Dentro de cuatro días, los españoles tendrán que pagar por los medicamentos en función de su renta. El copago es una de las medidas incluidas en el real decreto-ley aprobado por el Gobierno para lograr un ahorro sanitario de 7.400 millones de euros. Hoy la ministra de Sanidad, Ana Mato, se reúne con los consejeros autonómicos para tratar los detalles de la puesta en marcha del copago.

Actualmente, todos los españoles que no son pensionistas pagan el 40% del precio del medicamento. A partir del domingo, los niveles de aportación en el pago de los fármacos se establecen en función de la renta.

Los trabajadores en activo con rentas bajas continuarán aportando el 40% del precio de los fármacos. Los que superen los 18.000 euros anuales tendrán que pagar la mitad del coste. Además, los topes para las rentas más altas, aquellas que superan los 100.000 euros, serán del 60% del precio del medicamento o bien 60 euros al mes, si se trata de mayores enfermos.

Los jubilados deberán pagar, por adelantado, un 10% del precio de los fármacos con receta hasta un máximo de 18 euros mensuales. Los que tienen pensiones inferiores a 18.000 euros anuales (y, por tanto, no tienen obligación de hacer la declaración de la Renta) también estarán obligados a pagar, aunque en estos casos el desembolso alcanzará de máximo los ocho euros al mes.

La diferencia será reintegrada por la comunidad autónoma en la que resida el paciente en un periodo máximo de seis meses.

Cada comunidad autónoma ha establecido diferentes sistemas y, de momento, no hay un criterio común para el conjunto del Estado. El Consejo Interterritorial de Salud se reunirá el día 27 para debatir una propuesta en este sentido, que plantea que cada tres o seis meses se haga el reembolso mediante trasferencia a la cuenta donde el jubilado cobre habitualmente su pensión.

Por ejemplo, Andalucía y Valencia, para evitar que el pensionista aporte más de lo estipulado por el decreto, implantarán un sistema de alerta en las farmacias que indique que el paciente ha superado los topes.

Si perciben una renta mínima de inserción o ya no reciben ninguna prestación por desempleo, no tendrán que pagar por los medicamentos.

Las personas con rentas no contributivas, los parados de larga duración sin prestación, los perceptores de rentas de integración social, personas con discapacidad y afectados del síndrome tóxico, además de aquellos que sigan un tratamiento derivado de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional.

El presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (Fefe), Fernando Redondo, afirmó que 'no hay tiempo material' para aplicar el copago porque las farmacias sólo tendrán 'dos o tres días para habilitar todos los medios humanos y técnicos para poner esto en práctica'.

El Ejecutivo pretende ahorrar 7.400 millones de euros. El Ejecutivo ha adoptado esta decisión, según dice, ante el grave endeudamiento de la Sanidad pública, cifrado en 16.000 millones de euros. El Ministerio de Sanidad asegura que se trata de una 'medida disuasoria' para frenar el exceso de consumo de medicamentos existente en España.

De momento, Asturias y Euskadi se han mostrado contrarios a la medida y han anunciado que no la podrán poner en marcha por cuestiones técnicas. De hecho, Euskadi, junto con Catalunya y Andalucía, recurrirán al Tribunal Constitucional el decreto del Gobierno. Aun así, la ministra de Sanidad, Ana Mato, advirtió ayer de que no contempla ninguna moratoria en la aplicación del copago.