La abogada Paula Chaves Iborra, hija del vicepresidente tercero del Gobierno y ex presidente andaluz Manuel Chaves, no solicitó ni gestionó una subvención, sobre la que el PP prepara una querella, de más de diez millones de euros a Minas de Aguas Teñidas (Matsa), la empresa donde trabaja como letrada desde julio de 2007.

Su firma como apoderada, según ha podido verificar Público, sólo consta en el último paso de una tramitación que duró 16 meses: en concreto, la rúbrica de Paula Chaves aparece en el documento de aceptación por parte de Matsa de la ayuda pública, fechado el 23 de febrero de este año, 42 días después de haber sido aprobada por la Consejería de Innovación y 35 días después de ser ratificada por el Consejo de Gobierno de la Junta, presidido por Manuel Chaves.

Fue otra persona, Javier López Rubio, quien solicitó y tramitó la ayuda, aunque no concluyó las diligencias porque Matsa propiedad de la canadiense Iberian Minerals Corporation puso fin a su relación laboral con él. Los diputados del PP Jorge Ramos y José Luis Rodríguez, acompañados por una asesora jurídica, tuvieron acceso al expediente el pasado 12 de mayo y hoy tienen previsto volver a verlo.

La Junta denegó otro incentivo a Matsa, en marzo de 2008, con Paula Chaves ya incorporada a su plantilla, y aún mantiene en estudio otra solicitud de ayuda. La Junta tampoco cambió las órdenes de incentivos para favorecer a Matsa, como denuncia el PP. A la empresa le corresponde la misma ayuda tanto con la nueva legislación, en vigor desde finales de 2008, como con las anteriores, de 2007 y 2005. Cuatro empresas en la misma situación recibieron incentivos para proyectos de tratamiento y transformación de minerales, el mismo que solicitó Matsa, de acuerdo con las normas de 2005 y 2007. Se trata de Triturados Blanco Macael, Marcael SL, SA Reverte de productos minerales y Omya Clariana, según un documento al que ha tenido acceso este periódico.

El aumento de la subvención en más de tres millones de cerca de siete pasó a más de diez durante la tramitación del expediente se debió a que en la primera valoración técnica por parte de la Delegación de Innovación en Huelva se cometió el error de no computar la obra civil a efectos de subvención, a la que la empresa tenía derecho según la legislación de 2005, 2007 y 2008.

Como cualquier otra compañía, Matsa tiene ahora un plazo en este caso hasta el 12 de noviembre de 2010 para cumplir con todos los requisitos incluidos en la subvención, como una inversión de casi 96 millones o la creación de 170 puestos de trabajo fijos y 300 eventuales. Hasta entonces no recibirá ni un euro. Si no cumple algunos de los requisitos vinculados al incentivo, este le será denegado automáticamente, sin ni siquiera pasar por Consejo de Gobierno. Esta es la cronología de las ayudas solicitadas por Matsa a la Junta de Andalucía.

Matsa solicitó, por mediación de López Rubio, tres incentivos el 11 de octubre de 2007. Uno de ellos, para la construcción de una rampa de acceso a la mina situada en la sierra de Huelva y de la que se extrae cobre y zinc, le fue denegado en marzo de 2008, con Paula Chaves trabajando ya en Matsa, después de que la Junta comprobara que ya se habían iniciado las obras de dicha rampa, lo que impedía conceder la ayuda porque así lo prohíbe la ley taxativamente. Un segundo incentivo, para una planta de depósito de estériles, permanece aún en estudio. Y el tercero, que es el ahora denunciado por el PP, era para la planta de tratamiento mineral y se resolvió favorablemente el 25 de febrero de 2009.

Siete días después de la peticiónel tiempo habitual, según técnicos autonómicos, en admitir a trámite cualquier solicitud de incentivos, el 18 de octubre de 2007, la Junta califica el proyecto como incentivable a fondo perdido en tanto que proyecto industrial, pues lleva aparejada una actividad industrial añadida. Esta calificación opera como una admisión a trámite: es un paso previo a la aprobación y no 'prejuzga en absoluto el sentido de la resolución', según le comunicó la Administración a la empresa. Es decir, la compañía puede iniciar el proyecto, pero asume el riesgo de que la ayuda no se conceda. De hecho, la subvención para la rampa fue calificada de incentivable y finalmente fue denegada.

Matsa solicitó al Gobierno central otro incentivo por esos mismos tres proyectos pero tramitó erróneamente la solicitud, como si fueran uno solo. Al haberse iniciado ya las obras de un proyecto, el de la rampa, quedó invalidada toda la ayuda. López Rubio, quien pidió el incentivo, fue apartado de la empresa en 2008.

Un año después, el 4 de noviembre de 2008, tras un examen minucioso del expediente por la Delegación de Innovación de Huelva, los técnicos provinciales envían a la sede central de la consejería su propuesta de ayuda: 6,9 millones de euros. En ella no está computada la obra civil.

