Francisco Caamaño, ministro desde febrero, tuvo que dedicar los primeros meses a calmar a casi todos los actores judiciales, incendiados por su antecesor. Lo ha logrado en buena medida. Ahora tiene por delante el reto de modernizar una Justicia que arrastra en España un retraso secular.

¿Servirá el Plan de Modernización de la Justicia aprobado el viernes para que la Asociación Profesional de la Magistratura desconvoque la huelga del 8 de octubre?

Hemos mantenido una posición de diálogo con todos: con las asociaciones de jueces, de fiscales, con el Parlamento, con el Consejo General del Poder Judicial y con las comunidades. Y el Plan de Modernización está diseñado a partir del consenso básico alcanzado. Si hay una asociación de jueces que decide convocar una huelga, tendrá que explicar a los ciudadanos cuáles son sus verdaderas razones. Desde luego, los motivos que apuntaron en el pasado para ir a la huelga creo que ya están recogidos en las reformas legales puestas en marcha.

¿Por qué se limitó la jurisdicción universal después de que la Audiencia Nacional abriese una investigación sobre Israel y no cuando estudiaba otros casos en países como Guatemala?

'A los abogados del Estado se les valora por su capacidad, nadie les pregunta su ideología'

La necesidad de reformar la jurisdicción universal se puso de manifiesto hace tiempo. Se trata de aplicar el principio de subsidiariedad. Si hay algún ciudadano español implicado en los crímenes, automáticamente España tiene jurisdicción; pero si los presuntos delitos se producen fuera de España y no hay españoles implicados, el juez debe preguntar si en ese otro país se está celebrando alguna investigación judicial. Si se está realizando con garantías similares a las de nuestro Estado, se debe esperar a que se resuelva. Eso es básicamente lo que se ha aprobado. Y creo que la mejor forma de defender la jurisdicción universal es colocarla en límites comunes, aceptables y proporcionados.

Hablando de investigación de genocidios. ¿Cómo puede explicar que el juez que decide investigar los crímenes del franquismo acabe imputado ante el Supremo?

Son cosas distintas. El juez instructor está imputado por otras razones. El Código Penal no tiene ningún tipo que establezca que un juez va a ser sancionado por tramitar temas relacionados con la Memoria Histórica o el franquismo.

'Puede haber una paradoja política en la causa contra Garzón.Y más si pensamos en quién es la acusación'

Pero lo cierto es que la única persona que corre el riesgo de sentarse en el banquillo por los crímenes del franquismo es quien intentó investigarlos.

Admito que puede haber una paradoja política. Y más si pensamos quién es la acusación particular [la asociación ultraderechista Manos Limpias]. Pero, jurídicamente, lo que hay es una imputación que tendrá que ser acreditada en los tribunales. Y nos guste o no, esto demuestra que los jueces son como los demás ciudadanos. Cuando alguien hace una imputación, la mecánica judicial se pone en marcha.

¿Cuándo enviará el Gobierno a las Cortes la Ley de Libertad Religiosa?

'El PP está ahora a favor del aborto en los mismos términos a los que se opuso cuando se aprobó'

Estamos aún en fase de estudio, analizando toda la jurisprudencia, con el objetivo de elaborar una ley que reconozca que no deben existir discriminaciones entre las distintas religiones y también que avance hacia un mejor delimitación entre las funciones estatales y las religiosas.

¿Qué se puede pactar con el PP en la reforma de la Ley del Aborto?

La actitud del PP es sorprendente. Hoy están a favor de la interrupción voluntaria del embarazo en los mismos términos a los que se opusieron cuando se aprobó en su día. Es una paradoja que conviene recordar. La reforma planteada es necesaria, ya que aporta seguridad jurídica a la mujer y al personal sanitario. El PP se opone a esta reforma como se opuso a la primera ley del aborto, como se opuso a la ley del divorcio o como se opuso a la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Como se opone a casi todas las leyes que amplían derechos.

'La Fiscalía ha sido coherente con su posición al recurrir en el caso Camps'

En el PSOE también hay voces que se oponen a un aspecto de la reforma planteada: que una mujer de 16 años pueda abortar sin consentimiento paterno.

La edad de autonomía en el sistema de salud está fijada con carácter general en los 16 años. Por tanto, no es una edad elegida de forma caprichosa. En cuanto al hecho de que la mujer pueda tomar la decisión sin el consentimiento de los padres, también tiene una lógica explicativa. El derecho regula situaciones posibles, lo que nunca va a poder regular la norma jurídica es cuánto se quieren o cuánto confían unas hijas en sus padres. La ley sólo puede establecer reglas de conducta.

Vayamos a Catalunya. ¿Teme un efecto contagio de la consulta de Arenys de Munt?

