El juez Antonio Pedreira, que instruye la trama Gürtel, ha solicitado a la Abogacía General de la Generalitat Valenciana que le identifique a 17 cargos de distintos departamentos del Ejecutivo de Francisco Camps que contrataron con empresas relacionadas con la trama de corrupción investigada, según informó hoy el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

A instancias de la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado pide la identidad de quienes fueron, desde el año 2004 al año 2009, los máximos responsables en la Presidencia de la Generalitat; Vicepresidencia; Consellería de Justicia; Consellería de Territorio y Viviendas; Consellería de Infraestructuras y Transporte; y la Consellería de Turismo, y, en su caso, el cargo que desempeñan en la actualidad.

Asimismo, la justicia pide que se identifique a los cargos que ocupaban la Consellería de Cultura, Educación y Deportes; Consellería de Bienestar Social; Consellería de Sanidad; la Agencia Valenciana de Turismo; Instituto Valenciano de Evaluación; y la Agencia Valenciana de Salud.

La Generalitat ve 'desproporcionado' el informe de la Unidad de Auxilio Judicial 

Además, solicita la identificación de los altos cargos de las empresas Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos S.A; Fundación de la Comunidad Valenciana la Luz de las Imágenes; Proyecto Cultural de Castellón, S.A; Seguridad y Promoción Industrial Valenciana; SEPIVA S.A y SG para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana.

Por su parte, la Generalitat valenciana ha asegurado que, hasta la fecha, ha enviado toda la información requerida y que lo seguirá haciendo 'con total celeridad y transparencia'. Así, indicó que todos los contratos se remitieron en su día por parte de la Abogacía General de la Generalitat a las instancias judiciales tanto de Madrid como de la Comunitat Valenciana.

'Basta ya a la difamación y a la utilización partidista'

Asimismo, la Abogacía y la Intervención de la Generalitat valenciana defendieron la legalidad de las contrataciones realizadas por el Consell y criticaron el informe de la Unidad de Auxilio Judicial solicitado por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que investiga el 'caso Gürtel' por 'extralimitarse en sus apreciaciones' y presentar unas conclusiones 'desproporcionadas, infundadas e incluso falsas'.

Los representantes de ambos órganos, Isabel Villalonga, abogada general, y Salvador Hernándiz, interventor general, comparecieron en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell junto a la portavoz, Paula Sánchez de León, para decir 'basta ya a la difamación' y a la 'utilización partidista' de los datos sobre contratación del Consell y 'trasladar a la opinión pública la honestidad y legalidad de toda la actuación de un gobierno y de toda una administración que no vamos a consentir que se difame'.