Está planteado casi como un ejercicio de lógica elemental para primer grado, como una ecuación chupada para los alumnos de primaria: puesto que la población envejece y se acabará jubilando la generación del baby boom, el gasto en pensiones aumentará mucho a medio plazo. Solución obvia: si se quiere salvar el modelo público de pensiones, urgen los recortes. Y ya.

No hay país de la Unión Europea aunque en retroceso, aún bastión mundial del Estado del bienestar y de los sistemas públicos de pensiones que no tenga planteado el problema en estos términos simples. La propia Comisión está a la cabeza: a partir de sus estimaciones de envejecimiento, pide el retraso progresivo de la edad de jubilación hasta los 70 años en 2060.

Economistas y sociólogos avisan de que la ideología se disfraza de ciencia

En España, el mayor país de la UE con Gobierno de izquierdas, José Luis Rodríguez Zapatero ha ratificado en el debate del estado de la nación que no tiene intención de separarse de este corpus. Diga lo que diga el Pacto de Toledo, se propone retrasar la edad de jubilación de 65 a 67 años y ampliar la base de cotización de 15 a 25 años para reducir el gasto y hacer así sostenible el modelo.

Y sin embargo, la unanimidad política en Europa en sus instituciones, sus gobiernos y los principales partidos dista mucho de tener el mismo grado entre los expertos. Es fácil encontrar autoridades en línea con la sencilla ecuación de envejecimiento inexorable, ergo reducción de gasto. Pero también hay muchos expertos solventes, con menos voz en el debate público, que sostienen que el problema es más político que demográfico y que no puede plantearse sólo como una cuestión de recortes.

Estos expertos, que apenas tienen capacidad de hacerse oír entre el griterío monocorde, pertenecen a tradiciones académicas muy distintas, que van desde la clásica hasta la crítica, pasando por la socialdemócrata. Pero coinciden en que hay otra forma de sostener las pensiones.

Piden una respuesta más amplia que tenga en cuenta la equidad

'Este es uno de los debates más sesgados que he visto nunca', lamenta Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública en la Universidad del País Vasco y autor de El futuro del sistema de pensiones en España (Instituto de Estudios Fiscales, 2003). Y añade: 'Se están aceptando como hechos incontestables posiciones puramente ideológicas'.

Zubiri, adscrito a una tradición académica ortodoxa alejada de radicalismos, está indignado: 'Y encima se ligan los cambios a la actual crisis cuando las pensiones no tienen absolutamente nada que ver con la crisis actual. ¡Es el acabose!'.

Las reformas avanzan en toda la UE en la misma dirección

Juan Torres, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, acaba de publicar, junto al catedrático de la Pompeu Fabra (UPF) Vicenç Navarro, un pequeño manual para contrarrestar la ola supuestamente científica que empuja hacia los recortes inmediatos. El título del trabajo, que reparte la ONG altermundista Attac, es elocuente: ¿Están en peligro las pensiones públicas? Las preguntas que todos nos hacemos. Las respuestas que siempre nos ocultan.

Según Torres, 'cuando el Gobierno, la patronal, los bancos y los economistas liberales hablan de pensiones, razonan al revés'. 'Primero habría que reflexionar sobre qué parte del PIB se considera adecuada para garantizar una vida digna de los jubilados y luego estudiar cómo alcanzar la financiación necesaria. En cambio, los defensores de reducir las pensiones toman como límite un determinado gasto como porcentaje del PIB y estudian qué hacer para que no aumente'.

Valeriano Gómez, ex secretario general de Empleo con Jesús Caldera y miembro del Consejo Económico y Social (CES), considera que, siendo cierto que el progresivo envejecimiento supone un reto 'crucial', las reformas no pueden limitarse a los recortes.

Nadie niega que el modelo pueda entrar en crisis si no se hacen retoques

Gómez coincide con Gøsta Esping-Andersen, catedrático de la UPF y gran experto en el modelo nórdico, quien sostiene que las reformas están mal planteadas porque no se centran en la equidad y en las razones de fondo.

Esping-Andersen, que fue durante años asesor de los socialistas Pasqual Maragall y Antoni Castells, acaba de publicar el imprescindible Los tres grandes retos del Estado del bienestar (Ariel), en el que aporta soluciones desde una izquierda sin dogmas, basadas en un modelo público eficiente.

