"La gente pica cada vez menos, aunque siguen utilizando la palabra ‘descuento’ como cebo", explican fuentes de la CNMC (Comisión Nacional del Mercado de la Competencia). A pesar de esa mayor desconfianza, o menor ingenuidad, se mantiene el trasvase de consumidores del mercado eléctrico regulado, con precios más bajos, al libre, en el que la energía es más costosa, gracias a los trucos que utilizan las compañías eléctricas, ya sea mediante llamadas telefónicas o, hasta su prohibición en octubre, con la visita de comerciales de ‘puerta fría’.

"Si la gente se va al mercado libre siendo más caro que el regulado no es porque sean masocas, sino porque los engañan", señala Rubén Sánchez, portavoz de la asociación de consumidores Facua, que denuncia "la situación de impunidad de las compañías eléctricas. Hay un fraude en la forma de vender las ofertas del mercado libre y de no colocar las del regulado".

Para Sánchez, la prohibición a las comercializadoras de luz y de gas de "realizar publicidad no solicitada en visitas domiciliarias sobre sus productos" y de llevar a cabo "prácticas de contratación en los domicilios de los clientes de forma directa, salvo que exista una petición expresa por parte del cliente y a propia iniciativa", supone "reconocer que ahí había un fraude masivo".

La CNMC se pronuncia en términos similares. La prohibición "evitará gran parte de las malas prácticas que venían registrándose para la captación de clientes·, indica el organismo regulador. Aunque hecha la ley, hecha la trampa: "No obstante, esta Comisión ha detectado malas prácticas por parte de alguna comercializadora, que invita al consumidor a que solicite recibir la visita de un comercial con el fin de recibir información y, en su caso, a realizar la contratación", anota.

Los trasvases de consumidores de electricidad

En 2017, último año con datos, volvió a aumentar el número de clientes que pasan del mercado regulado al libre, que creció de 15,7 a 16,5 millones.
El grueso de ese crecimiento proviene de los hogares, con un avance de algo más de 800.000 que situó su volumen en 15,7 millones mientras caía en más de 630.000 (de 11,9 a 11,3 millones) el de los adheridos al regulado, con potencias instaladas de menos de diez kilowatios.

Ese flujo también se da en el sector empresarial, en el que es abismal el desequilibrio a favor del mercado libre: 793.080 pymes (17.945 más en un año) por 13.945 y 22.615 industrias (258 más) por 76.

El saldo a favor del mercado libre es abrumador en los últimos tres años, con un avance que, aunque se está reduciendo y probablemente caerá en picado con el veto a las visitas domiciliarias, alcanzó los 2.269.932 contratos, el 90% de ellos domésticos.

El retorno al regulado, no obstante, alcanza ya el 32%, con 738.207 tránsitos desde el libre y una tendencia creciente, lo que denota un creciente empoderamiento de los consumidores.

"Malas prácticas de las comercializadoras"

No todos esos trasvases, ni tampoco las modificaciones de las condiciones que sufren quienes ya están en el mercado libre, son voluntarias. Ni mucho menos.
El organismo regulador "ha observado malas prácticas de las comercializadoras de electricidad que están alterando el mercado y perjudicando a los consumidores" mediante procedimientos como rescindir o modificar los contratos "sin mantener las condiciones pactadas inicialmente con ellos", una conducta que se ha intensificado "ante el escenario de precios elevados registrado en el mercado mayorista durante el año 2018".

Esas triquiñuelas, normalmente ejecutadas mediante llamadas telefónicas, y antes también con las visitas de los comerciales, acaban traduciéndose en la práctica en un encarecimiento del recibo que el consumidor paga a final de mes, lo que ha llevado a la CNMC, tal y como recoge en un informe con datos sobre la evolución del mercado en 2017, "una serie de advertencias" para que los clientes "puedan evitar los engaños".

