Primero fue el Ministerio de Cultura a instancias del Tribunal Supremo. Más tarde el Tribunal Constitucional en dos ocasiones. Y ahora la Audiencia Nacional, a través de un auto fechado el 9 de abril y que trascendió ayer. Las tres instancias han puesto freno al plan del Ayuntamiento de Valencia de derruir cerca de 600 edificios de alto valor histórico en el barrio de El Cabanyal. Un proyecto que Cultura paralizó, tras calificarlo de 'expolio patrimonial', el 29 de diciembre a través de una Orden que el consistorio recurrió ante la Audiencia Nacional, a la que solicitó su suspensión cautelar.

Esta última medida ha sido denegada ahora por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal a través de un auto en el que insta al equipo de Gobierno de Rita Barberá (PP) 'a la suspensión inmediata de la ejecución' del plan urbanístico que prevé derruir El Cabanyal para prolongar una avenida, 'en tanto se lleve a cabo una adaptación que garantice la protección de los valores histórico artísticos que motivaron la calificación como conjunto histórico'.

El texto señala que, de no ser así, 'podrían producirse perjuicios irreparables en dicho patrimonio histórico'. Tras este auto, queda pendiente que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre la totalidad del recurso presentado por el consistorio.

La decisión judicial fue recibida con enorme satisfacción por Salvem El Cabanyal, plataforma que se opone a las demoliciones. Para su portavoz, Maribel Doménech, supone 'un nuevo varapalo jurídico para Barberá, que se ha declarado insumisa a la legalidad vigente'. También denunció que la alcaldesa ya conocía el auto este lunes, cuando aprobó 18 licencias de derribo 'que serían nulas de pleno derecho'.

Barberá no se pronunció sobre este tema, aunque sí cargó contra la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, a la que conminó a presentarse 'como alcaldesa de Valencia si lo que pretende es hacer un planteamiento nuevo para El Cabanyal'.