'Leyendo los supuestos legales, cualquier español puede valorar si De la Rúa debía abstenerse'

A las cosas hay que darle la trascendencia que tienen. En Arenys no ha habido ni un referéndum, ni una consulta, ni tiene valor jurídico alguno lo que allí ha ocurrido. Es una forma de expresión, que en sí misma no es ilícita, pero que tampoco es legal. Desde el Gobierno no tenemos que estar preocupados por ningún efecto contagio, sino permanecer atentos para intervenir cuando detectemos que se intenta dar apariencia de legalidad a algo que no la tiene. Eso es lo que hizo con claridad la Abogacía del Estado en Arenys. Y eso es lo que seguiremos haciendo.

¿Pero no cree que la decisión de la Abogacía del Estado de intervenir en Arenys fue un error, ya que multiplicó la repercusión pública de la consulta?

El Estado no puede no cumplir la ley. Y el caso de Arenys era inequívoco. La ley establece que las consultas municipales requieren la autorización del Consejo de Ministros, no la había y por tanto la propia ley obliga a reaccionar.

'El trabajo de jueces, fiscales y policías contra la corrupción se defiende por sí solo'

Otro posible error es haber encargado la defensa del recurso contra la consulta a un abogado del Estado de pasado falangista.

Eso es la anécdota que se suma a la anécdota. La Abogacía del Estado es un cuerpo al que se llega por oposición. A los abogados del Estado se les valora por su mérito y su capacidad, y no por sus convicciones ideológicas. El tema de Arenys, siguiendo los protocolos normales de funcionamiento, correspondió a un determinado abogado del Estado y nadie le pregunta qué ideología tiene a la hora de cumplir con sus funciones dentro de la Administración.

La posibilidad de que el Tribunal Constitucional tumbe el Estatut, un texto que ya ha sido aprobado en referéndum por los ciudadanos de Catalunya, ¿no plantea un choque entre dos legitimidades?

'La fiscalidad es un instrumento para ayudar a las familias que lo están pasando mal'

La democracia no es sólo la regla de la mayoría; es también una serie de valores y de derechos plasmados en un documento que llamamos Constitución. Quien vela por que esos derechos y valores, más allá de lo que digan las mayorías, se ajusten a la Constitución es el Tribunal Constitucional. Por tanto, ese choque de legitimidades es sólo aparente. Aquí sólo hay una gran legitimidad: la de la Constitución que todos nos hemos dado. Y todos hemos decidido en la Constitución que quien tiene la ultima palabra en la interpretación de la propia Carta Magna es el Tribunal Constitucional.

Cuando desde el Gobierno central se pide a la Generalitat que acate la sentencia, aunque tumbe partes esenciales del Estatut, ¿no se le está pidiendo al president Montilla que se quede de brazos cruzados?

No es bueno adelantarnos a lo que pueda ocurrir. Pero estoy convencido de que el Gobierno de Catalunya lo que hará, más allá de que algunos puedan criticar en un sentido o en otro esa futura sentencia, es cumplir con la ley porque ser Gobierno es estar dentro del Estado de Derecho. Y acatar las sentencias del Tribunal Constitucional está en las reglas del propio Estado de Derecho.

'Todos compartimos la estrategia definida por los equipos económicos del Gobierno'

¿Existe el riesgo de que una sentencia adversa desestabilice las relaciones entre el PSOE y el PSC?

El PSOE es un partido plural, pero que ha dado pruebas evidentes de que está profundamente unido y que comparte las grandes políticas. Igual que el PSC. Yo no veo ese riesgo.

El PP le ha acusado a usted, y a otros dirigentes socialistas, de presionar al Constitucional para que avale el Estatut. ¿Qué hay de cierto en esta denuncia?

Es una afirmación carente de fundamento. Defender la presunción de constitucionalidad del Estatut, o de cualquier otra ley, es un gesto de respeto a la soberanía del pueblo español. Un gesto de respeto a las Cortes, que todos debemos presumir que aprueban leyes que son constitucionales hasta que el TC diga lo contrario. Lo que no es coherente en un Estado democrático es operar al revés: presumir que una ley aprobada por las Cortes es inconstitucional. Eso es algo que se explica en las facultades de Derecho.

¿Le genera inquietud la tardanza de la sentencia?

«La mejor forma de defender la jurisdicción universal es colocarla en límites proporcionados»

Inquietud no. Tengo la curiosidad de conocer, como constitucionalista y como ciudadano, el contenido de una sentencia muy importante. Pero los tiempos del Constitucional no son los tiempos de la política. Las reflexiones sobre una ley tan compleja como el Estatut necesitan el tiempo que sea necesario para su análisis. Y hay que recordar también que el Constitucional tuvo que tramitar una serie de recusaciones contra sus magistrados, que hizo que el debate dentro del tribunal tardase en comenzar.

