La Iglesia no ha tardado en reaccionar a la sentencia, del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Valladolid, que obligó al colegio público Macías Picavea a retirar los crucifijos de sus aulas y espacios comunes, después de que un grupo de padres así lo demandara desde 2005.

El cardenal arzobispo de Sevilla, monseñor Carlos Amigo, cree que la erradicación de un signo tan arraigado en nuestra cultura como es el crucifijo 'no favorece la convivencia', que se construye con el 'respeto'.

'Lo importante es que se eduque a los niños y niñas de Valladolid a respetar los signos religiosos de cualquier religión', declaró fray Amigo en el marco de la XCII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE), que comenzó hoy en Madrid, en relación a la sentencia judicial antes mencionada.

Monseñor Amigo, que sostuvo que 'las medidas drásticas no educan a las personas' consideró que lo importante no es 'tirar por la borda' los símbolos religiosos sino 'ayudar a respetarlos'.

En sintonía con los Obispos, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, defiende que 'a la mayoría de los españoles', no le molesta que haya crucifijos en las aulas de los colegios públicos. El PP, ha matizado, 'ni comparte ni deja de compartir' la sentencia judicial. Simplemente la respeta.

En un nuevo giro, ha subrayado que al PP 'no le molesta' que haya un crucifijo en un aula de un colegio público, ya que la Constitución consagra la aconfesionalidad del Estado pero también la posición particular de la confesión mayoritaria.

También la Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) se ha manifestado en contra de la presencia de cualquier símbolo religioso en los centros educativos, aunque han reconocido la autonomía de los consejos escolares para tomar la decisión en cada caso.

De la misma forma, el Grupo Socialista de las Cortes de Castilla y León exige que los efectos de la sentencia sobre retirada de símbolos religiosos en el colegio de Valladolid se extiendan, de oficio, a todos los centros públicos de la Comunidad Autónoma.

La portavoz de este grupo, Ana Redondo, señaló que la extensión de los efectos de la sentencia 'es la única forma de que se tutelen los derechos de las familias que, por el motivo que sea, no profesan la religión católica' y, por lo tanto, se reconozca el pluralismo ideológico y religioso en la escuela pública.