Si el Gobierno socialista finalmente aprueba un impuesto para los ricos, los españoles lo aplaudirán sin pestañear. No importa el color político, ya que el respaldo a la medida sería abrumador. Así lo refleja el último Publiscopio, elaborado a partir de 800 entrevistas realizadas entre el 17 y el 19 de mayo. El estudio muestra que el 86,1% de los ciudadanos está de acuerdo con que se aumenten los impuestos a las grandes fortunas. La medida contaría con un rechazo del 7,1%.

El presidente José Luis Rodríguez Zapatero solemnizó el jueves en la VI Cumbre UE-América Latina el anuncio de que el Gobierno emprendería un retoque de la fiscalidad para gravar más 'a los que realmente tienen más'. Con ese guiño a la izquierda, intenta calmar a su electorado. Los datos reflejan que esa demanda existe: el 93% de los votantes del PSOE quiere que suban los impuestos para los más ricos, y apenas un 3% se opone. No obstante, la iniciativa contaría hasta con la aprobación de las bases del PP: un 76% la apoya y otro 14% la repudia. Sin embargo, la dirección de los conservadores es contraria a todo aumento de los tributos.

El 76% de las bases del PP reclama que tributen más las grandes fortunas

Otra de las fórmulas que se han barajado para penalizar fiscalmente a los más ricos es la recuperación del Impuesto de Patrimonio, eliminado en 2008. Según el Publiscopio, un 44,3% de los ciudadanos avala su rescate, mientras que un 35,2% no lo ve oportuno. En este aspecto sí hay mayor división ideológica: el 54% de los electores socialistas aprueba la reposición del impuesto, un porcentaje que cae al 34% entre los votantes del PP.

El consenso ciudadano alcanza asimismo a las vías para presionar a la banca. Un 66,4% se declara a favor de eliminar toda ayuda a las entidades bancarias. La medida recaba el apoyo tanto de las bases del PSOE (71%) como de las del PP (60%). Además, más de la mitad de los españoles un 52% comparte que se graven las transacciones financieras, una idea que apoya el Ejecutivo pero que sólo ve viable para toda la UE. El 21,5% entiende que no sería conveniente.

Siete de cada diez ciudadanos quiere que se vayan las tropas de Afganistán

Los españoles no quieren que se rebaje la protección social a los desemplados. El Gobierno se ha negado a meter la tijera en esta partida. Hacerlo sería muy impopular: un 78% rechaza que se reduzcan las ayudas a los parados y sólo un 16% aceptaría esos recortes. De nuevo, no hay fisuras entre los votantes de PSOE y PP. Ambos se oponen a esa medida.

Economistas y políticos de izquierdas también han propuesto otras opciones para adelgazar el déficit. Una, la retirada de tropas de Afganistán, que apoya el 68,3% de los encuestados y rechaza el 16%. Y dos, la reducción de las ayudas a la Iglesia católica. En la campaña de la renta de 2009, los obispos ingresaron 253,4 millones de euros, procedentes de la casilla de la declaración del IRPF. Esa cantidad supone un 5% del total de 6.350 millones que recibe la Iglesia del Estado. Pues bien, un 66,7% está de acuerdo con que disminuyan las ayudas al episcopado. Un 23% no lo comparte. En este caso, se percibe una fractura ideológica: el 78% de los electores socialistas respalda el tijeretazo a la Iglesia, por un 36% de los conservadores.

El Gobierno descartó la posibilidad de vender más caros los medicamentos. Acertó, según el sondeo, ya que el 45,7% se niega a tal medida.

Hay acuerdo con los recortes del Ejecutivo, pero no en las medidas

Sí hay acuerdo en la necesidad de suprimir la exención de impuestos de la Loteríaun 54% lo ve bien. El cierre de filas es incontestable cuando se pregunta por la rebaja de los sueldos de los políticos: el 91,9% exige que se haga.

El Publiscopio pregunta también por lo que ya es un hecho, el plan antidéficit del Ejecutivo. Los datos constatan dos cosas: los ciudadanos entienden que el ajuste es necesario, pero no creen que se hayan tomado las iniciativas más oportunas.

Esa es la traducción de los números. El 81,3% piensa que había que atajar ya el desfase presupuestario, y sólo un 9,2% cree que no urgía. La conciencia de que era conveniente meter la tijera alcanza más a los votantes del PSOE (87%) que a los del PP (79%). El 48,2%, no obstante, no comparte el contenido de las medidas. Aquí hay más identificación idelógica: el 57% de los militantes socialistas está de acuerdo con todas ellas y el 63% de los fieles del PP ofrece su rechazo.

De las seis principales vías de recorte del déficit planteadas por el Ejecutivo, la que suscita más consenso es la reducción de 1.200 millones de autonomías y ayuntamientos. Un 75,8% da su beneplácito.

El 58% no estaría de acuerdo con una convocatoria de huelga general

Por el contrario, la medida más contestada es la congelación en 2011 de las pensiones, salvo las mínimas y las no contributivas. El 70,8% estima que no es oportuno. El rechazo es mayor entre los votantes conservadores (78%) que entre los socialistas (63%). Tampoco convence a más de la mitad de los sondeados la reducción en 800 millones de la ayuda al desarrollo.

Las tres grandes iniciativas restantes sí reciben apoyo general. Sucede así con el recorte de 6.000 millones en inversión pública del Estado el 48,5% entiende que es correcto hacerlo como con la supresión del cheque bebé de 2.500 euros a partir de 2011 apoyada por el 48,1%. La rebaja en un 5% de media del sueldo de los 2,6 millones de funcionarios tampoco encuentra una respuesta negativa. De hecho, la avala un 54,6%.

La última parte del Publiscopio se destina al acuerdo o rechazo hacia una huelga. El 52,3% se manifiesta contrario a una protesta de funcionarios, y algo más de un tercio (36,5%) la ve razonable.

Los sindicatos creen cada vez más cerca una huelga general. Sin embargo, un 58,1% de los ciudadanos no está de acuerdo (un 33,5% la respaldaría). Los votantes del PSOE son más reticentes (68%) que los simpatizantes del PP (47%).