El auto del juez José Castro hecho público el martes revela un abultado número de prácticas que Jaume Matas y sus colaboradores llevaron supuestamente a cabo para enriquecerse ilícitamente con la construcción del velódromo Palma Arena. La Fiscalía Anticorrupción denuncia que lograron desviar ilegalmente 41 millones de euros. Durante la investigación del caso afloró también una presunta financiación irregular del PP. Estas prácticas han llevado al ex ministro de Aznar a estar imputado por todos los delitos de corrupción política que recoge el Código Penal.

El presidente Matas y su principal colaborador en la trama, José Luis Ballester, Pepote, diseñaron una estrategia para escapar a cualquier organismo de control. Así, crearon uno a su medida, el Consorcio para la Construcción del Velódromo Palma Arena. Lo integraron la Fundación Illesport, el Govern, el Consell Insular de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma. Sus representantes nunca se reunieron, a pesar de las 22 actas encontradas. Matas tomaba las decisiones que debía aprobar el Consorcio y Ballester falsificaba las actas de las reuniones.

En una de esas primeras reuniones fantasma, Ballester propuso contratar al arquitecto Ralph Schürmann alegando que tenía el respaldo de la Unión Ciclista Internacional y que eso facilitaría la concesión a Palma de la organización del Mundial de Ciclismo en pista que se debía celebrar en 2007, tres años después. 'La adjudicación a dedo es un acto de meridiana ilegalidad, ya que las razones de urgencia posibilitan legalmente una reducción de los plazos de los distintos trámites, pero no el saltárselos deportivamente', afirma el magistrado en su auto.

Fue la Comisión Ejecutiva de Illesport, sin estar facultada para ello, la que prescindió de los servicios de Schürmann alegando que había presentado sólo un 8% de la documentación del proyecto. Illesport puso al frente de la obra a otros dos profesionales que ya habían impuesto desde el principio como colaboradores, los hermanos García-Ruiz, a los que Schürmann describía como amigos de Matas. Cobraron 8,5 millones.

La trama pretendía enriquecerse encareciendo el precio de la obra a través de expedientes de modificado. Para ello, necesitaba de 'un pacto ilícito' con la constructora. A pesar de que era imposible cumplir el plazo de finalización de la obra, la UTE que formaban FCC y Melchor Mascaró concurrió. El juez acusa a Matas de haber pactado todo con el 'máximo responsable' de FCC, al que no cita. En aquel momento, el presidente de FCC era el ex portavoz del PP en el Parlamento Europeo Marcelino Oreja. Antes de que se firmase el contrato de adjudicación, el delegado de FCC en Baleares plantea a José Luis Ballester que el precio ofertado debe ser incrementado en un 20% más un 10% de liquidación final. El motivo, un error de valoración. No hubo problema. Matas aceptó.

La cimentación y estructura del velódromo se licita por 8,5 millones y termina costando 19,5. Es otro ejemplo de colaboración entre Matas y la UTE de FCC y Masqueró, a pesar de que Fomento de Construcciones y Contratas de Baleares no quería entrar en el proyecto. Recibió órdenes de la central en Madrid.

El precio del videomarcador iba a ser de 1.992.000 euros. Al concurso concurrieron dos empresas: Smartvision y Odeco Electrónica. 'Lo curioso del caso es que entre las empresas licitadoras concurren dos con apariencia de ser distintas, pero resulta que sus ofertas, puestas al trasluz, coinciden milimétrica y milagrosamente en los conceptos', denuncia el juez. Finalmente, la adjudicación fue para Smartvision, en realidad filial de Odeco. Además, el director de esta es cuñado de Miguel Romero de la Cerda, administrador de Nimbus Publicidad, empresa que también gestionaba la publicidad del PP.

Pese a una licitación por cinco millones de euros, la cubierta terminó con un coste real de 14,5. La decisión de fijar un precio inferior a seis millones de euros tiene la única intención de evitar su publicación en el Boletín de la Unión Europea, acortándose así los plazos. El juez asegura que 'el surrealismo llega a su punto álgido' al comprobar que, a pesar de salir a concurso la construcción de la cubierta de madera, al final se adjudica una estructura de cubierta de hierro con el objetivo de ahorrar... con el resultado de que el coste final casi triplica el presupuesto previsto .

La UTE gira contra el Consorcio una factura por más de 900.000 euros en concepto de 'ayudas a la carpintería'. La empresa Sander Douma debía haber abonado esa cantidad, pero se la pidió a las constructoras. Nadie controló el números de operarios que trabajaban en estas labores o su cualificación técnica. Eran los hermanos García-Ruiz los que deberían haber abonado esa cantidad y no el Consorcio.