La tasa de empleo de mujeres de más de 55 años es la mitad que en Suecia

Otra economista que rema contracorriente con respecto al consenso institucional es Miren Etxezarreta, catedrática emérita de la Universidad Autónoma de Barcelona y coautora de ¿Qué pensiones, qué futuro? El Estado del bienestar en el siglo XXI (Icaria, 2010). 'El debate está planteado sobre una gran cantidad de trampas y de verdades a medias, encaminadas siempre a recortar derechos y fomentar las pensiones privadas', opina.

Ninguno de estos expertos cualificados niega que las pensiones públicas estén amenazadas. Pero al discrepar de la ecuación elemental que domina el debate público en la UE, ofrecen vías alternativas al simple recorte para reforzar el modelo público. Lo que sigue son algunas de sus propuestas para otro tipo de reformas.

Puede parecer una provocación, pero Esping-Andersen lleva muchos años estudiándolo: 'La reforma de las pensiones debe empezar con los bebés y las guarderías'.

La secuencia de Esping-Andresen es la siguiente, ya muy demostrada en los países escandinavos: una buena red de guarderías públicas aumenta la tasa de ocupación, tanto por la contratación de educadores como por la facilidad de conciliación de madres y padres, lo que aumenta las cotizaciones.

La mejoría es especialmente importante en la tasa de ocupación femenina, que en España se sitúa en apenas el 56,3%, seis puntos por debajo de la media europea. Y a casi 20 puntos de Suecia.

Además, las guarderías contribuyen al aumento de la tasa de fecundidad, otro elemento clave para las pensiones. Y la atención profesionalizada a los niños, añade Esping-Andersen, mejora el futuro capital humano para avanzar hacia una economía eficiente: de nuevo un punto básico para las pensiones.

España tiene en este terreno un larguísimo campo por explorar: el gasto público en ayudas a la familia está por debajo del 60% de la media europea y el déficit de plazas de guardería pública en ciudades como Madrid llega en ocasiones al ratio de 100 demandas por cada plaza.

'Se requieren políticas de muy diverso tipo para hacer viable el modelo público de pensiones', admite Valeriano Gómez. Y añade: 'Pero si hubiera que elegir una sola política crucial, una y solamente una, habría que elegir el incremento de las escuelas infantiles de 0 a 3 años. Es sin duda la más importante para las pensiones y para todo el Estado del bienestar en su conjunto'.

¿Por qué entonces nunca se habla de guarderías en el debate sobre las pensiones? 'Es un misterio increíble', responde Esping-Andersen.

'No tenemos un problema con el sistema de pensiones, sino con el mercado de trabajo', apunta Miren Etxezarreta, quien añade: 'Lo que es insostenible no es que cada vez vivamos más años, una magnífica noticia, sino tener 4,5 millones de parados. A eso habría que dedicar pues todo el esfuerzo del Gobierno'.

El modelo público de pensiones descansa en el mercado de trabajo: los trabajadores de hoy cotizan para pagar a los jubilados, quienes años atrás pagaron a los de la generación precedente. Por tanto, elevar la tasa de ocupación, que en España está en el 63%, seis puntos por debajo de la media de la UE y a 15 puntos de Suecia, es básico para las cotizaciones y las pensiones.

'Las pensiones públicas están en peligro, pero no por las razones que apuntan los liberales, sino justamente porque se aplican las políticas que ellos proponen', sostiene Torres. 'Lo que amenaza las pensionesagrega es la falta de empleo, el empleo precario, los salarios bajos, etcétera'.

Los economistas de izquierdas advierten de que el duro ajuste impulsado por el Gobierno, con la prioridad de reducir el déficit público, impide que se explore una respuesta keynesiana como la de Barack Obama, que aumente el peso del Estado también como generador de empleo.

Los impulsores del ajuste admiten que el adelgazamiento retrasará la salida de la crisis, pero consideran que es imprescindible para que las bases de crecimiento sean sólidas y generen empleo estable.

España tiene también aquí mucho camino por recorrer, según Eurostat: su tasa de paro es la peor de toda la UE (18%), el doble de la media (8,9%).

¿Tiene España alguna posibilidad de romper esta especie de maleficio del paro? Zubiri está convencido de que sí. 'Entre 1975 y 1990, España creció mucho pero apenas generaba empleo y se movía siempre en un nivel de 12 o 13 millones, lo que ponía en duda la capacidad del país de crear empleo', explica el catedrático.

