Los padres de los siete menores detenidos en los incidentes del sábado en Pozuelo de Alarcón (Madrid) centraron ayer las críticas de gran parte de los agentes sociales. No se entiende su decisión de recurrir las medidas cautelares impuestas por el juez, que a la espera de que se les juzgue, les ha prohibido salir de fiesta durante tres meses más allá de las 22.00 horas.

Está sanción, que se impuso a partir del informe técnico de los psicólogos, el cual valoraba el perfil de los jóvenes, no será aplicada mientras no se resuelva el recurso de los abogados.

Los progenitores no suelen recurrir este tipo de castigos ejemplarizantes

Para el psicólogo de la Fiscalía de Menores Javier Urra este recurso retrata a unos 'padres muy Peter Pan, incapaces de ver la importancia de la norma y los límites'. Y defiende: 'Los padres también deben ser sancionados de forma contundente y ejemplar'. En cualquier caso, para Urra, presidente de la Red Europea de Defensores del Menor, las medidas preventivas impuestas 'se quedan cortas, porque la sociedad esperaba algo más punitivo, privativo de la libertad'.

Especialistas en procesos penales a menores aseguran que medidas educativas y preventivas como las impuestas, en la línea marcada por el juez Emilio Calatayud de Granada, no suelen ser recurridas. 'Los padres suelen demandar incluso sanciones más graves que las que pide el fiscal', recuerda uno de estos expertos.

Las asociaciones de padres también critican el recurso. 'Hace falta una corrección para estos jóvenes y también para los padres, porque sus hijos están mal educados', asegura el presidente de la Confederación Católica de Padres, Luis Carbonell, que considera 'leve' la sanción.

El informe técnico de los psicólogos fue favorable a los menores

El portavoz de FAPA (la federación madrileña de asociaciones de padres de alumnos), José Luis Pazos, expresó su deseo de que los padres asuman 'con seriedad' el castigo impuesto por el juez a sus hijos.

El Defensor del Menor de Madrid , Arturo Canalda, pide a los progenitores que encajen la sanción 'con deportividad'. 'Por algo se les ha detenido: si creen que los críos son cabezas de turco, se resolverá en el juicio', argumenta Canalda, quien añade que le parece 'razonable que les castiguen con quedarse en casita'.

Su predecesor en el cargo, Pedro Núñez Morgades, cree que el castigo es 'fuerte, pues limita la libertad de los menores, pero adecuado, porque es pedagógico y reeducador'.

Varios especialistas reclaman que se sancione también a los tutores

Núñez Morgades, que preside la Comisión del Menor del Partido Popular, constituida el pasado miércoles, reclama a estos padres que 'reflexionen y se pregunten si realmente conocen a sus hijos'.

El filósofo y profesor José Antonio Marina opina que 'el castigo debe ser muy duro y muy bien publicitado'. Y añade: 'Hay que decir: Quien la hace, la paga, porque la violencia es como una droga que si no es castigada, tiende a repetirse. Tolerancia cero. Explicaciones, todas', informa Erik López.

La Policía se mostró decepcionada con las medidas preventivas. Desde el Sindicato Unificado de Policía se critica por escasa esta decisión, mientras la Confederación Española de Policía se muestra incluso más dura y asegura que las medidas que ha tomado el juez le han 'causado sonrojo', informa Rocío Aguilar.

Las asociaciones de padres de alumnos también critican el recurso

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, aseguró que la falta de autoridad de padres y profesores está en el origen de estos desórdenes, por lo que abogó por 'imponer' una disciplina 'alejada del autoritarismo'. Además, Múgica criticó que todavía haya que aprender la diferencia entre 'libertad y libertinaje'.

La responsable de Adolescencia del Colegio de Sociólogos de Madrid, Lourdes Gaitán, critica en cambio que se reclame a los padres que se 'sumen a la vendetta colectiva'. 'Es llamativo escuchar ciertas voces, desde la posición de adulto bien situado, marcar una distancia frente a los jóvenes, acusándoles de todos los males', denuncia Gaitán.

La socióloga recuerda que el caso actual no es nuevo: en 1995, en las fiestas de Las Rozas (ciudad vecina a Pozuelo), se produjo una batalla campal entre jóvenes y agentes. En esos disturbios hubo 46 heridos y la Policía detuvo a 22 jóvenes. La trifulca surgió cuando la autoridad quiso impedir que los jóvenes siguieran bebiendo más allá de la hora marcada.