¿Participan los ciudadanos en la toma de decisiones? A bote pronto la respuesta sería no. Instituciones cuyos miembros no han sido elegidos por los ciudadanos son, cada vez más, las encargados de decidir. La política presupuestaria española está sujeta a la estrategia común de los países de la zona euro. El Banco Central Europeo (BCE) marca directrices a los estados para garantizar la estabilidad de la eurozona. El Tribunal Constitucional tiene que pronunciarse sobre la constitucionalidad del Estatut, aprobado por el Parlamento y los ciudadanos en Catalunya. La cuestión es si estas instituciones limitan la democracia actual.

Tres instituciones 'se sobreponen a la aplicación de la regla de la mayoría o se alejan del criterio de representatividad', según el profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, Pablo de Lora: 'La monarquía, el Tribunal Constitucional cuando decide recursos de inconstitucionalidad, y la propia Constitución en cuanto resulta extremadamente difícil su modificación'.

La existencia de estas instituciones no representantivas y su preeminencia en la toma de algunas decisiones, explica Lora, tiene que ver 'con la mejor y mayor garantía de otros derechos valiosos y con la propia estabilidad institucional'. Aunque cree que el TC y la Constitución han jugado un papel importante, entiende que a día de hoy tal vez se pueda 'funcionar institucionalmente sin esa andadera. Y más aún sin la existencia de una Jefatura del Estado que sigue un dictado genético y no basado en el consentimiento de los ciudadanos'.

'El TC es el único que puede cambiar el criterio de la mayoría'  

La única institución de este tipo en sentido estricto, según el catedrático de Derecho Constitucional Roberto Blanco, es el Tribunal Constitucional porque 'es el único que puede cambiar el criterio de la mayoría; que puede funcionar como un legislador negativo'. Este órgano, dice, ha tenido 25 años muy buenos, 'con un alto rendimiento institucional y se ha pronunciado sobre materias importantísimas', y cinco últimos malos.

Más que contramayoritarias, el abogado José María Ruiz Soroa defiende la denominación de 'instituciones para la reflexión', que están al margen del juego político cotidiano. Estas instituciones, afirma Ruiz Soroa, tienen un doble papel: 'Aportan reflexión al proceso político y lo introducen en un tiempo distinto del puramente electoral'. En las sociedades actuales, sostiene, 'la política tiende a acelerarse y a perder calidad'.

En su opinión, la insatisfacción que hay con el funcionamiento de nuestras democracias 'no se debe a la existencia de demasiadas instituciones liberales o contramayoritarias. Al contrario, estas se han dejado invadir por un exceso de democracia'. Y concluye que 'el sistema funciona mal porque no estaba diseñado para este exceso partitocrático'.

'Se ha convertido en un siervo del Parlamento y de las mayorías políticas partidistas que hay en cada momento'

Como muestra se detiene en el 'patente' mal funcionamiento del Tribunal Constitucional, que 'se ha convertido en un siervo del Parlamento y de las mayorías políticas partidistas que hay en cada momento'. Una práctica que se ha extendido a otros órganos como el Consejo General del Poder Judicial, y los reguladores, como el Tribunal de la Competencia y el Consejo de Seguridad Nuclear. 'Todos ellos han sido colonizados por la política partidista y han dejado de funcionar con independencia. Lo que habría que reclamar es verdadera independencia y no que desaparezcan', concluye Ruiz Soroa.

El problema de la sociedad actual es, según el profesor de Sociología de la Universidad Complutense Ignacio Sánchez-Cuenca, que los ciudadanos han perdido capacidad de autogobernarse a través de los representantes políticos por el 'progresivo debilitamiento de las instituciones representativas, que se ven socavadas por la proliferación de agencias reguladoras, tribunales activistas que invaden competencias políticas, bancos centrales independientes e instituciones supranacionales'. Estas, afirma Sánchez-Cuenca, alejan al sistema del ideal democrático que persigue maximizar el grado de acuerdo entre las preferencias individuales y las decisiones colectivas

Los expertos coinciden en situar al Tribunal Constitucional en el grupo de las instituciones contramayoritarias que funcionan en España. El profesor de Filosofía de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid Juan Carlos Bayón se pregunta por qué 'se considera obvio que el último intérprete de la Constitución sea el TC cuando en otros países no es así y funcionan perfectamente. Considera que 'es discutible que la última palabra la tengan los jueces' en asuntos constitucionales. Sin embargo, esto no implica que deba desaparecer el TC, ya que enriquece los términos del debate.

La interpretación de la Constitución 'en condiciones ideales' debería recaer en el Parlamento

La existencia del Constitucional es incuestionable para Ruiz Soroa, quien subraya que no existe un ejercicio limitativo por parte de estos órganos en Europa: 'Desde la Segunda Guerra Mundial, casi todos los países tienen su tribunal o consejo constitucional. En ningún caso se ha dado un problema de tribunales que hayan limitado la democracia o retardado procesos políticos'. En el caso español, pone como ejemplo la sentencia del TC sobre la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) o la invalidación de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como de 'la patada en la puerta'.

Para De Lora, en cambio, la interpretación de la Constitución 'en condiciones ideales' debería recaer en el Parlamento como institución más representativa. 'Así ocurre en estados tan poco sospechosos de avasallar a los ciudadanos y a las minorías como Canadá, Nueva Zelanda, Holanda'. En este sentido, Sánchez-Cuenca aboga por abrir el debate para que no se den por supuesto los principios liberales y se recupere el funcionamiento del sistema democrático.