El desgaste no ha concluido. La credibilidad y el prestigio del Tribunal Constitucional (TC) se agrieta algo más. La nueva demora acordada ayer hará crecer la hostilidad hacia un alto tribunal que no encuentra solución al laberinto del Estatut de Catalunya. Un TC, además, que a finales de este año tendrá a siete de sus 11 magistrados con su mandato caducado. Todo ello con unas elecciones autonómicas catalanas a la vuelta de la esquina, posiblemente en otoño. Para entonces, es posible que el futuro del Estatut, que es tanto como decir el futuro de Catalunya, siga en el aire.

El PP se opondrá 'categóricamente a cualquier reforma estatutaria que no cuente con un grado de consenso como el que ha permitido la aprobación y la reforma de los estatutos de autonomía vigentes'. A los conservadores no les hizo falta esperar mucho para marcar para siempre la suerte del nuevo texto catalán. Aquella afirmación procede del 9 de febrero de 2004, cuando el Parlament constituyó la ponencia encargada de estudiar la reforma. La pronunció Gabriel Elorriaga, entonces jefe de campaña de Mariano Rajoy y secretario de Estado de Organización Territorial en el Ministerio de Administraciones Públicas.

El PP cumplió su promesa. El 31 de julio de 2006, con el Estatut ya aprobado en referéndum, interpuso su recurso ante el TC, arguyendo que se había dado el visto bueno a una 'Constitución paralela'. El escrito, de 408 folios, impugnó 114 de los 223 artículos del Estatut y 12 de sus 22 disposiciones. Desde aquella fecha han transcurrido 1.356 días. Casi cuatro años.

La elaboración de la reforma fue trabajosa, dura, pero más rápida. Se prolongó 822 días, desde el 9 de febrero de 2004 hasta el 18 de junio de 2006, cuando los catalanes aprobaron el texto en las urnas. Fue respaldado por el 73,24%, aunque la abstención alcanzó la cota del 51,15%. El Estatut se publicó en el BOE y en el Diari Oficial de la Generalitat el 20 de julio y entró en vigor el 9 de agosto, nueve días después de que el PP recurriera al TC.

Los conservadores no fueron los únicos en cuestionar la reforma. El Defensor del Pueblo y las comunidades autónomas de Murcia, La Rioja, Aragón, Comunitat Valenciana y Balears presentaron su impugnación. Todos los recursos fueron admitidos a trámite.

El TC no pudo comenzar a diseccionar el Estatut de forma inmediata. Antes tuvo que desenmarañar la guerra de recusaciones declarada por el PP y respondida por la Generalitat y el Gobierno central.

El mismo 31 de julio de 2006, los conservadores recusaron a Pablo Pérez Tremps por haber participado en los estudios preliminares de la elaboración del Estatut antes de que el Gobierno lo eligiera como magistrado del Constitucional. En octubre, el tripartito y el Parlament reaccionaron e instaron al TC a apartar al juez conservador Roberto García-Calvo por 'falta de imparcialidad' en el caso. Unos días más tarde, el 7 de noviembre, el tribunal resolvió admitir a trámite la queja del PP y rechazar la llegada desde Catalunya.

Mal preludio. El 5 de febrero de 2007 el pleno del TC acordó recusar a Pérez Tremps. La Generalitat impugnó la decisión. Fracasó. Tampoco logró que se admitiera la recusación de otro magistrado conservador, Jorge Rodríguez-Zapata, por haber realizado otro informe previo sobre el Estatut.

El PP había ganado una pieza estratégica fundamental: apartar a un magistrado progresista. Aún hizo otro movimiento para garantizarse una sentencia favorable: en noviembre de 2006 recusó a la presidenta del TC, María Emilia Casas. Intento frustrado.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sintió la amenaza y promovió en 2007 la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), que sirvió para prorrogar el mandato de Casas y que el PP también impugnó.

En octubre, el Ejecutivo recusó a García-Calvo y a Rodríguez-Zapata por manifestar su 'profunda discrepancia' con la norma. Unos días más tarde, los conservadores movieron la misma ficha y persiguieron la separación de los progresistas Pérez Tremps, Manuel Aragón y Pascual Sala. La recusación del PP fue rechazada el 27 de noviembre. La del Gobierno, estimada en marzo de 2008. El tribunal también reconoció la validez de la LOTC.

Sólo entonces arrancaron las discusiones sobre el contenido del Estatut. Se habían perdido casi dos años.

Los problemas nunca vienen solos. Con el Estatut, menos. En diciembre de 2007 expiró el mandato de los cuatro magistrados designados por el Senado: Casas, Rodríguez-Zapata, Guillermo Jiménez y Vicente Conde. La cercanía de las elecciones generales y el recurso del PP a la LOTC impidieron la renovación.

El tiempo demostró que los obstáculos eran mayores. Dio igual que el tribunal fallara a favor de la ley. Dio igual que Zapatero y Rajoy pactaran el desbloqueo del TC en la Moncloa, en julio de 2008.

Las dificultades vinieron con los candidatos a cubrir las cuatro vacantes que debía designar el Senado y la plaza que dejó libre García-Calvo, fallecido en mayo de 2008. Las comunidades socialistas propusieron a 21 aspirantes. Las autonomías del PP, a dos: Francisco José Hernando y Enrique López, ex presidente del Supremo y ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial. El PSOE los rechazó de plano por sus declaraciones contra el Estatut y los matrimonios gays.

Con la recusación de Pérez Tremps y la muerte de García-Calvo, sólo participan en la discusión del Estatut diez magistrados, cuatro de ellos con el mandato finiquitado. Pero en diciembre de este año la situación se agravará, pues tres jueces –dos progresistas, Eugeni Gay y Elisa Pérez Vera, y uno conservador, Javier Delgado– estarán también en funciones.

Al vicepresidente y nuevo ponente de la sentencia, Guillermo Jiménez, le cumplió su mandato en 2007. Una anomalía más para un Estatut en riesgo que ya ha dado demasiadas vueltas.