El president valenciano, Francisco Camps, y los otros tres altos cargos imputados por presunto soborno tras aceptar regalos de la trama Gürtel, se sentarán en el banquillo de los acusados antes de las elecciones autonómicas de mayo de 2011. Con la idea de un adelanto electoral flotando en ámbitos conservadores valencianos pero ya descartada por Mariano Rajoy, a Camps le espera un calvario de duración incierta aunque larga. Tanto los socialistas como los juristas consultados por Público coinciden en que el PP recurrirá cada nuevo paso del juez instructor del caso de los trajes, José Flors. Pero creen que el juicio se celebrará en todo caso antes de los comicios, dado que la fase de diligencias previas ya ha finalizado.

En contra de lo que sostiene el PP desde que el Supremo ordenó el miércoles la reapertura del caso, Flors ya tiene por imputados a Camps y los otros tres implicados: la reapertura significa proseguir la causa a partir del punto en que quedó cuando el Tribunal Superior de Valencia (TSJCV) le dio carpetazo en agosto de 2009 gracias al voto de Juan Luis de la Rúa, su presidente y juez amigo de Camps.

Flors ya tiene por imputado a Camps y no necesita notificárselo otra vez

Ese punto es el auto dictado el 6 de julio de 2009 por el instructor del caso, José Flors, y las actuaciones de él derivadas. En esa resolución, Flors ordenaba iniciar los trámites para celebrar un juicio con jurado. Al devolverle el Supremo plena validez, la recobran igualmente las actuaciones posteriores que desarrollan el contenido de esa resolución.

Y de esas actuaciones posteriores, la fundamental es otro auto, este dictado el 17 de julio y donde Flors inicia ya los trámites para preparar el juicio. En ese segundo dictamen, el juez define de forma expresa como 'imputados' a Camps y los otros tres receptores de trajes, abrigos, corbatas y demás prendas de vestir pagadas por la red corrupta: Ricardo Costa, diputado y ex secretario general del PP valenciano; Víctor Campos, ex vicepresident de la Generalitat; y Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de Turismo. En otras palabras: el juez Flors no tiene que imputarlos de nuevo, dado que Camps y sus correligionarios ya poseen esa condición desde que prestaron declaración asistidos por sus abogados.

El juez pidió en julio más pruebas y, tras la reapertura del caso, las tramitará ahora

¿Por qué, entonces, el vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, proclaman que Camps no está imputado? 'Porque ganan tiempo y logran confundir', responde una fuente jurídica ajena al caso. 'Juegan con el hecho de que el auto de apertura de juicio no existe aún pero, cuando lo haya, Camps, ya no será imputado sino acusado, que es mucho más', apunta otra fuente ligada a la magistratura. Ayer, Público intentó contactar con Federico Trillo, portavoz de Justicia del PP, para recabar su versión como jurista sobre el asunto. El intento resultó fallido.

A partir del auto del 17 de julio, y una vez concretada la imputación exacta del delito de cohecho impropio durante la comparecencia que imputados y acusaciones realizaron ante Flors el 15 de julio de 2009, el juez debe ahora recabar las nuevas pruebas acordadas. En total, son siete, todas ellas documentales y relacionadas con los trajes salvo una: la que, siguiendo el modelo de los suplicatorios, requiere al secretario de Les Corts Valencianes que certifique cuándo tomó posesión como diputado Ricardo Costa. A las empresas que deben aportar tiques y facturas sobre los trajes, el juez les advierte de que incurrirán en delito de desobediencia si desoyen el requerimiento.

Seis diligencias se refieren a los trajes, y una a verificar que Costa es diputado

Tanto la fiscalía como el PSOE, que ejerce la acusación popular, pidieron otras pruebas que Flors denegó. De practicarse, esas diligencias habrían roto el corsé del cohecho impropio, la modalidad más leve de soborno y castigada con multa. Anticorrupción y los socialistas querían que Flors reclamase al juez principal del caso Gürtel, Antonio Pedreira, toda la documentación relativa a Valencia. Flors se negó.

De haber aceptado la solicitud de las acusaciones, se habría abierto dentro del mismo caso de los trajes la vía rápida para investigar los más de 14 millones de euros en contratos públicos de Orange Market. Y para investigar ya un aspecto indisolublemente ligado al anterior: si, como sostienen la policía y Hacienda, el PP valenciano ocultó al fisco 2,5 millones en las elecciones de 2007. Una vez practicadas las nuevas diligencias y si el juez no ordena realizar más, las partes defensa y acusaciones elevarán sus respectivos escritos y se celebrará la llamada audiencia preliminar. Y, salvo en la remota hipótesis de que Flors opte en ese momento por sobreseer la causa, comenzará la recta final hacia la vista. El auto de apertura de juicio oral no es susceptible de impugnación, pero la ley concede a los acusados un amplio abanico de maniobras dilatorias: desde alegar vulneración de derechos fundamentales a impugnar los medios de prueba propuestos por las acusaciones.

A partir del auto de apertura de juicio oral, el juez Flors se apartará del proceso y tomará las riendas el magistrado encargado de dirigir el juicio, en este caso, Juan Climent, de tendencia progresista.