La nueva ley de asilo, aprobada por el Congreso de manera definitiva, protegerá a las personas perseguidas por razón de género u orientación sexual, finalmente permitirá que los solicitantes de asilo puedan hacerlo en las embajadas, sin embargo, niega este derecho a los ciudadanos europeos comunitarios.

El Pleno del Congreso de los Diputados ha apoyado por unanimidad todas las enmiendas remitidas por el Senado por 327 votos a favor y una abstención.

Durante su intervención, el portavoz de Esquerra Republicana, Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya, Joan Tardá, ha expresado su descontento con la norma y ha opinado que 'la Italia de Berlusconi es más solidaria que la España comandada por un partido socialdemócrata, lo cual no deja de ser una anomalía'.

Según Tardá, también es 'una anomalía histórica que cuando Francia o Suecia acogían a los soldados desertores de Vietnam o a los refugiados antifascistas de España (...), aquí el actual jefe de Estado, al lado del dictador, celebraba sentencias de muerte en el balcón del Palacio Real, en el año 1975'.

Por ello, ha dicho, la nueva ley es una ocasión para ser justos con las víctimas de las dictaduras y regímenes de carácter dictatorial.

La regulación aprobada extiende la asistencia jurídica gratuita desde el comienzo del procedimiento de asilo y acota la lista de delitos que -aún considerados graves por el Código Penal- puedan ser motivos de exclusión de asilo.

Durante su intervención, la diputada de CiU, Mercé Pigem, ha explicado que, finalmente, los solicitantes de protección sí podrán hacerlo en las embajadas y consulados.

En el texto inicial enviado por el Gobierno a las Cámaras no se recogía este último punto, que ha sido uno de los más polémicos durante la tramitación parlamentaria.

Finalmente, en el plazo de seis meses se redactará un reglamento que determinará las condiciones de acceso a las legaciones diplomáticas y el procedimiento para evaluar la necesidad de trasladar a España a los peticionarios.

Se primará asimismo el derecho a la unidad familiar frente a la denegación genérica por estar ya protegidos sus parientes en otros países, y se establecen plazos para la denegación de peticiones, ha explicado Pigem.

Por parte del PP, el diputado Gonzalo Robles, ha resaltado que la ley ofrece más garantías a los peticionarios de asilo y ha agradecido el apoyo brindado por Amnistía Internacional, ACNUR y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), entre otros, en la elaboración del proyecto.

La norma contemple la figura del re-asentamiento

Ha añadido, en alusión a unas palabras de Joan Tardá, que la elaboración de un reglamento para tramitar las peticiones realizadas en las legaciones diplomáticas no obedece a una desconfianza hacia los embajadores, pero 'está muy bien que haya seguridad jurídica'.

A juicio del PSOE, que ha aceptado 220 de las 376 enmiendas presentadas por los grupos en el Congreso y en Senado, la aprobación de la nueva regulación es un paso más en la mejora y consolidación de los derechos fundamentales.

En este sentido, el diputado socialista Antonio Hernando ha dicho que tras 25 años de vigencia de la ley era razonable reformarla, pues había perdido eficacia y había que adaptarla a las directivas europeas.

Hernando se ha congratulado de que la norma contemple la figura del re-asentamiento, ya que España aceptará un cupo de beneficiarios de asilo, y ha opinado que si el país no acepta tantos refugiados como otros Estados miembro de la Unión es porque éstos llegan por motivos que no son la persecución de sus ideas o la violación de sus derechos.