Fue precisamente con base a esta supuesta incapacidad que se elaboraron en la década de los noventa las estimaciones que auguraban la inminente quiebra del sistema público de pensiones. 'Pero a partir de mediados de la década de 1990 todo cambió: aumentó la tasa de actividad y se ha pasado de 13 millones de empleos a 20 millones. Ya está claro que España es capaz de crear empleo y esto es mucho más importante para las pensiones que la natalidad', concluye.

Ajá: ¿los que defienden reformas alternativas admiten que no hay más remedio que retrasar la edad de jubilación? No necesariamente: en lo que están todos de acuerdo es en que hay que cotizar más años sin que ello implique a la fuerza jubilarse después de los 65.

La tendencia contraria, la que va hacia la reducción del tiempo de cotización, es especialmente clara en España, el país de la UE en el que los jóvenes entran más tarde al mercado laboral y también uno de los que expulsa antes a los veteranos. Ambos fenómenos, juntos, pueden ser letales para el modelo: menos años cotizando, más años cobrando pensión.

'Si el Gobierno quiere mejorar las pensiones, ¿por qué no presenta un plan de medidas de empleo para que los jóvenes empiecen a cotizar antes? ¿Por qué se tolera este altísimo paro juvenil?', se pregunta Etxezarreta.

La tasa de ocupación es también significativamente baja entre las mujeres de 55 a 64 años: está apenas en el 32,3%, cuando en Suecia alcanza el 66,7%. 'Acabará mejorando porque entre las jóvenes ya no es así, pero en este punto aún sigue pendiente culminar la Transición. Y si queremos mejorar las pensiones, tenemos que mejorar la tasa de actividad de las mujeres de más de 45 años', recalca Gómez.

En España, la edad legal de jubilación es de 65 años, pero la real se sitúa en 62,6 años. El dato es bueno la media de la UE está en 61,4 años y además se ha retrasado dos años entre 2001 y 2008.

Sin embargo, la cifra oculta una realidad menos optimista: en 2010, sólo el 59,74% de los que se jubilan está dado de alta en una empresa. Más del 40% llega a la jubilación por otras vías, sin cotización, la más importante de la cual (11,25%) es el paro. Es decir, en realidad abandonan antes el mercado de trabajo.

Evitar la expulsión prematura del mercado laboral es una de las preocupaciones comunes entre los economistas que quieren preservar el modelo público de jubilaciones. Pero no necesariamente coinciden en las recetas.

Mientras que críticos como Torres proponen 'desincentivar las prejubilaciones y sancionar a los empresarios que las utilicen como ahorro de puestos de trabajo o salarios', Esping-Andersen pide esfuerzos también a los sindicatos: por ejemplo, que las mejoras salariales se desvinculen de la antigüedad. Así se evitaría, opina el sociólogo, que los trabajadores más caros sean los que ya no están en su apogeo productivo y, por tanto, sean a ojos del empresario carne de prejubilación.

Esping-Andersen y otros expertos de la escuela socialdemócrata no se cierran a retrasar la edad de jubilación. Pero rechazan la fórmula universal: sugieren explorar una edad legal de jubilación a la carta, 'en función de los ingresos acumulados en la vida laboral'. A mayores ingresos, jubilación más tardía.

La lógica de la propuesta es de equidad y viabilidad: hay suficiente evidencia empírica que prueba que la probabilidad de vivir más años tras la jubilación y, por tanto, de cobrar pensión es muy superior para los más ricos.

Según el catedrático Vicenç Navarro, la diferencia de esperanza de vida entre los ciudadanos del segmento de renta superior y los del inferior es de 15 años en EEUU y de 7 en la UE. La media la sitúa en 10.

'Es injusto pedir a un trabajador no cualificado que continúe trabajando dos años más (y algunos piden cinco) para pagar las pensiones de un banquero que le sobrevivirá diez años', ha escrito Navarro.

España es el país de la UE con mayor esperanza de vida tras los 65 años: el primero para las mujeres (21,94 años) y el segundo para los hombres (17,97).

En el modelo actual, la cotización de las rentas altas es superior a la de las bajas. Pero hay un tope: nadie, por rico que sea o por estratosférica que sea su nómina, paga una cotización superior a los 3.198 euros.

'En el fondo es un sistema muy regresivo, que sólo beneficia a los fuertes del mercado laboral. ¿Por qué tiene que existir este tope de cotización?', se pregunta Esping-Andersen.