En el debate sobre el Estatut hay un magistrado fallecido, uno recusado, cuatro en funciones y otro gravemente enfermo. ¿Puede mantener el prestigio un tribunal en estas circunstancias?

Estoy convencido de que, más allá de situaciones coyunturales, el Constitucional no perderá en ningún caso su prestigio porque hará una buena sentencia. Como ha hecho en otras ocasiones.

¿Comparte la decisión de la Fiscalía de recurrir el archivo de la causa contra Francisco Camps?

Comparto la idea de que la Fiscalía, que es autónoma en sus decisiones, ha sido coherente con su posición. El fiscal Anticorrupción, que fue nombrado en su momento por el PP y sigue ejerciendo cabalmente su función, ha mantenido una posición en la causa desde el primer momento. Esa posición fue respaldada por el juez instructor, aunque luego se produjera un auto en dirección contraria. Es lógico que el fiscal utilice, como en tantos otros casos, la vía del recurso. Está trabajando con normalidad institucional y dentro de la lógica que cualquier jurista conoce.

Como jurista, ¿no cree que el magistrado Juan Luis de la Rúa, amigo íntimo de Camps, debería haberse abstenido en el caso?

Es una valoración que puede hacer cualquier español, no sólo el ministro de Justicia, leyendo los supuestos legales en que procede la abstención y recusación.

Entre ellos figura la amistad manifiesta.

Efectivamente. Y cada uno puede sacar sus conclusiones.

El PP ataca duramente a policías, jueces y fiscales por investigar la corrupción. ¿No está siendo el Gobierno demasiado pusilánime a la hora de defenderlos?

Quien mejor defiende a fiscales, jueces y policías es la calidad del trabajo que realizan y que cualquier ciudadano puede comprobar, a pesar del ruido. Cuando las cosas se hacen bien, desde la honradez de los profesionales, el trabajo se defiende por sí solo. Lo que sí me apena es que esa actitud del PP ponga en cuestión el buen funcionamiento de la democracia española y el buen hacer de las personas que están al servicio del mismo.

La secretaria general del PP ha denunciado un supuesto espionaje a sus dirigentes sin aportar pruebas y el senador Bárcenas ha acusado falsamente a dos policías de allanamiento de morada. Y no ha ocurrido nada. ¿No cree que los ciudadanos pueden llegar a la conclusión de que hay un espacio de impunidad para los políticos?

Los políticos no deben tener un espacio de impunidad especial, salvo la inviolabilidad establecida para los miembros del Parlamento, que es una garantía que siempre debe interpretarse de manera restrictiva. Por lo demás, los políticos tienen como los demás ciudadanos libertad de expresión y su ejercicio depende en ocasiones de los contextos. Hay jurisprudencia que defiende que en campañas electorales existe un mayor juego de la libertad de expresión. Pero debemos evitar criminalizar cuestiones que están dentro del debate político, aunque a veces nos parezcan extremas y se mantengan acusaciones que luego no se pueden acreditar. Lo que me preocupa no es si esas afirmaciones se pueden llevar o no a los tribunales, sino el daño que se realiza con ellas a los profesionales y a las instituciones.

Se ha generado cierto debate sobre la existencia de división en el Gobierno y en el partido por las medidas adoptadas contra la crisis. ¿Existe esa división?

Ante la crisis económica hay un plan claro y definido, otra cosa es que no se quiera escuchar o que no se comparta. Pero no se puede decir que no existe. Primero se trató de aguantar con recursos públicos el impacto más duro de la crisis, endeudándose para ello dentro de lo razonable, y a partir de ahí se busca apoyar desde el poder público un giro en la estructura productiva de este país. Si para mantener el Estado social y nuestros compromisos con quienes menos tienen, es necesario subir puntualmente impuestos, está dentro de la lógica de cualquier proyecto progresista que entiende que la fiscalidad no es un dogma, sino un instrumento para favorecer la convivencia y atender a las familias que lo están pasando mal. Es un gesto de solidaridad. Y no es verdad que el gasto social no sea un gasto productivo, porque si hay más familias que pueden consumir porque tienen más recursos, estamos ayudando a generar riqueza y a salir de la crisis. Eso es una opción política progresista y de izquierdas, y comprendo que haya quien no la comparta. Normalmente, quienes defienden las mismas recetas que nos han llevado a la crisis.

¿Y dentro del Gobierno la comparten todos?

Yo no he visto ningún problema. Se puede discutir una medida concreta, como se discute todo, pero lo que es la estrategia definida por los equipos económicos del Gobierno la compartimos todos.