichados en los archivos de la Guardia Civil. La cuestión ahora es saber si guarda los datos de todas las personas amnistiadas y si finalmente se cumplirá esa ley de 1977.