En su declaración ante el juez, Jaume Matas desvió el tiro de las responsabilidades en el sobrecoste del Palma Arena, el velódromo que da nombre al caso. Como si no fuera con él la cosa, el hombre que dirigió el Ejecutivo balear hasta 2007 señaló a su ex director general de Deportes, José Luis Pepote Ballester, como el responsable de las decisiones que el Govern balear adoptó en relación al Palma Arena, inaugurado en 2007 con errores que han impedido su homologación por la Unión Ciclista Internacional (UCI) y cuyo presupuesto saltó de 48 millones a 110 sin causa explicada.

Matas también descargó la responsabilidad sobre Jorge Moisés, ex gerente del Palma Arena. Tanto Ballester como Moisés se encuentran en libertad bajo fianza desde agosto de 2009. Según Matas, él firmaba personalmente muchos papeles, pero no estaba al tanto de lo que se hacía con el velódromo. Su versión contradice la de sus más directos colaboradores, entre ellos su jefa de gabinete. Todos ellos han declarado ya ante el juez que ningún paso se daba sin el visto bueno del president.

Ballester está vinculado por lazos de amistad a los hijos del rey y a su yerno, Iñaki Urdangarín. En 2005, el marido de la infanta Cristina de Borbón presidía una empresa del sector deportivo, Instituto Noos, que recibió del Govern balear un contrato de 1,2 millones por organizar unas jornadas de tres días sobre turismo y deporte.

Duro interrogatorio

Ex regatista que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta (1996), Ballester era quien tomaba las decisiones, repitió Matas. Abogados presentes en la declaración definieron el interrogatorio de la tarde casi como un pugilato verbal entre el juez y Matas: el juez insistía en preguntar sobre decisiones políticas y administrativas y Matas se dedicó a torear, contó un letrado. El juez se interesó por conocer cómo se había gestado el consorcio del Palma Arena, en el que poseía un papel relevante la Fundación Illes Balears, uno de los muchos entes opacos creados por el PP en el archipiélago. Matas echó de nuevo balones fuera y aseguró que la idea de crear el consorcio partió del Ayuntamiento de Palma, entonces gobernado por su partido.

La declaración del ex president, suspendida poco después de las ocho y media de la tarde, no abordó uno de los asuntos clave en el caso Palma Arena: la contratación a dedo de los dos arquitectos Luis y Jaime García Ruiz, que cobraron ocho millones.