'El tope máximo es muy bajo le secunda Etxezarreta. Si los salarios altos cotizaran de forma realmente progresiva, el aumento de los ingresos del sistema iría muy bien para reforzarlo', apunta.

CCOO estima que más del 30% de la masa salarial de los tramos superiores queda completamente fuera de la cotización y, por tanto, se ve liberado de contribuir al sostenimiento de las pensiones.

'¿Dónde está escrito que las cotizaciones deben financiar el sistema de pensiones?', se pregunta Zubiri. Y plantea otra pregunta retórica: '¿Por qué tenemos un modelo público? ¿Sólo por eficiencia?'.

Su respuesta: 'El sector público no tiene por qué actuar como una empresa privada, sino que su objetivo debe ser conseguir los niveles de bienestar decididos socialmente. Por tanto, lo lógico sería que las pensiones se financiaran con impuestos'.

Así sucede ya parcialmente en otros países europeos. En España, el margen es muy superior al de la mayoría de sus socios porque su presión fiscal es menor: recauda en impuestos el equivalente al 33,1% de su PIB, cuatro puntos por debajo de la media de la UE.

La diferencia con los países que tienen un sólido Estado del bienestar es abismal: Dinamarca recauda el equivalente al 48,2% de su PIB; Suecia, el 47,1%... Y ocho países de la UE superan el 40%.

'No se puede abordar la reforma de las pensiones sin una reforma fiscal profunda', opina Zubiri, catedrático de Hacienda Pública. 'Lo que realmente necesita cambios urgentísimos es el modelo fiscal y aquí nos jugamos nada menos que el Estado del bienestar. ¡Pero en esto no veo urgencias!', lamenta.

Este es el punto que más indigna a Etxezarreta: '¿Alguien me puede explicar por qué las pensiones no se financian como cualquier otro servicio del Estado; es decir, a través de los presupuestos?'.

La catedrática emérita considera que la conexión entre las cotizaciones y las pensiones a través de un presupuesto propio que necesariamente debe estar equilibrado es 'una de las grandes trampas' del debate planteado.

Sus ejemplos son rotundos: 'Por la misma regla de tres, los soldados deberían cotizar para que exista el ejército. ¿Y por qué no inventamos cotizaciones para que los monárquicos financien a la monarquía?'.

En su opinión, y en ellocoincide con Torres, la financiación de las pensiones debería proceder del presupuesto público, como todo servicio de la Administración. La separación de las cuentas de la Seguridad Social y el imperativo de autofinanciarse fueron en su opinión 'un error' en el que cayeron los sindicatos.

'Puede estar bien para evitar que el Estado chupe de la Seguridad Social para otras cosas. Pero es muy grave que no se blindara la hipótesis contraria, por lejos que aún estemos de ella: ¿qué pasaría si alguna vez la Seguridad Social tuviera déficit? ¿Por qué se aceptó el imperativo de un presupuesto equilibrado para las pensiones y no para el ejército o la monarquía?'.

A menudo cuando se habla de mejorar la productividad se asocia a facilitar las exportaciones o a hacer las empresas más rentables. Pero su mejora es también un elemento clave para las pensiones, subrayan los expertos.

En la década de 1950, el gasto en pensiones en España suponía apenas el 3% del PIB. Ahora se acerca al 9% y no por ello el modelo es menos sostenible: el truco es el aumento de la productividad. Y por ello, a catedráticos como Juan Torres no les preocupa que la cifra llegue al 15% en 2060.

Su explicación: 'Supongamos que el crecimiento anual de la productividad es un 1,5%, que incluso el Banco de España admite como razonable. En este caso, el valor del PIB español será 2,23 veces mayor que en 2007. Ello quiere decir que si consideramos el valor del PIB de 2007 como 100, el de 2060 sería de 223. Pues bien, el número de recursos para los no pensionistas en el año 2007 fue de 100 menos 8,4 (la cantidad que nos gastamos aquel año en pensionistas). Por tanto, 91,6. En 2060 los recursos a los pensionistas serían el 15,1% de 223, es decir 33, lo que daría para los no pensionistas 223 menos 33. Es decir, 192: ¡más del doble que en 2007!'.

Si mejora la productividad, doblar el gasto en pensiones no supone per se una amenaza científica. Que lo sea o no también depende de la política.