La segunda huelga judicial de la historia de la democracia española, el segundo paro de togas en apenas ocho meses, no cuajó. La Justicia, esta vez, no se detuvo.

Y quien recibió ayer el revés fue la única organización que convocó la huelga, la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la más potente del sector, con 1.200 afiliados. Quiso capitalizar el descontento de la carrera judicial. Al final, se quedó lejos.

De los 4.543 jueces y magistrados ejercientes en este momento, dejaron de trabajar ayer 1.071. Es el 23,57% del total, según los datos definitivos ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La APM discrepó de esa cifra, y elevó el porcentaje de huelguistas hasta el 35%. Según sus cálculos, habían llegado a su sede más de 1.500 faxes de jueces que comunicaban su apoyo al paro.El fracaso se explica porque la APM se condujo a la guerra contra el Gobierno en solitario.

En cambio, la primera huelga, la del 18 de febrero, la convocaron dos de las cuatro asociaciones, la Francisco de Vitoria (AFJV) y el Foro Judicial Independiente (FJI). Entonces, apoyaron el paro el 35,38% de los jueces (el 60% según los dos convocantes). A la APM le dio igual que el Consejo de Ministros aprobara el 18 de septiembre un plan dotado con 600 millones para modernizar la Justicia. Ya había emitido un preaviso de huelga el 12 de junio. Así que siguió adelante con su idea.
“Mayoría frente a minoría”

La lectura de los datos fue lógicamente dispar. La APM, en un comunicado, calificó de “éxito” la jornada. El “elevado nivel de seguimiento corrobora”, según los convocantes, “la opinión generalizada de insuficiencia de medios y carencias endémicas en el ejercicio de la función jurisdiccional”.

El Ejecutivo, en cambio, se envalentonó. En los últimos días, el Ministerio de Justicia había guardado cautela, con la esperanza de que la APM reculara. Pero conforme vio que la marcha atrás se hacía imposible, endureció su postura. Ayer, en un comunicado, contrapuso el “ejercicio responsable de la gran mayoría de jueces” con la “minoría” de magistrados que secundaron una huelga que “carecía de todo fundamento y justificación”.

El PSOE dijo todavía algo más. Su secretario de Libertades Públicas, Álvaro Cuesta, dibujó a los afiliados de la APM como jueces “solos y aislados”, que han demostrado una “irresponsabilidad” y una “deslealtad” mayúsculas, que les “invalida” como interlocutores con el Gobierno. Cuesta incluso planteó si el paro no obedecía más que a “una treta para cogerse un puente”.

Las otras tres asociaciones calificaron de “moderado fracaso” una huelga “inoportuna”. Miguel Ángel Gimeno, portavoz de la progresista Jueces para la Democracia (JpD) destacó que las cifras reflejan que “no había motivos para el desacuerdo con el Ejecutivo”. Marcelino Sexmero, de la AFJV, y Conrado Gallardo, del FJI, instaron a la APM a “excluir personalismos”, a darse cuenta de que “debe contar con las organizaciones minoritarias, de que no son sus hijos pródigos”. Los tres portavoces señalaron a Público la necesidad de que se recomponga la unidad judicial, porque “juntos se consiguen más cosas”.

El seguimiento del paro fue desigual: del 50% en Extremadura al 15% en Navarra o al irrelevante 3,57% de la Audiencia Nacional. En el Supremo la huelga triunfó más que el 18-F. Entonces no la apoyó ni un juez. Ayer, sólo uno.