La UTE abonó a la mercantil Tecnoeventos por la lona que cubría parte del techo una cantidad cercana a los 700.000 euros, que inclucía el beneficio industrial y el IVA. Pero al facturar dicho servicio al Consorcio, el precio pasó a ser de 1,8 millones de euros. Según recoge en su auto el juez José Castro, 'se hinchó desproporcionadamente el precio del trabajo', tanto que superó en un 400% la cantidad abonada por las constructoras a su proveedor.

El Consorcio fantasma acordó destinar 87.000 euros a una campaña publicitaria. La cifra fue aportada por Ballester, que realizó el cálculo en dos días, 'siendo todavía más encomiable la diligencia si se tiene en cuenta que los días intermedios eran sábado y domingo', ironiza el juez. Sólo concurrió Nimbus Publicidad. El magistrado dice que hay 'serios indicios' de que la trama llegó a falsificar la firma de la vicepresidenta del Govern, Rosa Maria Estaràs, en una de las actas de las falsas reuniones. El importe de la realización de la maqueta del velódromo triplica el precio real. Nimbus la encargó a una empresa por 27.000 euros y recibió 90.000 de los hermanos García-Ruiz. El juez es claro en su auto: 'Hay facturas por conceptos inexistentes que no corresponden a la prestación de servicio alguno'.

La agencia Nimbus solicitó una donación de 350.000 euros al Institut Balear de Tusime (Ibatur) para la campaña de promoción. 'Que la eficacia de nuestra Administración Pública llegue al extremo de que un escrito presentado un viernes reciba una respuesta afirmativa el lunes siguiente merece sin duda un aplauso, más caluroso aún cuando el importe concedido es de 350.000 euros, que se corresponde justo con la cantidad solicitada', se sorprende el juez Castro.

La investigación del caso Palma Arena ha abierto otras vías que señalan a la financiación irregular del PP. En el registro de Nimbus Publicidad se intervinieron documentos sobre la campaña de las autonómicas de 2007. Su administrador, Miguel Romero de la Cerda, admitió que había cobrado sin factura y en efectivo 71.958 euros del PP. El pago lo realizó Fernando Areal, cuñado de Matas y entonces gerente del PP. Se trataba de no superar los límites que la ley impone a los partidos para las subvenciones de sus gastos electorales.

El 18 de mayo de 2007, el líder del PP, Mariano Rajoy, dio un mitin en el Palma Arena, dentro de la campaña de las elecciones autonómicas a las que concurría su entonces amigo Jaume Matas. Se han encontrado dos facturas, una de 2.726 euros por la limpieza del velódromo, y otra por 1.769 por los servicios de seguridad, que fueron pagadas por Illesport con cargo a los fondos públicos, según refleja el auto judicial.

El gerente del Consorcio y mano derecha de Ballester, Jorge Moisés Marín, consideraba que no estaba bien retribuido. Ballester movió los hilos para que se le encargase un estudio sobre accesibilidad para personas con discapacidad física y cobrase por ello 12.000 euros. No tenía los conocimientos necesarios y era incompatible la realización del informe con su cargo de gerente.

El Govern de Jaume Matas quería crear una radio y una televisión autonómicas. Con esta excusa encargó una consultoría convocando a tres empresas, una sin experiencia alguna y dos que compartían logotipo y mantenían relaciones de colaboración. Sólo aceptó una de ellas. Su administrador ya había cobrado 12.000 euros por un estudio adjudicado a dedo por el Govern. Esa empresa, Estudios Jurídicos y Procesales, ingresó a Matas 31.200 euros en una cuenta a su nombre, cuando dejó de ser president.

La agencia Nimbus giraba a la Conselleria de Relacions Institucionals facturas mensuales por un valor de 4.591 euros 'sin la contraprestación de servicio alguno'. Era un favor personal que Miguel Romero, el administrador de la agencia, hacia el Govern para poder pagar a Antonio de Padua Alemany, amigo de Matas y redactor de sus discursos. El entonces director general de Comunicació, Joan Martorell, afirmó en su declaración judicial: 'El president dijo que a lo que pidiera Alemany no se le pusieran pegas'. La página web Libertad Balear, propiedad de Alemany, fue subvencionada con fondos públicos.

José Luis Ballester ofreció la adjudicación de unas obras de derribo a Jaime Navarro, donde hoy está el Palma Arena. Navarro estaba construyendo en ese momento un chalet a Ballester. Le propone realizar primero el trabajo y luego presentar tres presupuestos, dos de ellos ficticios. El definitivo debía ir fraccionado en tres partes de menos de 30.000 euros.