Andalucía va a cobrar antes de marzo del año próximo 1.204,41 millones de euros en concepto de deuda histórica. El Gobierno andaluz resuelve así uno de sus quebraderos de cabeza más recurrentes de la historia de la autonomía, mientras que la oposición del Partido Popular e Izquierda Unida se queda sin una de sus armas predilectas para irritar a los socialistas.

La Comisión Bilateral de Cooperación Junta-Estado, presidida por la ministra Elena Salgado, ponía fin, a mediodía de ayer en la sede del Ministerio de Administraciones Públicas, a un contencioso que duraba casi 28 años. Exactamente, desde que el primer Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado el 30 de diciembre de 1981, incluyera en su Disposición Adicional Segunda que el Estado debía consignar unas asignaciones presupuestarias extraordinarias para garantizar 'la prestación de un nivel mínimo en alguno o algunos de los servicios efectivamente transferidos'. Un nivel mínimo que la Comunidad andaluza no podía entonces garantizar debido a su severo retraso socieconómico.

El nuevo Estatuto andaluz de 2007 volvía a recoger aquella prescripción y, además, le ponía plazos: el 20 de septiembre de 2008 para acordar una cantidad con el Gobierno y el 20 de marzo de 2010 para cobrarla. El primero de los plazos estatutarios se ha cumplido con seis meses de retraso, pero no ocurrirá lo mismo con el segundo, según prometió ayer el vicepresidente segundo andaluz y consejero de Economía, José Antonio Griñán, que calificó la jornada como 'un día importante para Andalucía, pero también para el Gobierno de España'.

Acertaba Griñan en lo primero, pero tal vez no en lo segundo, pues dentro del Gobierno y de la propia dirección federal socialista siempre se ha temido que la satisfacción de la deuda andaluza desencadenara un aluvión de peticiones autonómicas. Ayer mismo, el PP de Extremadura le ofreció al presidente, Guillermo Fernández Vara, todo su apoyo para que reclame a Madrid la deuda histórica extremeña. El PP de Extremadura ha sido el primero en confirmar los temores gubernamentales, pero tal vez no sea el último.Mientras el Gobierno andaluz se felicitaba del acuerdo, PP e IU coincidían en calificarlo de 'traición' y el PSOE replicaba que Javier Arenas, líder del PP, 'no puede soportar' que Chaves haya cerrado al fin este embarazoso asunto.