Las expectativas que se generaron cuando el 1 de enero de 2007 entró en vigor la Ley de Dependencia han desilusionado a miles de ciudadanos. Se quejan, sobre todo, de que las ayudas tardan demasiado en llegar. El 84% de la población cree que la Ley creó expectativas incumplidas, según un estudio de la Fundación Caser del pasado noviembre.

La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, admite que 'aún hay que dar respuesta a muchas situaciones pendientes', pero destaca que, en el último año, 'los casos atendidos se han incrementado en un 140%'. Un total de 463.303 personas ya reciben las ayudas.

Pese a las críticas, también los sindicatos, las asociaciones de dependientes y los profesionales de los servicios sociales aplauden la Ley, que por primera vez configura el derecho subjetivo a beneficiarse de un sistema de atención integral.

Aunque la norma entró en vigor en enero de 2007, la primera mitad de ese año se dedicó a preparar la estructura del sistema. Su implantación ha puesto de manifiesto que es imprescindible la coordinación entre los ayuntamientos, responsables de los servicios sociales tradicionales, y las autonomías, a quien corresponde aplicar la Ley.

Pero la realidad no es así. El hecho de que se considere la Ley como el cuarto pilar del Estado de Bienestar ha dejado de lado a los servicios sociales locales, según la presidenta del Consejo General de Trabajo Social, Ana Lima.

Hay notables diferencias entre autonomías en cóm funciona la Ley

Un ejemplo de la descoordinación entre administraciones es que desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia los ayuntamientos han visto dispararse las solicitudes de atención a domicilio, una ayuda que prestan sus servicios sociales desde hace décadas. Esta prestación está ahora en la cartera de servicios para los dependientes. Por ello, el Estado transfiere el dinero por este concepto a las autonomías y no a los municipios.

'El mayor reto que tiene la ley es la ley en sí misma. Con la configuración de este derecho es necesaria la cooperación interadministrativa', explica la secretaria para la Igualdad de UGT, Almudena Fontecha.

También es necesaria una mayor cohesión territorial. Según la autonomía donde vivan, los dependientes están mejor o peor atendidos. Canarias y la Comunidad Valenciana son quienes peor aplican la ley, según el último dictamen de la Asociación de Gerentes y Directores en Servicios Sociales. Esta asociación puntuó con un 0,5 a ambas. Les siguen Murcia y Madrid, con un 1 y un 2 sobre 10, respectivamente. Donde mejor funciona el sistema es en Andalucía, Castilla-La Mancha y el País Vasco, que obtuvieron un 8.

Las diferentes 'interpretaciones de la Ley limitan y lesionan el objeto de asegurar iguales y suficientes garantías públicas en la valoración' del sistema, destaca la secretaria de Política Social de CCOO, Rosana Costa. Así, mientras en Castilla y León un 85% de las personas con derecho a una ayuda ya la recibe, en Canarias el porcentaje cae al 39%.

La Agencia de Evaluación y Calidad recomendó en un informe que el Ministerio acuda 'a la vía jurisdiccional' cuando una comunidad incumpla de forma 'flagrante' la Ley. Por su parte, la ministra evita el conflicto: 'Hay comunidades que han avanzado más que otras, pero creo que todas tienen un compromiso con la Ley'.

La financiación del sistema también se ha puesto en tela de juicio. Las autonomías denuncian que el presupuesto es insuficiente y plantean cambios en el reparto de los fondos. El Estado da a las autonomías una cantidad por dependiente evaluado, al margen de que la ayuda se haya hecho efectiva. La Asociación de Gerentes y Directores en Servicios Sociales denuncia que Canarias 'incluso está haciendo caja'.