Más cerca del mínimo, pero ya hay una cifra. El presidente andaluz, Manuel Chaves, anunció este sábado, en una entrevista con Europa Press, que la deuda histórica se cerrará en torno a los 1.200 millones de euros y el acuerdo quedará firmado antes del próximo día 20.

Esta cantidad, que se encuentra dentro de la horquilla aprobada en el Parlamento autonómico –entre 1.140 millones y 1.748 millones–, es lo que pagará finalmente el Estado a Andalucía para compensar el déficit crónico derivado de la financiación insuficiente de determinados servicios básicos transferidos en los primeros años de la autonomía.

Los desencuentros entre el Gobierno central y el autonómico para fijar una cifra llevaron incluso a incumplir los plazos del Estatuto andaluz, que establecía como fecha tope el pasado 20 de septiembre. Madrid no se comprometía a pagar más de 900 millones y Sevilla se negaba a aceptar una cantidad inferior al límite aprobado en el Parlamento. Ambos gobiernos pactaron entonces ampliar a seis meses las negociaciones, de cuyo resultado dependería el apoyo o el rechazo de Andalucía al futuro modelo de financiación autonómica.

Este sábado, Chaves confirmó que el nuevo sistema puede quedar cerrado este mes. “[En lo referente a la relación bilateral Junta-Gobierno] sólo quedan flecos, aunque para tomar una decisión última tenemos que ver el conjunto”, dijo el presidente de la Junta.

Pero ni la cifra ni la fecha para saldar las cuentas pendientes con Andalucía convencen a la oposición. El líder del PP andaluz, Javier Arenas, teme que esta “cantidad absolutamente ridícula” sirva para “paliar que Andalucía no va a ser la región que más financiación obtenga del nuevo sistema”. Arenas desconfía, además, de la fecha anunciada por Chaves: “No supone ninguna confianza, ya que la fecha del Estatuto está incumplida desde hace seis meses, luego vamos a cobrar un talón ridículo de deuda, dándose además un incumplimiento de fechas establecidas”.

Según Izquierda Unida, grupo político que abanderó esta reivindicación histórica desde el principio, “se trata un retroceso y una sumisión del Gobierno andaluz al Estado, que no ha respondido como merece Andalucía, ya que recorta un mínimo de 600 millones sobre la cifra propuesta inicialmente por el Gobierno andaluz”, afirmó el coordinador andaluz, Diego Valderas. Los andalucistas, fuera del Parlamento, también consideran que 1.200 millones son “claramente insuficientes”.

El Gobierno central ya ha pagado dos anticipos a cuenta a la Administración andaluza: 20.000 millones de pesetas en el año 1996 y otros 300 millones de euros en el ejercicio correspondiente a 2008.

El concepto político de deuda histórica tiene su anclaje jurídico en la Diposición Adicional Segunda del anterior Estatuto de Andalucía, que reclamaba para la comunidad una financiación excepcional del Estado para equiparar con la media nacional el nivel de prestación de los servicios transferidos a la comunidad autónoma.