La causa abierta por la Audiencia Nacional para interrogar a ocho responsables políticos y militares chinos -tres de ellos ministros- sobre los disturbios en la capital de Tíbet del año pasado ha reabierto el debate sobre la conveniencia de que España investigue hechos cometidos en suelo internacional.

Algunos son más sonados que otros y han tenido más repercusión mediática, pero lo cierto es que, en la actualidad, la Audiencia Nacional mantiene abiertos 14 frentes distintos. Desde la investigación por el asesinato de seis jesuitas en El Salvador en 1989, hasta el proceso iniciado a finales del mes pasado por el propio Garzón contra los responsables de la cárcel de Guantánamo.

El pasado lunes, El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, pidió reformar la ley para limitar estos procesos: 'No podemos convertirnos en los gendarmes del mundo', subrayó.

No obstante, la causa contra China, a cargo del juez Santiago Pedraz, es solo un capítulo más protagonizado por los jueces españoles en la lucha contra los delitos fuera de nuestro país.

En octubre de 1998, el juez Baltasar Garzón solicitó a Reino Unido una orden de extradición contra Augusto Pinochet para juzgarle en España por los crímenes cometidos durante la dictadura en Chile.

En aquella ocasión, Pinochet eludió el juicio aduciendo problemas de salud. Fue la llama que encendió la mecha y que llevó a que la Audiencia Nacional iniciara procesos contra otros países amparándose en la jurisdicción universal y el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Dicho artículo otorga competencias a los juzgados españoles para investigar cualquier tipo de caso fuera del país que pueda ser considerado, entre otros, como genocidio, terrorismo o tráfico de estupefacientes.

Amnistía Internacional publicó en octubre del año pasado un informe en el que se recogen la mayoría de los procesos puestos en marcha por la justicia española y otros muchos que fueron inadmitidos por distintos tribunales.

Es precisamente China la que se lleva la peor parte, ya que España tiene abiertos tres frentes contra las autoridades chinas. En la primera causa, también referida a Tíbet, España investiga los presuntos actos de genocidio llevados a cabo por el expresidente Jiang Zemin y seis altos cargos del Gobierno.

La segunda está en marcha tras una querella presentada por algunos miembros de la disciplina espiritual Falun Gong contra el dirigente del Partido Comunista Jia Qinglin acusándolo de genocidio. A estas hay que añadir la del juez Pedraz por los disturbios de Lhassa.

Estados Unidos también se lleva la palma con dos causas abiertas. La primera, la lleva el juez Ismael Moreno, por los vuelos de la CIA sobre territorio español.  El segundo proceso, a cargo de Garzón, investiga las torturas en Guantánamo.

En su auto,  Garzón detalla que busca a 'los ejecutores materiales o intelectuales, las personas que tuvieran bajo su guarda y custodia a los detenidos y las que autorizaron o practicaron' las torturas cometidas sobre cuatro ex presos de Guantánamo.

En este caso, Baltasar Garzón podría apuntar más alto e imputar al ex secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, y a su consejera de Seguridad y más tarde consejera de Estado, Condoleezza Rice.

Ni siquiera una país tan sensible como Israel queda indemne a las justicia española: la causa abierta contra siete altos cargos israelíes por la matanza de civiles en Gaza en 2002 ha provocado una marejada diplomática.

En febrero de 2009, con la invasión israelí de Gaza y los abusos cometidos por el Ejército hebreo recientes, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu decidió continuar con la causa iniciada contra siete responsables militares de Israel, entre ellos el ex ministro de Defensa Benjamin Ben-Eliezer, por un bombardeo perpetrado por el Ejército hebreo en un barrio de la Franja de Gaza el 22 de julio de 2002 en el que murieron 14 civiles.

La tensión llegó a tal punto que el entonces primer ministro, Ehud Olmert, y la ministra de asuntos exteriores, Tzipi Livni, alzaron el tono contra el Gobierno español por permitir a los jueces investigar el caso. Incluso llegaron a sugerir al Ejecutivo que cambiase la legislación.

Otra causa abierta recientemente es la que se dirige contra 40 militares o funcionarios ruandeses del Frente Patriótico Ruandés. El proceso, iniciado por el juez Fernando Andreu, pretende esclarecer la implicación de esas personas en la muerte de nueve religiosos y cooperantes españoles en Ruanda y la República Democrática de Congo entre 1994 y 2000.

Según el informe de Amnistía Internacional, La Audiencia Nacional continúa investigando los posibles delitos de genocidio llevados a cabo por varios generales y responsables guatemaltecos entre 1978 y 1986, entre los que se encuentran Efraín Ríos Montt, Carlos Mejía Víctores.

La querella se presentó ante la justicia española en 1999, pero el 27 de abril de 2000, la Audiencia Nacional descartó la competencia de los Tribunales españoles, decisión que fue apoyada por el Tribunal Supremo en 2003. No obstante, en 2005, el Tribunal Constitucional estableció la competencia de la Audiencia en virtud de la jurisdicción universal y solicitó la extradición de varios acusados. Guatemala no lo aceptó pero el caso sigue abierto. El encargado es también el juez Pedraz, que en febrero de 2008 comenzó a tomar declaración a varios testigos de los sucesos.

Otro de los procesos tiene como punto el Sáhara Occidental. En septiembre de 2006 se presentó una querella contra varios políticos y militares marroquíes responsables de mantener el orden en esa zona.

La querella fue admitida a trámite en septiembre de 2007 y las diligencias siguen su curso. Anteriormente, en diciembre de 1998, ya se quiso imputar al Rey Hassan II por supuestos crímenes contra la humanidad, pero en aquel momento fue inadmitida porque el rey alauita todavía estaba en el cargo.

Las revueltas de Atenco en 2006 en México todavía están latentes. En 2006 los agentes mexicanos repelieron las protestas de los habitantes de Atenco tras la expulsión de tres vendedoras de flores ambulantes. Murió un niño de 14 años de un tiro en la cabeza.

En los disturbios se vieron involucradas dos chicas españolas que viajaban con la delegación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ambas denunciaron las supuestas violaciones llevadas a cabo por agentes de Policía. Un año después se presentó una querella por tortura en forma de violación sexual, que fue inadmitida el año pasado. Hay un recurso de apelación todavía en trámites.

Otro de los casos que se encuentra en cauce de resolverse es el proceso iniciado por la justicia española contra Ricardo Cavallo. El ex militar fue extraditado en junio de 2003 a España por México donde pasó cinco años en la cárcel de Alcalá-Meco. En marzo de 2008 fue trasladado a Argentina, donde se enfrenta a un juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de 1976 a 1983.

Buenas noticias, aunque con cautela fueron las que recibieron el pasado mes de enero. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco admitió a trámite la querella por asesinatos terroristas y contra el derecho de gentes presentada por la Asociación pro Derechos Humanos de España.

La querella se dirige contra catorce militares salvadoreños a los que se atribuye el asesinato, el 16 de noviembre de 1989, de seis jesuitas cinco de ellos españoles, su ama de llaves y la hija de ésta, de 16 años. El Ejército salvadoreño estaba en plena ofensiva contra el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional y trató de culpar a este grupo de la masacre.

La última de las causas abiertas por la justicia española se centra en las víctimas españolas de los campos de concentración nazis. En estos momentos permanecendos procesos abiertos, que se unirán en una causa conjunta. El juez Ismael Moreno admitió a trámite la querella presentada por varios supervivientes españoles del Holocausto contra cuatro miembros de las SS que ahora residen en Estados Unidos, a la que hay que sumar una denuncia por la 'inhibición' de España ante los crímenes nazis.