Entre esas recomendaciones destacan dos. Por una parte, la compañía no puede modificar las condiciones de un contrato de baja tensión de manera unilateral hasta que caduca este o una de sus prórrogas, de duración anual en ambos casos. Y, por otra, estos recogen en el 70% de los casos un precio fijo para todo el año, aunque también incluyen habitualmente variaciones en función de cómo evolucionan algunos de los componentes del precio, caso de los peajes de acceso, los pagos por capacidad o la financiación del bono social, el Fondo de Eficiencia Energética o la del operador del sistema.

No obstante, el truco no está en esos factores variables, ya que el impacto de estos en la factura energética de un consumidor no supera los diez céntimos mensuales. En cualquier caso, ese tipo de modificaciones tienen como premisa que las cláusulas que los recogen sean claras y transparentes y su aplicación debe comunicarse de manera inteligible en el recibo anterior al de su cobro.

Los cambios que engordan el negocio son otros que las compañías imponen unilateralmente o cuelan mediante artimañas. "La gente entiende que hay varias tarifas y que la más ventajoso es la que marca el Gobierno, la regulada", señalan fuentes de la CNMC. Sin embargo, admiten, "es necesario tener unos conocimientos mínimos para poder defenderse de esas ofertas" en las que "te dicen que te van a hacer un descuento, pero no te explican que no es sobre el precio actual sino sobre el nuevo que te ofrecen".

Cuatro artimañas gravosas para el consumidor

Los técnicos del organismo han detectado la imposición de tarifas de discriminación horaria, que pueden suponer un encarecimiento del recibo si se desconocen cuáles son las horas valle, con la rescisión del contrato como única alternativa. Esta situación, que pese a su ilegalidad ha "incrementado el número de consumidores domésticos con tarifas con precios variables", se ve "favorecida por el despliegue de los nuevos contadores telegestionados que registran medida horaria".

Otra de las artimañas, que tampoco se puede imponer al consumidor de manera unilateral, consiste en modificar el precio al que se factura la energía consumida cambiando el acordado por otro "referenciado horariamente al precio del mercado mayorista".

En ocasiones las compañías no son tan sibilinas: algunas "han subido entre un 20 y un 30% los precios de su contrato" directamente, y en algunos casos se han detectado modificaciones ya "en la primera factura frente a lo pactado".
Sin embargo, la compañía no puede modificar un precio fijo acordado porque varíen los costes de generación, ya sea por la evolución de los precios de los combustibles o del CO2 o de los impuestos.

Este tipo de prácticas de las compañías, junto con medidas políticas como los bandazos en el apoyo a las energías renovables, han tenido un efecto directo en las constantes subidas del recibo de la luz, que ha llegado a encarecerse un 33% en una década pese a las reducción del consumo y a la aplicación de medidas domésticas de ahorro en los hogares.

Reclamaciones formales de dos de cada cien casas

Las prácticas de las compañías comercializadoras de electricidad generaron 964.067 reclamaciones en 2017, "lo que significa 3,4 reclamaciones por cada 100 puntos de suministro", señala la CNMC. No obstante, "si se descuentan las reclamaciones que recibieron en las que intervinieron los distribuidores, el número se reduce a 597.371, lo que significa 2,1 reclamaciones por cada 100 puntos de suministro.

Las compañías del gas no andan lejos, ya que esa misma tasa se elevó a 3,06 en su sector. El organismo regulador impuso en 2017 siete sanciones que suman algo más de un millón de euros a Endesa (cuatro por 80.000 euros), EPD (una de 900.000), Viesgo (una de 15.000) y Gas Natural (una de 10.000) por incumplir los requisitos de contratación, cambios de comercializador sin consentimiento, deficiencias en la atención a quejas y "vulneración del derecho de los consumidores a elegir suministrador".

"Les han puesto algunas multas, pero que les quiten lo bailado con los beneficios que han obtenido con esas prácticas", señala Sánchez, autor de un irónico ‘recetario’ con respuestas para las ofertas de las eléctricas. Facua presentó el año pasado 250 denuncias ante la CNMC que, en algunos casos, se han ido saldando con multas que por ahora rondan los 200.000 euros.