El anteproyecto de la nueva Ley de Libertad Religiosa, proyectado por el Gobierno, ya está casi concluido. Después de meses de debate y algo de retraso, el Ejecutivo socialista ya tiene prácticamente a punto el borrador de la ley, aunque eso no significa que se vaya a enviar de forma inmediata al Consejo de Ministros para su aprobación.

La intención inicial era que el documento estuviera listo a finales del año pasado, pero se paralizó en otoño para que no interfiriese en las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado. Tras su aprobación, y con más margen de maniobra, el Gobierno retomó la elaboración del anteproyecto de ley, que se presentará muy posiblemente durante el primer trimestre de 2010.

El anteproyecto se presentará posiblemente antes de abril

Conscientes de la polémica que puede generar, el Ejecutivo busca el momento 'oportuno' para aprobar la normativa, que tendrá un carácter muy genérico, sin demasiada concreción. Según ha podido saber Público, la tesis principal que parece haberse impuesto es la de 'más laicidad y más libertad religiosa'. Esto es: afianzar los símbolos propios del Estado frente a los de origen religioso (más banderas oficiales, imágenes de los reyes, Constitución y Estatutos de Autonomías, y menos crucifijos en lugares públicos).

Pero, a la vez, se pretende avanzar en los derechos de las confesiones minoritarias: judíos, evangélicos, musulmanes y budistas.

La intención del texto es 'evitar la confusión entre lo civil y lo religioso'

Así, la intención del Ejecutivo es la de 'reforzar la presencia de los símbolos cívicos comunes', de un lado, y del otro, 'establecer una diferencia clara entre símbolos religiosos y culturales'. 'El fondo de toda la ley es evitar la confusión entre lo civil y lo religioso', confirmaron a este periódico fuentes gubernamentales.

A partir de estas premisas, se quieren evitar críticas infundadas sobre la desaparición de belenes o de las procesiones de Semana Santa, argumentos utilizados por los sectores ultracatólicos para arremeter contra la retirada de crucifijos de los centros públicos.

La futura Ley de Libertad Religiosa no aportará una descripción profusa de estos aspectos, sino que más bien establecerá un marco de actuación, al estilo de la Ley de Memoria Histórica. Es decir, será una especie de hoja de ruta a seguir. Tras su aprobación, se retirarán todos los símbolos religiosos de los lugares públicos como juzgados, hospitales, cuarteles de la Policía o el Ejército, salas de ayuntamientos y comunidades autónomas, y escuelas de titularidad pública. No se hará, por contra, en centros educativos o sanitarios de carácter privado.

Se retirarán todos los signos religiosos sólo de los lugares públicos

La normativa tendrá carácter general, y en algunas materias no será tan ambiciosa como pretendían los sectores más progresistas, como es el caso de la neutralidad de los funcionarios.

Así, ante la pregunta de si un alcalde puede acudir a una procesión, dichos sectores defendían que sólo podría asistir a título personal o como autoridad cuando reciba una invitación. Pero, en este último caso, el regidor también tendría que aceptar otras invitaciones, por ejemplo, si le invitan a un ayuno musulmán con motivo de la festividad de Ramadán. Finalmente, estos aspectos han quedado excluidos del anteproyecto.

Uno de los asuntos sobre los que se sigue debatiendo es si la futura norma debe regular o no las cuestiones relativas a la objeción de conciencia. Algunos sectores proponen introducir un artículo que establezca que dicha objeción sólo sea posible 'de acuerdo con la Constitución y la ley'.

Sin embargo, existe el temor de que una redacción así pueda ser tumbada por el Tribunal Constitucional, ya que existiría la posibilidad teórica de que el Congreso de los Diputados decretase que la objeción de conciencia no se ajusta a la ley en ningún supuesto, y entonces dicha libertad quedaría derogada de hecho.

En cualquier caso, la Ley de Libertad Religiosa no es el único frente abierto que mantiene el Ejecutivo este año en materia religiosa.

En el ámbito educativo, el Gobierno tratará de incluir en el pacto propugnado por el ministro Ángel Gabilondo la configuración definitiva de la clase de Religión. El PP y los obispos exigen una alternativa a la misma, y que sea introducida en el currículo, con la misma relevancia que otras asignaturas como las Matemáticas o la Lengua Española.

El Ejecutivo, además, intentará adecuar la oferta de esta asignatura para aquellos evangélicos, judíos y musulmanes que lo deseen. Actualmente, ni Catalunya ni Madrid cuentan con profesores de Religión Islámica, a pesar de que la población que profesa estacreencia tiene una presencia significativa en la sociedad.