El 8 de enero de 2009, la Comisión de Valoración autonómica, compuesta por 17 personas entre técnicos y altos cargos, decide elevar esa propuesta de 6,9 millones hasta los 10.093.472,7 euros, al detectar que en ella sólo se incentivaban las instalaciones y elementos especiales de la obra, pero no las naves y la urbanización de los terrenos, por los que Matsa también tenía derecho a ayudas públicas, según recoge en su artículo 12.1 tanto la orden de incentivos de 2007 como la que la sustituye a finales de 2008, también en el artículo 12.1. Antes de estar computada, la inversión incentivable de la obra civil ascendía a cinco millones. Una vez corregido el error, la inversión incentivable por este concepto se eleva a 26 millones, lo que explica el aumento. Nada tuvo que ver un acuerdo de comercialización de Matsa con una compañía del mismo grupo. Al proyecto se le otorga una serie de puntos en función de criterios técnicos y objetivables, como grado de innovación, sinergias con el entorno, creación de empleo o generación de valor añadido. Con esos criterios, obtiene 45 puntos sobre 100 y se le concede la ayuda de diez millones.

La orden de incentivos se modificó en el marco del acuerdo de concertación con los sindicatos y la patronal para adaptarla a la normativa europea y a la situación de crisis, con el objetivo de que se beneficiara el mayor número de empresas. En el caso de las mineras, la orden incluso se convirtió en más restrictiva: exige que los proyectos lleven aparejada una actividad industrial añadida, que genere empleo y riqueza. Es el caso de Matsa, antes y después de la modificación.

Según Innovación, las propuestas que llegan a la Comisión de Valoración son modificadas en el 40% de los casos porque son incompletas o incorrectas. La inversión total de la compañía en la sierra de Huelva supera los 257 millones de euros. Ha creado, según sus datos, más de 500 empleos directos y más de 1.200 indirectos.

El Consejo Rector de la Agencia de Innovación de Andalucía (IDEA), integrado por 15 personas, aprueba el incentivo de 10,093 millones el 13 de enero de 2009. En esa misma reunión se aprueban ayudas para siete proyectos más de otras empresas. La media del porcentaje de incentivo sobre las inversiones es del 16,95%. Matsa obtuvo una subvención algo inferior: el 15% de la inversión incentivable, que ascendía a 67 millones de euros.

El 20 de enero de 2009 el Consejo de Gobierno, presidido por Manuel Chaves, ratifica la concesión de la ayuda aprobada siete días antes por Innovación a través del Consejo Rector de IDEA, tras 15 meses de tramitación y la participación directa en el expediente de varias decenas de técnicos y altos cargos de Huelva y Sevilla. Al superar la ayuda los 1,2 millones debe ir obligatoriamente al Consejo de Gobierno.

Según fuentes familiarizadas con el expediente, un técnico de la Consejería de Innovación llamó el 12 de febrero de 2009 al servicio jurídico de Matsa para preguntar a quién enviaba los documentos para la aceptación de la resolución. La empresa comunica que Paula Chaves es la nueva apoderada. Ese mismo día, la Junta le envía el escrito para que certifique si la empresa acepta o rechaza la ayuda. El 23 de febrero, IDEA recibe la aceptación firmada por Paula Chaves. En la documentación se adjunta copia del NIF de la empresa y el apoderamiento, con fecha 14 de enero, a nombre de Paula Chaves. Estos son los únicos documentos del expediente en los que aparece la letrada, según ha podido contrastar Público.

El 25 de febrero de 2009, el director general de IDEA, Jacinto Cañete, firma la resolución definitiva. La empresa tiene ahora de plazo hasta noviembre de 2010 para cumplir con las condiciones del incentivo y cobrarlo.

Entre los reproches del PP al ex presidente andaluz figura también que este habría incumplido la Ley de Incompatibilidades al no ausentarse del Consejo de Gobierno que ratificó la subvención concedida por IDEA.

¿Debería haberse inhibido Chaves en este caso? El artículo 7 de la Ley de Incompatibilidades de Andalucía establece lo siguiente: 'Los titulares de altos cargos están obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas, entidades o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubiesen tenido alguna parte ellos, su cónyuge, pareja de hecho inscrita en el correspondiente Registro o persona de su familia dentro del segundo grado civil'.

Fuentes de la Junta interpretan que Paula Chaves es una mera trabajadora de la empresa. 'No es asesora, porque habitualmente se considera asesores a los consultores externos, ni tampoco es directiva ni accionista de Matsa', explican. No obstante, algunas fuentes socialistas consideran que la apariencia del caso es 'poco estética', aunque niegan con rotundidad cualquier irregularidad. Mientras, el PP prepara una querella contra el ex presidente. El sindicato ultraderechista Manos Limpias ya ha elevado una denuncia a la Fiscalía del TSJA por supuesto tráfico de influencias.